Un decreto del Gobierno evita que caduquen ocho proyectos de plantas solares en Alicante
El atasco en la tramitación por parte de la Generalitat había puesto al límite a estos parques, cuyos promotores habrían perdido este mes los permisos de conexión y tendrían que haber reiniciado los expedientes. El plazo ha sido ampliado ahora en tres años
Placas solares en una planta fotovoltaica ubicada en el término de Catral. / Alex Domínguez
Salvados por la campana. Eso es lo que le ha sucedido a ocho proyectos de plantas solares en la provincia de Alicante, que habrían caducado este mismo mes de no haber sido por la aprobación por parte del Gobierno central del decreto por medio del cual se amplían en tres años los plazos para su tramitación. Y es que el atasco de la Generalitat a la hora de dar salida a los parques fotovoltaicos había puesto a los promotores contra las cuerdas, dado que habrían perdido los permisos de conexión a la red eléctrica, al tiempo que tendrían que haber reiniciado los expedientes.
La tramitación de las plantas solares es uno de los grandes problemas heredados por el actual Gobierno autonómico. De hecho, fue durante el mandato del Botànic cuando las solicitudes para la construcción de estos parques fueron acumulándose, debido a la exasperante lentitud en la resolución de los expedientes. Eso propició que en cinco años, en la provincia de Alicante, solo se resolviesen 74 expedientes de instalaciones con una potencia de 899 megavatios, quedando pendientes de resolución otros 149, en este caso de 1.967 megavatios.
Con todo, y lo más alarmante, es que ocho de estos proyectos se encontraban con el agua el cuello, dado que habrían caducado a finales de este mes de enero con las consiguientes consecuencias negativas para los promotores. Así lo ha denunciado en más de una ocasión Marcos Lacruz, presidente de la Asociación Valenciana del Sector de la Energía (Avaesen), quien alertaba de que, más allá de la pérdida de permisos y las complicaciones burocráticas, se habrían perdido los avales depositados.
Pues bien, el Gobierno ha salido al rescate, con un decreto por medio del cual el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha ampliado en tres años el plazo para lograr la autorización de explotación, a los que se suman otros seis meses para obtener la de construcción.
La noticia ha sido bien recibida en el seno del actual Ejecutivo autonómico que, no obstante, ya estaba implementando medidas para acelerar al máximo la tramitación de los proyectos. Así lo señalan fuentes de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, que destacan la inminencia de la aprobación de un nuevo decreto ley de energías renovables, con la finalidad de equiparar la normativa a las del resto de autonomías.
La reforma, en concreto, se articulará alrededor de cuatro grandes ejes, como son una reducción de las garantías económicas que se venían exigiendo a los promotores, el fin de la revaluación exhaustiva de proyectos mejorados por avances tecnológicos, el refuerzo de la Administración con personal externo, y la digitalización de los trámites. También está previsto llegar a acuerdos de colaboración con los colegios profesionales que guardan relación con el sector.
Más ayudas para el autoconsumo fotovoltaico
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Más allá de las plantas solares de gran formato que se están tramitando para la generación de energía, la Generalitat también está recibiendo una avalancha de proyectos para el autoconsumo empresarial. De ahí que, tal y como ya se avanzó, el Gobierno autonómico haya inyectado 16 millones de euros más para la concesión de ayudas, lo que eleva el presupuesto hasta los 92 millones. En la provincia son 2.600 las solicitudes que se han presentado desde 2021.
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