El alcalde de Elche, Carlos González, acompañado por el portavoz del gobierno municipal, Héctor Díez; el portavoz adjunto, Ramón Abad; y la concejala de Gestión Financiera, Patricia Maciá; ha calificado este viernes la gestión del equipo de gobierno como «intachable ética y jurídicamente» en relación con la denuncia presentada por el Partido Popular ante la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, lo que ha dado paso a una investigación por fraccionar contratos, presuntamente, que ascienden a más de 1,5 millones, que supondría haber incurrido en delitos de fraude y prevaricación.
Según los datos ofrecidos por el alcalde, en 2019 se tramitaron en el Ayuntamiento ilicitano 11.690 facturas y en 2020, 9.868, por lo que suman en los dos ejercicios 21.558 facturas que han recibido 60 reparos.
«Un reparo -ha explicado González- es un elemento importante a la hora de tomar en consideración la denuncia del PP y su gravedad. Un reparo es el desacuerdo del interventor con el fondo o la forma de un expediente motivado en una norma jurídica. Hay que saber dos cosas, el reparo no prevalece sobre las decisiones de los órganos de Gobierno, sino que plantea una discrepancia motivada y la ley faculta al alcalde para poder levantarlo con argumentos. Es una circunstancia prevista en la legislación y que se resuelve con arreglo a ella».
Cuentas auditadas
Otro de los argumentos utilizados por el alcalde ilicitano en su defensa es que las cuentas de 2019, que forman parte de la investigación de Anticorrupción, ya han sido auditadas por el Tribunal de Cuentas. «Se controla de forma escrupulosa la actividad económica de los municipios españoles. Y las cuentas de 2019 fueron auditadas sin ninguna observación relevante por parte de dicho Tribunal. Las de 2020 se remitirán una vez se apruebe la referida Cuenta General», ha señalado el responsable del equipo de gobierno en su comparecencia.
González ha puesto varios ejemplos sobre los expedientes en los que están los 38 reparos de 2019 y los 22 reparos de 2020 que constan en la denuncia del PP y ha explicado las distintas situaciones que se producen y que justifican que se levanten para poder prestar servicios esenciales cuya paralización supondría un serio perjuicio para la ciudadanía. Ante esto, el regidor defiende que su equipo de gobierno no ha fraccionado contratos, como sostienen los populares en su acusación.
«Entre 2019 y 2020 hay algunos reparos a facturas emitidas por el Servicio de Comedor Social que se presta en el barrio de Palmerales, cuyo contrato en vigor finalizó y la empresa continuó prestando el servicio. Hasta que se formaliza un nuevo contrato, los departamentos municipales elaboran los pliegos de condiciones administrativas y técnicas, hay veces en las que se dan circunstancias que hacen que no haya una sucesión inmediata del contrato que finaliza y el que comienza, y en ese ínterin se pagan facturas, que son objeto de reparo», ha explicado un González que también ha puesto otros ejemplos similares relacionados con el Servicio de Respiro Familiar llevado a cabo por DYA con niños discapacitados, facturas del albergue de personas sin hogar que hubo que montar como consecuencia de la pandemia, facturas de limpieza de los colegios mientras estaba en trámite la contratación del nuevo pliego, facturas relacionadas con los desperfectos ocasionados por el temporal Gloria debido a la urgencia de reparación o la compra de mascarillas, gel y mamparas a causa de la pandemia.
«¿Son los reparos algo que solo ocurre en Elche o se produce con normalidad en las administraciones locales? Está previsto en la ley y estoy convencido de que todas las administraciones se encuentran con incidencias», ha finalizado el regidor socialista.
El núcleo duro del equipo de gobierno arropa al primer edil
Si Pablo Ruz cuidó el jueves su puesta en escena, rodeándose de todos los ediles que tiene el PP en el actual mandato y un destacado miembro de la cúpula nacional, Pablo Montesinos, Carlos González también estudió bien su comparecencia. Al margen de argumentar un extenso discurso, que duró cerca de tres cuartos de hora y fue resumido en una nota de prensa de cinco folios por su gabinete de comunicación, el alcalde dio la cara arropado por el núcleo duro de su equipo de gobierno: los concejales Héctor Díez, Ramón Abad y Patricia Maciá. Eso sí, no hubo rastro de Compromís.
«Temerario sería no cumplir la ley como el PSOE»
Los populares acusan al regidor de «confundir» a los ilicitanos tras criticarlos por su forma de hacer oposición
El portavoz adjunto del grupo municipal del Partido Popular, José Navarro, ha declarado que «le pedimos al señor alcalde y al PSOE que no intenten confundir a los ilicitanos. El jueves hablaba de oposición temeraria, y le queremos recordar que lo verdaderamente temerario es actuar fuera de la ley, sobre todo, cuando los interventores municipales llevan años advirtiéndole de las irregularidades e igual de temerario sería no denunciar los hechos por parte del PP para que se esclarezca la situación». El calificativo de «oposición temeraria» no es el único que Carlos González ha dirigido esta semana a los populares, a los que, entre otros cuestiones, les ha acusado de actuar «como pollo sin cabeza, generar crispación y no tener ningún tipo de proyecto para la ciudad».
«No obstante, nos parece una buena noticia para la transparencia de este Ayuntamiento que PSOE y Compromís reconozcan, como ha dicho el portavoz Héctor Díez, que han gestionado mal las cosas, fuera de la ley, a sabiendas de que estaban siendo avisados de manera reiterada por los interventores municipales», ha añadido el popular Navarro.
«El alcalde tiene que abandonar de una vez por todas cualquier atisbo de oscurantismo. Tenemos que recordar que el Síndic le ha apercibido tres veces por las denuncias que le hemos puesto», ha finalizado el portavoz del PP sobre una polémica que coleará.
