Europa pone coto a la proliferación de viviendas turísticas

La proliferación de los apartamentos turísticos se ha convertido en uno de los rasgos más característicos del turismo de masas de los últimos años, que ha permitido multiplicar las cifras de visitantes y dinamizar la economía de muchas ciudades. Sin embargo, cada vez son más las voces que consideran que el precio a pagar por la multiplicación de este tipo de alojamientos –como las dificultades de acceso a la vivienda y la expulsión de los residentes locales, o los problemas de convivencia- es demasiado caro, lo que está llevando a que cada vez más ciudades y regiones empiecen a tomar medidas para limitar o, al menos, ordenar este negocio.

Así se ha puesto de manifiesto durante la mesa redonda que se ha celebrado en el marco del congreso Vivienda: cuestiones actuales, organizado por la Universidad de Alicante y el Colegio de Registradores de España. Un debate el que también se ha abordado el proyecto de reglamento acordado por el Consejo y el Parlamento Europeo que regulará el intercambio de datos entre las administraciones, los usuarios y los gestores de plataformas tipo Airbnb para atajar los alquileres ilegales.

La profesora de Derecho Civil de la Universidad de Oporto Raquel Guimarães ha explicado el caso de Portugal, donde la multiplicación de apartamentos turísticos en las principales ciudades del país ha llevado al Gobierno a cambiar la ley y suspender temporalmente la emisión nuevas autorizaciones. No en vano, la segunda ciudad portuguesa es una de las urbes europeas más saturadas, con 40 anuncios de apartamentos por cada 1.000 habitantes censados –frente a los frente a los cinco de Madrid o los diez de Roma- y barrios donde más del 60% de su parque inmobiliario están destinados a esta finalidad, de acuerdo con los datos que ha expuesto la experta.

La nueva ley obligará a los municipios a diseñar planes que establezcan la proporción máxima de apartamentos en el conjunto de la ciudad y les otorgará la capacidad de designar zonas saturadas. Además, obligará a los propietarios a recabar el permiso del resto de vecinos del edificio si quieren alquilar su vivienda.

Aunque el caso portugués es uno de los más extremos, la tendencia a la limitación de esta actividad "es global", según ha expuesto la catedrática de Derecho Civil de la Universidad de la Islas Baleares, María Nélida Tur, que ha recordado los problemas "tremendos" de accesibilidad a la vivienda que está generando esta modalidad de alojamiento en los destinos más turísticos de España.

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Variedad normativa

En esta misma línea, ha expuesto las distintas normativas que han ido aprobando los ayuntamientos para atenuar el problema y que van desde las limitaciones para la ubicación de pisos turísticos en plantas residenciales de València, hasta la suspensión temporal de licencias de Barcelona o la prohibición total aprobada en Palma, que solo permite este uso en viviendas unifamiliares.

Tur también ha señalado los problemas que genera la contratación online de este tipo de alquileres a la hora de establecer controles y ha recordado las estimaciones del propio Gobierno balear que apuntan a que el 90% de los alquileres turísticos escapan a la legalidad.

Al respecto, la experta ha recalcado la importancia que puede tener en este aspecto la propuesta de Reglamento Europeo Sobre Recogida e Intercambio de Datos Relativos a los servicios de Alojamiento de Corta Duración. Una normativa que facilitará unificar el proceso de registro de estos apartamentos –en aquellos países que lo deseen- y obligará a las plataformas a facilitar mensualmente los datos de actividad de esos registros. Unos datos que también podrán consultar los propios usuarios para asegurarse de la legalidad del alojamiento que contratan. Todo ello se realizará a través de una ventanilla única digital de acceso sencillo.

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Con todo, también cabe señalar que no en todos los países se aborda el problema de la misma forma. Por ejemplo, el profesor de derecho privado de la Universidad Chieti-Pescara Antonio Panichella ha asegurado que en Italia la polémica por estos alojamientos es menor y que allí la principal disquisición está en saber cuándo los propietarios alcanzan la consideración de empresarios, lo que les obliga a darse de alta en el IVA y a registrarse en la Cámara de Comercio.

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