El Consell investigará la torre vigía reconvertida en club de alterne

La Torre de Aznar o Torre de Jubalcoy es uno de los 27 elementos protegidos como Bien de Interés Cultural en Elche y es el único, que se sepa, que alberga las habitaciones de un prostíbulo. La situación no es nueva y de hecho la Conselleria de Cultura ha precisado que ya cuando se protegió el inmueble, en 1996, estaba siendo dedicado a este uso. Sin embargo, ante el revuelo que se ha montado por las críticas públicas del Colegio de Abogados de Elche sobre este esperpéntico uso y de otras entidades que llevan años pidiendo un mayor seguimiento y protección de los elementos patrimoniales (caso del Institut d'Estudis Comarcals del Baix Vinalopó), la Conselleria de Cultura anunció ayer que abrirá una investigación.

La Administración autonómica concretó que «va a abrir un expediente para comprobar el estado de conservación del Bien de Interés Cultural (BIC) y emitir un informe de recomendaciones». Sobre todo, de lo que se trata es de analizar si el inmueble ha sufrido alteraciones durante este tiempo y de saber si se ha descuidado su mantenimiento o se han llevado a cabo reformas sin solicitar los pertinentes permisos que marca la legislación. La Conselleria de Cultura cuenta con una fotografía en la ficha técnica de la torre en la que se aprecia que ya había sido modificada para abrir ventanas en años anteriores a la protección. Su fachada era, sin embargo, amarilla por entonces, y no el rosa que tiene en la actualidad después de haber pasado por un rojo pasión a juego con los corazones luminosos que tiene en su parte superior y que se encienden por las noches a modo de reclamo para los clientes. El interior de la construcción, que en el siglo XVI estaba pensada para un uso defensivo y militar, está actualmente en buen estado y en uso, con una escalera que da acceso a sus cuatro plantas donde se han habilitado habitaciones.

Lo cuestionable del asunto ya no es tanto el uso comercial que se da a un inmueble que no deja de ser propiedad privada -que también-, sino que las administraciones implicadas hayan descuidado durante años el seguimiento de un bien catalogado con el máximo nivel de protección a nivel autonómico. El propio decano del Colegio de Abogados, Vicente Pascual, lanzaba esa reflexión pública sobre si es admisible que un BIC aloje un prostíbulo y si la Conselleria de Cultura permite que los dueños elijan de qué color pintan un edificio protegido.

Desde la Generalitat aseguraron ayer que «la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano es la que establece el régimen sancionador en el caso de que exista algún incumplimiento, y el plan especial del BIC es el que concreta los usos. Este plan debe ser elaborado por el Ayuntamiento o el propietario, pero en este caso no existe».

Desde el Consistorio, sin embargo, el concejal de Urbanismo, José Manuel Sánchez, afirmó ayer que la competencia en la salvaguarda de los BIC es de la Generalitat Valenciana, y que el papel del Ayuntamiento es de colaborador. La ley deja abierta la estructura y funcionamiento de los órganos de inspección y vigilancia, si bien sí que concreta que dependerán funcionalmente de la Conselleria de Cultura. En otro artículo, sin embargo, sí que obliga a las entidades locales a proteger y dar a conocer el patrimonio, adoptar medidas cautelares para evitar el deterioro y comunicar a la Generalitat cualquier «amenaza, daño o perturbación de su función social de que sean objeto tales bienes». La misma ley marca las obligaciones de los propietarios para conservarlos.

La situación no se limita, en cualquier caso, al mandato del actual equipo de gobierno o el actual Consell, puesto que la situación de la Torre de Aznar o de Jubalcoy se ha mantenido al menos por dos décadas. De hecho, ya en la ficha que expone los motivos por los que se protegió en 1996 se dice que «las transformaciones (en la torre, anexa a una antigua casa señorial) son tan evidentes que enmascaran por completo su aspecto de elemento fortificado».