La provincia de Alicante necesita 18.000 viviendas protegidas para hacer frente a las necesidades actuales

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, anunciaba la semana pasada un plan para la construcción hasta 2027 de 10.000 viviendas protegidas en la Comunidad Valenciana, 4.000 de ellas en la provincia de Alicante, con el objetivo de tratar de remediar la grave situación en la que se encuentran numerosas familias que no pueden acceder a un hogar por la falta de oferta y los elevados precios. Pero, ¿cuáles son las necesidades reales que existen en estos momentos? Un estudio realizado por un grupo de investigación de la Universidad de Alicante (UA) llega a la conclusión de que la provincia precisa en la actualidad de 27.000 viviendas, de las que alrededor de 18.000 tendrían que ser de protección oficial. Un déficit este que se ha ido acumulando a lo largo de los últimos años debido a la insuficiente actividad constructora, y que se incrementará a razón de 15.000 pisos anuales, 10.000 de ellos de carácter accesible, 

Fue el pasado martes cuando Mazón desgranó el plan en un acto solemne en el Palau de la Generalitat, el cual contempla una inversión de 7.600 millones de euros y la creación de 74.000 empleos directos e indirectos en el conjunto de la Comunidad, beneficiando a 24.600 personas que necesitan una vivienda.

El jefe del Consell firmó con la presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Rocío Cortés, el convenio de colaboración para la promoción de viviendas en suelo de los ayuntamientos. Un total de 40 poblaciones ya han mostrado su adhesión a esta iniciativa, 13 de ellas en la provincia de Alicante, como son la propia capital, Alcoy, Aspe, Benidorm, Finestrat, Monforte del Cid, Mutxamel, Orihuela, San Vicente, Santa Pola, Torrevieja, La Vila Joiosa y Xàbia. El plan, de igual forma, también pretende movilizar suelo privado con condiciones preferentes en colaboración con el sector.

El objetivo, por tanto, pasa por empezar a corregir un déficit que es más que considerable. Así se desprende de un estudio realizado por el grupo de investigación Economía de la Vivienda y Sector Inmobiliario (Ecovisi) de la Universidad de Alicante (UA), coordinado por la catedrática de Análisis Económico Aplicado, Paloma Taltavull. El informe en cuestión hace referencia solo a las necesidades de familias residentes, dejando al margen las segundas residencias asignadas a la numerosa población flotante que caracteriza a esta provincia. Así, teniendo en cuenta los hogares que se forman y formarán en este territorio de acuerdo con las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), y el número de viviendas iniciadas, el estudio llega a la conclusión de que entre 2020 y el actual 2024 se ha generado un déficit total de viviendas de 26.889. Tomando como base esta cifra, y teniendo en cuenta la distribución de rentas en territorio alicantino, se calcula que de este total, alrededor de un 65 %, es decir, cerca de 18.000 viviendas, tendrían que ser de protección oficial. El resto serían de renta libre o, lo que es lo mismo, para familias con un mayor poder adquisitivo.

Necesidades anuales

Pero la cosa no se queda ahí, dado que atendiendo a las proyecciones de formación de hogares en base a los datos del INE, se calcula que las necesidades van a crecer a razón de 15.0000 viviendas anuales, de las que unas 10.000 deberían ser accesibles para rentas bajas.

Paloma Taltavull destaca que las cifras incluso podrían ser mayores que las reflejadas en el estudio, toda vez que los datos oficiales no contabilizan los hogares que se forman sin que sus componentes se casen o se inscriban como parejas de hecho. Y añade que el déficit tiene su origen en la crisis financiera que, según sus palabras, «trajo consigo una caída brutal en la construcción».

La presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Alicante, Marifé Esteso, reconoce que las necesidades de vivienda en la provincia son importantes. Según sus palabras, «hay dos tipos de mercado. Uno, el dirigido al turismo extranjero, que ha venido de maravilla al sector inmobiliario por su gran dinamismo, y el otro, el de la vivienda social, que no es el mismo y en el que hace falta una importante inyección de oferta, porque los precios del alquiler se encuentran por las nubes».

Es por ello por lo que considera que el plan promovido por la Generalitat es muy interesante, pese a que las necesidades puedan ser mayores. «Hasta ahora -señala- no tenemos nada, por lo que contar con nuevas viviendas va a resultar muy positivo, entre otras cosas porque contribuirá a reducir los precios. Que empiecen por ahí y, si después hacen falta más, que se continúe con ello».

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En parecidos términos se expresa Jesualdo Ros, secretario general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante (Provia), quien atribuye la falta de oferta actual en viviendas protegidas a un conglomerado de factores, como problemas burocráticos, de financiación y de falta de suelo. «En diez años no nos han dejado hacer este tipo de viviendas, lo que ha generado una bolsa de demanda brutal», enfatiza. Y destaca que el plan impulsado por la Generalitat va en la línea adecuada, tanto en lo que respecta a facilitar la actividad constructora, como también para mejorar la financiación. «Se está trabajando en la posibilidad de que el Instituto Valenciano de Finanzas pueda complementar lo que ofrecen los bancos y que los compradores tengan acceso al 100 % de la financiación. Eso sería muy importante», argumenta.

Reglamentos

Hay que reseñar, en este sentido, que más allá de los acuerdos con los ayuntamientos, la Generalitat, en permanente diálogo con los promotores, está trabajando en la modificación del reglamento de las VPO, abordando cuestiones como una revisión de los precios de venta o que las rentas medias también puedan acceder a este tipo de inmuebles. 

Otros reglamentos en lo que se ha puesto el punto de mira es en el de diseño y calidad en la edificación, para facilitar la actividad constructora eliminando normas que encarecían los costes, y en el de tanteo y retracto, con la finalidad de evitar la saturación que sufren los servicios territoriales de Vivienda por la complejidad burocrática de esta normativa. Todo ello aderezado con las medidas que se están adoptando a nivel general para agilizar los trámites administrativos.