El exdirector de la empresa municipal Emudesa de Elda, Miguel Ángel Mancheño, y el empresario de la construcción José Ángel Cano, condenados ambos por un delito de malversación de caudales públicos, eludirán los dos años de cárcel que les ha impuesto el tribunal si abonan a Emudesa, en el plazo de un año, 54.000 euros en concepto de indemnización. La cantidad que desviaron en beneficio propio, inflando las facturas de distintos trabajos para el Ayuntamiento ascendió a 42.000 euros. Pero a esa cantidad hay que sumarle los intereses legales y las costas judiciales.

Como ya informó este diario, el juicio se celebró en la Audiencia Provincial de Alicante a finales de septiembre y ahora se ha publicado la sentencia, que ya es firme porque los dos acusados se declararon culpables y se conformaron con los dos años de prisión. Una pena que no tendrán que cumplir si cada uno, de forma conjunta y solidaria, realiza 11 pagos de 1.800€ y un último de 2.200€ en meses sucesivos, comenzando en noviembre de 2020 y con abonos entre los días 5 a 10 de cada mes. El dinero lo deberán ingresar directamente en la cuenta de Emudesa y el empresario condenado tendrá que hacer frente, además, al pago de 10.000 € de forma inmediata.

En la sentencia emitida por la Sección Décima de la Audiencia Provincial se les advierte a ambos que, de no cumplir con los pagos o cometer un nuevo delito, se revocará la suspensión de su ingreso en prisión.

El principal acusado, Miguel Ángel Mancheño, director de Emudesa en los años en los que se produjeron las irregularidades, ya ha devuelto la mitad del dinero reclamado. Mancheño fue gerente entre 2011 y 2015 de la mercantil dependiente del Ayuntamiento de Elda. Entre sus funciones tenía delegada la administración y conservación de un grupo de 136 viviendas destinadas a cesión en régimen de compraventa y arrendamiento pertenecientes al Instituto Valenciano de la Vivienda. Fue puesto al frente de Emudesa como cargo de confianza del PP durante el mandato de la entonces alcaldesa y ahora senadora Adela Pedrosa. Los trabajos que dieron lugar a la malversación de caudales públicos fueron encargados a la empresa a cuyo frente se encontraba el otro acusado. La mercantil presentó hasta 27 facturas por obras en esas viviendas que ascendían a 65.573 euros y que fueron abonadas por Emudesa.

El Ministerio Público reclamaba inicialmente la pena de cinco años de cárcel. Pero, con la devolución del dinero y la confesión de los procesados, la defensa cerró un acuerdo con la Fiscalía y la acusación particular para rebajar la condena a 24 meses de cárcel.

Un delito destapado por EU tras asumir el control de Emudesa

Una auditoría realizada en 2017, cuando estaba al frente de Emudesa el edil Javier Rivera, de EU, detectó trabajos en trece viviendas que no se habían realizado. De todas las facturas presentadas, únicamente se realizaron obras por importe 22.686 euros. Las facturas se inflaban con trabajos que no se habían realizado y el concejal de EU destapó el fraude y lo denunció.