El derribo de los dos edificios más deteriorados y conflictivos del barrio de Los Palmerales, declarados en estado de ruina, carece ahora de fecha, pese a que el último plazo que se dio para la demolición fue entre finales de año y primer trimestre de 2021 tras haber sido anunciada al menos hace dos ejercicios. El director general de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), Alberto Aznar, que ha cifrado en alrededor de 400.000 euros el coste necesario para tirar abajo los bloques de la calle Llimoner aseguró este jueves que la actuación se podrá llevar a cabo «en cuanto las cuestiones administrativas y presupuestarias lo permitan».

Aunque desde el equipo de gobierno aseguran que el proceso se encuentra en su fase final y está redactado el proyecto de demolición, el titular de la conselleria no garantizó tampoco que se vaya a producir a lo largo de este año. «Estamos trabajando para volver a tener una fuerte inversión en Elche lo antes posible, las cuestiones por la pandemia y las licitaciones nos impiden dar un plazo concreto, pero esperamos que a lo largo de 2021 podamos continuar con la regeneración y anunciar más proyectos», señaló el director del EVHA.

Tras mantener una reunión con el representante del Consell, el alcalde, Carlos González, que calificó de positivo el encuentro, aseguró haber reclamado «encarecidamente que 2021 sea el año definitivo para el derribo de los bloques 21 y 23 para poder recuperar la normalidad en el barrio». En estos momentos, lo que hay hecho, según el edil de Bienestar Social, Mariano Valera, es el realojo de las familias que quedaban en los dos edificios y que cumplían con lo requisitos para tener una vivienda pública y también ha sido tabicado el inmueble para frenar la entrada de gente. Algo que también preocupaba mucho en estos bloques donde había constancia de que se utilizaban como lugar de punto de venta de droga. Desde la Conselleria también garantizaron que están completamente vacíos. Una vez conseguido eso, y con el informe técnico con el que se declaró en ruina los edificios el pasado mes de octubre, lo que queda es terminar el proceso administrativo de contratación del derribo, según Valera, quien insistió también que el asunto «está en su recta final».

Una vez se culmine con la demolición, la intención municipal es que en este solar que quede vacío se transforme en zonas verdes. En este sentido, el equipo de gobierno ha prometido para Los Palmerales una importante rehabilitación, sufragada en parte con los fondos europeos Edusi y con la colaboración de la Generalitat. La cifra de ocupaciones irregulares sigue siendo una cifra muy importante en Los Palmerales, tal y como ha reconocido la conselleria, que asegura seguir trabajando para regularizar su situación.

Ocupaciones ilegales

En la actualidad, según el Ayuntamiento, hay 221 viviendas de Los Palmerales en fase de regularización ya que, inicialmente, sus residentes cumplen los requisitos para acceder a una vivienda pública. Por el momento, ya se ha regularizado la situación de 19 inmuebles y se han iniciado 113 expedientes. De hecho, uno de los males del barrio, lamentan vecinos de Los Palmerales, es la ocupación de pisos. Hay quienes incluso apuntan a que por cantidades irrisorias se están vendiendo casas sin ningún tipo de contrato y de manera totalmente ilegal. «Un día viene uno tira la puerta abajo de una casa vacía, vive unos meses y cuando se va se la vende a otro por mil euros y así estamos», afirmó a este diario una vecina. Esto y que se destrocen viviendas es lo que más indigna en el barrio.

«Han tirado ya muchos edificios porque hay gente que los destroza y no es justo, otros necesitan un techo y no tienen acceso a una vivienda», señaló otro vecino. Fue en el pasado mandato cuando el Consell realizó una intervención en el barrio, en colaboración con el Ayuntamiento, para comprobar las condiciones de las viviendas y si sus ocupantes residían legalmente. Los vecinos han tenido que reunir una serie de requisitos como presentar sus contratos de alquiler o cumplir las condiciones para acceder a una vivienda de promoción pública, acreditar una situación de vulnerabilidad y el tiempo de ocupación.