El presidente en funciones de la Comunidad de Regantes Virgen de las Nieves de Aspe, Antonio García, sigue a la espera de que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) tome una decisión que desbloquee la situación provocada por el vacío de poder que vive el organismo. La comunidad está en un túnel sin salida con unos socios que no quieren al actual presidente, pero sin que haya otro que quiera asumir el cargo.
La corporación que se encarga de organizar los aprovechamientos colectivos de aguas públicas, superficiales y subterráneas de los agricultores de Aspe soporta esta falta de dirección desde que en la pasada junta extraordinaria solo se presentará una candidatura como junta directiva, pero un número importante de socios se negará a refrendarla. Así, el anterior presidente sigue en funciones, aunque fue él mismo quien encabezó la propuesta que no salió elegida. Además, se da la paradoja que la misma junta directiva que dimitió sigue trabajando en funciones. Sin embargo, la comunidad no puede quedarse sin dirigentes porque debe hacer frente a los pago de proveedores, abonar facturas y firmar las nóminas de los trabajadores. Por este motivo, la Confederación Hidrográfica del Júcar ha permitido que la directiva siga gestionando el día a día hasta que otros socios se presenten como Junta de Gobierno.
La grave situación que aqueja a esta sociedad privada, que agrupa a 2.600 agricultores de la localidad, surge a raíz de la negativa de la mayoría de los regantes a pagar una nueva derrama por la modernización del sistema de regadío. Estas obras en las que el Gobierno ha invertido 16 millones tienen otra parte por sufragar que corresponde a la Generalitat, que ha establecido un calendario de pagos para la deuda que asciende a 11 millones y medio de euros. La tercera parte corre a cargo de los regantes.
Los agricultores ya han abonado 290 euros por tahúlla por estas obras, ejecutadas ya al 80% aproximadamente. Pero son muchos los socios que se han plantado y no quieren pagar un euro más por ellas, a pesar de la derrama de 160 euros por tahúlla (medida equivalente a unos 1.000 metros cuadrados) presentada por la directiva de Antonio García. Con esta contribución quieren salvar el desfase de 5,4 millones de euros, que ha provocado, según indicó García, un error en el cálculo del coste inicial de 2009, más la subida experimentada en los últimos cuatros años por el IVA, la gestión de Suma, los intereses bancarios y las obras adicionales del proyecto.
Una situación que se agravó cuando una de las socias impugnó la asamblea de agosto. La no inclusión en el orden del día de la lectura del acta anterior fue la razón que adujo la afectada para declararla nula.
Medidas legales
Antonio García destacó que ahora el bloqueo en los pagos de la obra para modernizar sus sistemas de regadío e instalar el riego por goteo para la uva de mesa puede acarrearles más de un problema. El más inmediato es que la empresa que realizó los trabajos lleve a la comunidad de regantes a los tribunales por impago.
García apuntó que «en una carta ya nos ha dicho que si no se le hace efectivo el pago de la factura, tomará medidas legales».
