El Gobierno fija precios hasta un 50 % más bajos para el alquiler pero la Generalitat descarta aplicarlos

El Ministerio de Vivienda ha presentado un índice de referencia para el alquiler, con el cual pretende topar el precio máximo de los contratos formalizados por grandes tenedores o aquellos que afecten a viviendas que lleven fuera del mercado los últimos cinco años. El indicador en cuestión fija precios hasta un 50 % más bajos que los actuales en la provincia de Alicante, aunque su aplicación no va a ser posible, toda vez que solo afectará a las comunidades que sean declaradas como zonas tensionadas, y la Generalitat no tiene intención de solicitarlo. El Consell considera que la mejor manera de regular el mercado es aumentando la oferta, de ahí que continúe firme con su propósito de construir esta legislatura 10.000 viviendas a precios asequibles.

El nuevo mecanismo de control de precios de arrendamiento ve la luz nueve meses después de la aprobación en el Congreso de los Diputados de la Ley de Vivienda, la primera normativa que trata de regular el mercado residencial. El índice en cuestión se ha elaborado sobre la base de la información facilitada por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, relativa al contenido de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de inmuebles en uso residencial de arrendamiento, y mediante unos elementos de corrección y ponderación desarrollados en el contexto de un grupo técnico en el que han participado representantes de la Dirección General del Catastro, Instituto Nacional de Estadística, Secretaría General de Asuntos Económicos, Banco de España, Colegio de Registradores, Asociación Española de Análisis de Valor y Consejo General de Economistas.

Según explicó ayer el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, se trata de una herramienta que permite conocer el rango de valores de alquiler de una vivienda, como referencia a título orientativo, para la fijación de la renta en los nuevos contratos de arrendamiento. 

En este sentido, destacó que en las zonas que sean declaradas como de mercado residencial tensionado, la aplicación del índice será obligatorio para aquellos contratos de alquiler cuyos arrendadores sean grandes tenedores (caseros con más de cinco o diez inmuebles, dependiendo de la comunidad autónoma) y para aquellos que se incorporen por primera vez al área. «Pero también -enfatizó- va a servir como referencia en el resto del territorio, aunque no se declaren las áreas tensionadas, porque todos los ciudadanos podrán entrar a visualizar en el sistema una sección y una casa concreta para ver cuál sería el rango de referencia en los alquileres».

Y aprovechó para lanzar un mensaje para aquellos territorios que decidan no acogerse a la medida. Según sus palabras, «si las comunidades autónomas son conscientes de que se está produciendo un incremento de los precios y no hacen nada, tendrán que dar explicaciones a sus ciudadanos y ciudadanas, porque será una actitud y un comportamiento que irá en detrimento de la calidad de vida de los que están sufriendo estos incrementos tan importantes de precios».

Según se recoge en la Ley de Vivienda, una zona podrá ser declarada tensionada siempre y cuando el coste medio del alquiler suponga más del 30 % sobre los ingresos medios de los hogares de la zona o si los precios han subido más de un 3 % por encima del Índice de Precios al Consumo (IPC) en los últimos cinco años.

De momento, solo Cataluña ha solicitado al Ministerio de Vivienda declarar zonas tensionadas, aunque existen discrepancias sobre la metodología elegida a la hora de fijar los rangos de precios.

En lo que respecta a la provincia de Alicante, el índice presentado ayer fija precios hasta un 50 % por debajo de lo que piden los caseros, aunque hay algunos casos puntuales en los que ese porcentaje se supera, y en otros que es menor. 

En Alicante, por poner algunos ejemplos, el rango de un piso en la avenida Alfonso el Sabio oscila entre los 510 y los 647 euros, mientras que el propietario está solicitando 950. En la avenida Maisonnave, por otro lado, se fija un rango de entre 667 y 1.037 euros para una vivienda por la que se piden 1.350, mientras que en la calle Enric Valor, en plena Playa de San Juan, la horquilla se mueve entre 717 y 876 euros para un inmueble que se cotiza a 1.300.

En Elche, por otro lado, el Ministerio fija para un piso de la avenida Alcalde Ramón Pastor un rango de entre 581 y 704 euros, cuando se piden 825, aunque también hay casos más exagerados, como el de una vivienda de la plaza Glorieta con una horquilla de entre 356 y 514 euros, por la que se reclaman 1.150. En Benidorm las diferencias son también acusadas, como el de un piso de la avenida de la Vila Joiosa, de entre 564 y 824 euros, que se publicita a 2.100.

De cualquier forma, estos índices no van a aplicarse ni en la provincia de Alicante ni en la Comunidad Valenciana en general, dado que no entra en los planes de la Generalitat solicitar la declaración como zona tensionada. Según explicaron ayer fuentes de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, el Gobierno autonómico no es partidario de topar los precios. En este sentido, recuerdan que el Consell está trabajando para poner en el mercado las 10.000 viviendas anunciadas en el denominado Plan Vive, para la compra o alquiler a precio asequible. Todo ello sobre la convicción, añaden las mismas fuentes, de que la mejor manera de regular el mercado es aumentando la oferta disponible. Además de esas medidas, que se están gestionado con la participación de los promotores, se le añaden otras como las ayudas a la compra y el alquiler, sobre todo para los colectivos más necesitados, como son los jóvenes.

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El índice de precios impulsado por el Ejecutivo central, con todo, también ha suscitado el rechazo de las asociaciones inmobiliarias. La federación nacional (FAI), sin ir más lejos, manifestaba ayer a través de su presidente, José María Alfaro, que un indicador de este tipo que obligue a topar las rentas, y no sea solo referencial, creará «más temor entre los propietarios, lo que agudizará la huida de arrendadores de vivienda habitual del mercado y reducirá todavía más la oferta».

De hecho, un estudio de FAI evidencia que ya ha habido una fuga de propietarios desde que entró en vigor la Ley de Vivienda, hasta el punto que, afirman, un 21,6 % ha trasladado su vivienda al mercado de alquiler temporal o turístico y un 13,07 % lo ha hecho al de compraventa.

En términos muy parecidos se expresó la presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Alicante, Marifé Esteso, quien asevera que «se está criminalizando al propietario», cargándole, añade, con todos los gastos y «propiciando una inseguridad jurídica en caso de impagos que no ha hecho otra cosa que desplazar el alquiler residencial al vacacional». «Lo raro -concluye- es que todavía se pueda encontrar alguna vivienda en alquiler. Todo lo que se está haciendo es contraproducente».

En esta misma línea, la plataforma inmobiliaria Idealista ha cargado contra el índice de precios, resaltando que se trata de «la crónica de la muerte anunciada del mercado de alquiler».