Cerca del 36% de las denuncias sobre violencia de género digital que ha atendido en la provincia el Observatorio Español de Delitos Informáticos (OEDI) están relacionadas con casos de espionaje al móvil; es decir, tienen su objeto en la interceptación de las telecomunicaciones. Un porcentaje similar se registra de amenazas y coacciones. Así lo determina en un reciente estudio este organismo, inscrito en el Ministerio del Interior, que colabora con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad el Estado y con las administraciones para concienciar sobre los principales delitos informáticos, y ayudar a víctimas de ciberacoso o que han sufrido casos de suplantación de identidad.
Precisamente la OEDI abrió el pasado viernes en Elche su primera sede permanente en la provincia, ya que hasta la fecha los informáticos forenses que componen el observatorio realizaban sesiones de atención temprana de forma itinerante por municipios como Bigastro, La Vila, Villena, Aspe, San Vicent del Raspeig o Elche.
Del centenar de casos que ha conocido en el último año la OEDI, el informe destaca que tres de cada diez víctimas han valorado como «riesgo alto» que el agresor esté utilizando aplicaciones espía para seguir sus pasos u otros tipos de control. En el 67% de los casos la violencia digital la ha ejercido la expareja, en casi un 16% de las situaciones son desconocidos quiénes atacan a la víctima, en un 8,5% de las veces esa vulneración se ha producido por las redes sociales mientras que la pareja, los amigos y el entorno familiar apenas representan amenaza, según dicho informe.
Whatsapp, con un 30%, es el principal medio que emplean los agresores para atacar a sus víctimas así como para desatar amenazas y coacciones, mientras que la cuenta de Google supone el segundo medio, seguido de Facebook e Instagram, según este estudio del OEDI.
Este informe, con datos de enero de 2021 hasta abril de 2022, también evidencia que el rango de edad más vulnerable es el de entre 26-40 años, franja donde se encuentran casi cuatro de cada diez víctimas que han acudido al punto de atención temprana que ofrece el Observatorio.
Al hilo, los adultos entre 41-50 representan la segunda franja más afectada, seguida de los menores de 65. Menos del 2% de las atenciones han sido a menores de edad, y sólo un 19,5% en la franja entre 18 y 25 años.
Salvador Samper Alenda, perito informático forense y presidente del OEDI, apunta que la tendencia de amenazas y coacciones, así como la interceptación de las comunicaciones está yendo cada vez más alza y «la respuesta es el modo de vida, nuestro mecanismo de vida se ha convertido en vida plenamente digital, y las relaciones son en medios digitales».
«Las víctimas no traen ficha médica con fracturas pero están siendo agredidas»
Por ello entiende que debe hacerse un abordaje integral para proteger a las víctimas. Desde el Observatorio se coordinan con las autoridades pertinentes, como puede ser la policía o concejalías de Igualdad o Bienestar Social, para evaluar los casos, ya que las víctimas «no traen ficha médica con fracturas pero están siendo agredidas».
Asesoramiento
En esa fase se detecta si pueden necesitar asesoramiento de informáticos forenses para analizar el nivel de vulnerabilidad, con respuestas que la víctima necesita que se respondan, para evitar la revictimización, apunta el profesional.
Entre esas fases los expertos se encargan de preservar evidencias en la nube que recibe la víctima y que puede ser borrada de un terminal como amenazas por audio, por lo que desde el Observatorio pueden aportar un informe pericial que otorgue más garantías a las pruebas que aporta la víctima en el juzgado con el fin de que no sean impugnadas por dudas sobre la veracidad de los documentos.
«Los agresores deberían dejar de presentar en sede judicial capturas de pantalla, conversaciones que se envían de Whatsapp, fotografías, audios, que se aportan sin informes como sí están presentando las víctimas, debería dejar de admitirse en los tribunales», lamenta Samper.
Por otra parte, los expertos no sólo se encargan de abordar el problema, si no del asegurado digital de las víctimas mediante asesoramiento y deshabituación de posibles malas prácticas como poner contraseñas de baja seguridad, o repetir la misma en todas las redes sociales.
El Observatorio cuenta con un sistema de escolta digital propio por el que se asegura a las afectadas que el agresor no consiga entrar a su vida digital, impidiendo, así, robos de cuentas de correo o que les usurpen la identidad en las redes sociales.
Los expertos dicen que los casos Pegasus «han existido siempre»
Días después de que saltase a la opinión pública el presunto espionaje, entre muchos otros, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a través de sus teléfonos móviles con el sistema Pegasus, son muchos los ciudadanos que están en alerta por si a pequeña escala pueden sufrir un fenómeno similar.
Sin embargo, los expertos en delitos informáticos señalan que «ahora que está afectando a órganos superiores se le está dando la importancia que muchos años llevamos refiriendo. Es como cuando le pasa algo a un famoso, pero existen muchas víctimas, y hay 10.000 variables de software y variables para monitorizar y espiar», resalta a este diario Salvador Samper Alenda, presidente de la OEDI.
