La Fiscalía de Alicante no ha visto delito en el supuesto fraccionamiento de contratos por el que el PP denunció al alcalde de Elche, el socialista Carlos González, a mediados de pasado mayo y que desde entonces ha venido investigando este órgano judicial.
En un decreto de archivo que supera el medio centenar de folios, el fiscal Pablo Romero concluye que «de las meras irregularidades administrativas, que pueden ser determinantes para la nulidad radical de un contrato, o del déficit de organización del aparato administrativo del Ayuntamiento de Elche, no se desprenden indicios suficientes como para considerar que los mismos sean constitutivos de infracción penal».
El Ministerio Público sostiene que «de las actuaciones practicadas se puede constatar que las adjudicaciones investigadas se han realizado desde los departamentos gestores por el personal técnico y no por los responsables políticos. Y ello pese a que sean los órganos políticos correspondientes los que hayan levantado los reparos y acordado los pagos, pero siempre con el informe favorable de la intervención, una vez levantado el reparo, atendiendo a la teoría del enriquecimiento injusto de la administración».
La denuncia presentada por el PP abarcaba los años 2019 y 2020 poniendo bajo sospecha 676 facturas por un importe total de 1,5 millones de euros. Entre las adjudicaciones que el PP consideraba que se había fraccionado su importe incumpliendo la ley se encontraba la compra de unas marquesinas, la reparación de desperfectos provocados por la tormenta Gloria y la gestión de redes sociales. En ninguna de ellas ha visto el fiscal indicios de que se hubiera cometido los delitos de fraude o prevaricación por los que se interpuso la denuncia. El alcalde explicó que entre 2019 y 2020 se tramitaron en el Ayuntamiento de Elche 21.558 facturas de las que solo se recibieron 60 reparos.
El fiscal precisa que «en las declaraciones prestadas por los titulares de los órganos de intervención se constata que ponen de relieve que sus reparos han sido atendidos, gracias a lo cual se han ido regularizando muchos de los servicios a los que se referían». Y añade que en sus declaraciones en sede judicial, «los interventores vincularon la existencia de las anomalías a la falta de medios personales y materiales que hacía difícil la adecuada organización en los servicios del Ayuntamiento de Elche». Asimismo, el acusador público es tajante al afirmar que «no se han aportado datos de los que se permita inferir una voluntad personalista de los titulares de los órganos de adjudicación a fin de beneficiar a alguno o algunos de los proveedores beneficiados».
Las cifras
- 676 Facturas a las que aludían los denunciantes. El PP citaba en su denuncia un total de 676 facturas sobre las que vertía las sospechas sobre el fraccionamiento.
- 21.558 Facturas emitidas durante los años 2019 y 2020. A más de 21.500 se elevan las facturas emitidas por el Ayuntamiento de Elche durante los años en los que se ha centrado la investigación. El alcalde aseguró que únicamente se habían recibido 60 reparos.
Antifraude y otras vías
La Fiscalía ha remitido las actuaciones a la Agencia Valenciana Antifraude, entidad cuyo cometido se centra en la prevención y la lucha contra la corrupción y el fraude en las administraciones públicas, por si en detectara anomalías que le llevaran a actuar por vía administrativa. La denuncia interpuesta por los populares, que ahora pueden acudir al juzgado, fue presentada contra el PSPV y Compromís en las personas del alcalde y los tenientes de alcalde de la actual y anterior corporación. También se recuerda a los denunciantes su derecho a presentar reclamaciones en otras vías que no sean la penal, como la jurisdicción Contencioso-Administrativa, el Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Comunidad o la propia Agencia Antifraude.
Compromís: «El interés que tenía el PP era encontrar un rédito partidista»
La portavoz de Compromís per Elx, Esther Díez, dijo «queremos pedirle a la formación de Ruz que por fin pueda hacer una oposición útil para los ilicitanos. Desde luego que la oposición puede utilizar todos los medios que tiene a su disposición para fiscalizar la acción del gobierno, es más, es parte de su cometido». Ahora bien, «haber optado por la vía penal demuestra que el interés que tenía era encontrar un rédito partidista que, con el archivo de la querella, no va a encontrar». Y animó al PP a que «de una vez por todas en lugar de primar los intereses partidistas y conseguir ese rédito, lo que haga es una contribución verdadera a los problemas que tiene la ciudadanía».
