Los trabajadores están de enhorabuena: el Gobierno subirá el Salario Mínimo y reducirá la jornada laboral

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha puesto énfasis en estas cuestiones durante su toma de posesión

Cambios de salario con la nueva jornada laboral: cómo y cuando afectará a los trabajadores

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Eneko López Rico

Eneko López Rico

El nuevo Gobierno de España, liderado por el PSOE y Podemos, ha iniciado su andadura enfocándose en la implementación de nuevas medidas en el ámbito laboral. Entre las iniciativas más destacadas figura la propuesta de una jornada laboral reducida, de 40 a 37,5 horas semanales, una medida que ha generado amplio debate desde su presentación hace unas semanas. Yolanda Díaz, quien continúa al frente del Ministerio de Trabajo, se propone presentar esta reforma ante el Congreso con celeridad. 

La propuesta de reducción de la jornada laboral representa un cambio significativo en el ámbito laboral del país. Este plan propone una reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales, con la intención de mejorar la calidad de vida de los empleados, aumentar la productividad y fomentar un mejor balance entre trabajo y tiempo libre, según indica el Gobierno.

Este cambio se aplicaría de forma progresiva. De esta forma, la jornada laboral pasaría en 2024 de 40 a 38,5 horas y en 2025 quedaría en 37,5, lo que se traduciría en una reducción de 150 horas al año para los empleados, pasando de las 1.950 actuales a las 1.800. Pese a esta reducción, esto no significa una disminución del salario de los trabajadores.

La modificación, según las estimaciones, beneficiará a más de 12 millones de trabajadores del sector privado que actualmente trabajan 40 horas semanales. 

Aumento del SMI

La ley también contempla un aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y cambios en las compensaciones por despidos improcedentes.

La ministra Díaz ha sido enfática en su compromiso con el incremento del SMI, marcando este como un objetivo prioritario para la legislatura. "Con carácter inmediato vamos a convocar a los agentes sociales para seguir subiendo el Salario Mínimo Interprofesional", apuntaba.

Bajo la administración de Pedro Sánchez, el SMI ha experimentado un aumento significativo del 47% en los últimos cinco años, alcanzando los 1.080 euros mensuales, en comparación con los 736 euros durante el mandato de Mariano Rajoy. 

El proceso para establecer el nuevo SMI, no obstante, se anticipa complejo. Mientras los sindicatos urgen al gobierno a acelerar las negociaciones, la patronal advierte sobre el posible impacto negativo de un aumento salarial en el tejido empresarial. La legislación vigente estipula que el establecimiento del SMI debe ser consensuado con los sindicatos y asociaciones empresariales más representativos, considerando varios factores económicos.

Según recoge el Ministerio de Trabajo en su página web,  "el Gobierno fijará anualmente, previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, el Salario Mínimo Interprofesional, tanto para los trabajadores fijos como para los eventuales o temporeros, así como para los empleados de hogar, teniendo en cuenta el Índice de Precios de Consumo, la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general".

Desde la perspectiva sindical, UGT propone elevar el SMI a 1.200 euros, para aliviar la presión económica sobre los trabajadores derivada de la inflación. Además, abogan por una legislación que exija compensaciones elevadas por despidos improcedentes, sugiriendo una indemnización mínima de seis meses independientemente de la antigüedad del trabajador.

Este sindicato también busca reinstaurar las condiciones preexistentes a la reforma laboral de 2012, que incluirían 45 días de indemnización por año trabajado en casos de despido injustificado. En la actualidad estos días han quedado fijados en 33.

Finalmente, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha enfatizado su compromiso con el diálogo y la negociación durante su mandato. Reconoce que, aunque no siempre se alcanzará un consenso, el diálogo social es fundamental para forjar políticas equitativas y efectivas.