Estas son las principales quejas de los alicantinos con los bancos

Después de muchos años encabezando la lista, las hipotecas han dejado de ser el principal motivo por el que los alicantinos se quejan ante el Banco de España. De hecho, ya ni siquiera ocupan la segunda posición. Las tarjetas de crédito y las cuentas corrientes –por las comisiones que las entidades cobran por las mismas- se han convertido en los dos productos financieros más problemáticos para los usuarios de la provincia, según los datos facilitados por el supervisor financiero, tras la publicación de su Memoria de Reclamaciones 2022.

Al contrario de lo ocurrido a nivel nacional, donde el número de expedientes descendió un 0,5%, durante el pasado año los alicantinos incrementaron sus quejas ante ese organismo un 4%, hasta sumar 1.255 solicitudes. De esta forma, Alicante fue la quinta demarcación que más recurrió al Banco de España, únicamente por detrás de Madrid, con 8.151 reclamaciones; Barcelona, con 3.402; Valencia, con 2.014; y Sevilla, que contabilizó 1.698.

Una evolución que estuvo muy marcada por el aumento de la conflictividad en los dos productos que encabezan la clasificación. De esta forma, las tarjetas de crédito representaron casi un tercio de todas las reclamaciones que recibió el supervisor en la provincia, con un total de 423, más del doble que el año anterior. Una parte de este aumento se debió a las quejas por las condiciones de las denominadas 'tarjetas revolving' y los elevados intereses que cobran, que llevan años siendo objeto de denuncia por parte de muchos afectados, que se ven incapaces de saldar las grandes deudas que llegan a generarse con este sistema.

Pero, sobre todo, los datos reflejan el incremento de reclamaciones vinculadas a supuestos pagos fraudulentos con estos medios de pago, según recalca el propio Banco de España, lo que también se refleja en un aumento de las reclamaciones por transferencias (que pasan de 38 a 59) por el mismo motivo. Unas reclamaciones en las que, en muchas ocasiones, el supervisor financiero no puede hacer nada –se inhibe en 47% de las ocasiones, a nivel nacional- al corresponder a los tribunales determinar las circunstancias en que se han producido.

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Bastante mejor lo tienen quienes deciden recurrir alguna circunstancia relacionada con su cuenta corriente –por lo general, la comisión de mantenimiento-, que el año pasado generó 335 reclamaciones en Alicante, un 24,5% más. A diferencia de lo que ocurre con las tarjetas, en este caso el servicio de reclamaciones del Banco de España acaba resolviendo hasta el 70% de las peticiones que se presentan y en la mayoría de los casos por allanamiento de la entidad. Es decir, que el propio banco acaba dando la razón al cliente y devolviéndole la cantidad reclamada.

Otras causas

En cuanto al resto de motivos de queja, las hipotecas generaron 229 expedientes, un 42,4% menos. Un descenso que estaría vinculado con el hecho de que el supervisor inadmite más del 90% de las reclamaciones que se presentan y que están vinculadas con el supuesto carácter abusivo de los gastos de formalización del préstamo. Una materia sobre la que no tiene competencias y debe remitir a los afectados a los tribunales.

Por detrás se sitúan los desacuerdos relacionados con los préstamos personales que sumaron otras 60 reclamaciones en la provincia; las herencias, que generaron 34 disputas; otros servicios de pago, como recibos y adeudos, que sumaron 16 reclamaciones; y los servicios de caja, con 12 quejas.

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Hay que tener en cuenta que los desacuerdos que llegan hasta el servicio de reclamaciones del Banco de España son solo la punta del iceberg de todas las que se producen, ya que para recurrir a este servicio primero hay que interponer una queja ante los defensores del cliente de las respectivas entidades. Solo si no hay respuesta en el plazo establecido o no se está de acuerdo, se puede presentar la reclamación ante el supervisor.

Además, sus resoluciones no son vinculantes. Es decir, que los bancos pueden negarse a acatarlas. El Gobierno quiere corregir esta situación con la figura del nuevo defensor del cliente bancario, que sigue pendiente de aprobación.

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