La paralización de plantas solares en Elche deja en el aire una inversión de 100 millones

La decisión del gobierno del Ayuntamiento de Elche de suspender la concesión de buena parte de las licencias urbanísticas para las plantas fotovoltaicas en el municipio pone en riesgo el desarrollo de 24 proyectos que supondrían en torno a 100 millones de euros de inversión para el municipio ilicitano.

La suspensión de licencias de plantas solares en Elche solo afectará a suelos de alta capacidad para cultivar y próximos a viviendas

Así lo aseguran desde la Asociación Valenciana de Empresas del Sector de Energías Renovables (Avaesen), ha criticado este tipo de decisiones debido a las repercusiones que esto puede tener, "ya que puede perjudicar seriamente la imagen de un municipio al dejar en entredicho la seguridad jurídica" puesto que “otras empresas e industrias podrían pensarse mucho invertir en municipios que no ofrecen garantías mínimas de salvaguarda, y más tratándose de algo tan sensible y capital para Europa como la inversión en energías renovables”, según afirma el director general de Avaesen, Pedro Fresco.

El responsable apunta como alternativa que si el Ayuntamiento quiere plantear la suspensión de licencias para ordenar su plan municipal podría hacerlo para nuevos proyectos que aún no hayan solicitado ni obtenido la compatibilidad urbanística. "Pero hacerlo para proyectos en tramitación es una bomba de relojería jurídica de consecuencias impredecibles e incalculables”, sentencia Fresco.

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Elche quieren dejar claro que ni se suspenden las licencias que ya estén concedidas ni el acuerdo tiene efectos retroactivos, además de que el Consistorio se da de plazo un año para habilitar una especie de normativa específica sobre estas instalaciones y de forma paralela a una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Elche.

A raíz de esta suspensión de licencias, Avaesen estima que se van a dejar de invertir alrededor de 100 millones de euros en Elche en los próximos años y que el impacto sobre el empleo también será considerable, ya que dejaría de crear 500 puestos de trabajo directos durante el periodo de construcción de estas plantas y varias decenas más de puestos fijos durante los 30 años estimados de periodo de operación de las plantas. 

Por si esto no fuera suficiente el impacto económico para Elche, los 24 proyectos fotovoltaicos en tramitación generan otro impacto económico directo, el de arrendar el suelo para tres décadas, y esta suspensión retroactiva puede hacer que se cancelen esos arrendamientos existentes. Avaesen calcula que el perjuicio que esta cancelación generará sobre los propietarios de los terrenos en Elche será de aproximadamente 24 millones de euros en 30 años.

Responsabilidades patrimoniales

En este sentido, desde la mencionada asociación se advierte que el Ayuntamiento de Elche puede enfrentarse a responsabilidades jurídicas y patrimoniales por la suspensión de licencias de obra a proyectos fotovoltaicos ya que, además de los promotores de las plantas afectadas, podrían denunciar los propietarios de los terrenos por daños y perjuicios al Ayuntamiento de Elche.

Dos de cada tres plantas solares previstas en Elche se verán afectadas por la suspensión de licencias

Los vecinos propietarios de los terrenos podrían emprender acciones legales al ver cancelados sus contratos de arrendamiento a 30 años, algunos de ellos inscritos en el registro de la propiedad y muchos de ellos incluso ya han pagado los impuestos de Actos Jurídicos Documentados por las tres décadas de duración, dado que los arrendamientos son legales y estaban dentro del ordenamiento en el momento en el que se formalizaron.

Causas razonadas y argumentadas

El director general de Avaesen recuerda también al equipo de gobierno ilicitano que no se debe olvidar que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya ha avisado que la instalación de energías renovables es una actividad sometida a la Ley de Garantía de Unidad de Mercado y que limitaciones de este tipo suponen una restricción al ejercicio de esta actividad.

"Solo imperiosas razones de interés general justificarían limitaciones de este tipo, que además deberían justificar la necesidad, la proporcionalidad y la ausencia de alternativas menos restrictivas", según dicho asociación, al tiempo que se añade: "Es evidente que una suspensión generalizada de licencias que aplica a multitud de pequeñas plantas fotovoltaicas en un municipio de casi 33.000 hectáreas no es ni proporcional ni justificado, y mucho menos cuando no se puede invocar la protección del medio ambiente al haber recibido muchas de estas plantas informes ambientales positivos”.

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Un buen número de las plantas solares fotovoltaicas tramitadas en Elche cuentan con todos los informes favorables, a falta de la licencia urbanística, según Avaesen, lo que a juicio de Pedro Fresco “hace que la decisión del gobierno de Elche sea irresponsable se mire por dónde se mire. Ya no por el quebranto económico para la Comunidad Valenciana, también por los cientos de miles de toneladas de emisiones de CO2 que se podría evitar emitir a la atmósfera con la construcción de las plantas proyectadas, algo que nos aleja de los objetivos de generación de energía renovable de la Comunidad Valenciana. Y, más teniendo en cuenta que muchas de las plantas cuentan con todos los informes favorables de Medio Natural, Calidad Ambiental, Paisaje, Patricova, Confederación Hidrográfica, Urbanismo, etcétera. Y tan solo están pendiente de resolución por el Servicio Territorial de Energía de Alicante”.

Avaesen es la asociación de empresas de energías renovables y otras tecnologías limpias de la Comunidad Valenciana. Cuenta con 160 empresas asociadas con un volumen de negocio total de 4.500 millones de euros, que dan empleo a 7.500 personas.

La asociación es el nexo de unión entre empresa, I+D, gobierno y financiación, cubriendo toda la cadena de valor del sector de las tecnologías limpias, ya que además de las empresas, cuenta con hasta 300 miembros de todo el ecosistema, como ayuntamientos, universidades y centros tecnológicos, entre otros, según se indica en una nota de prensa de esta organización.