Qué impulsó a Luis Barcala, un representante político esencialmente calmado, poco amigo de alimentar polémicas, a expresarse con tanta crudeza contra la propiedad del Hércules el pasado martes. El interrogante rebota en la conciencia de mucha gente, a todos los niveles. Aquel, «los dueños han perdido toda la credibilidad» ha cambiado el signo de una inercia que –aunque todavía parece poco probable–, puede poner fin a un modelo de gestión de más de dos décadas, uno que culminó el domingo pasado con el equipo de la capital en el sótano del fútbol español.
Enrique Ortiz, un hombre de negocios de trato cercano y muy bien calculada operatividad, puede soportarlo todo menos un choque frontal con las administraciones, sobre todo las domésticas. No lo busca, no lo quiere, no le interesa. Por eso, ahora que la primera autoridad municipal ha dinamitado públicamente su crédito con una declaración improvisada al pie del Mercado ante periodistas que estaban allí para otra cosa, el empresario no pone reparos a devolver el club del que es dueño a la misma institución que, en 1999, le pidió que asumiera el control del Hércules para evitar su desaparición.
El entorno más cercano del constructor teme que haya «oportunistas» interesados en adquirir la unidad productiva de la SAD para refundarla
Enrique Ortiz apoya un Hércules municipalizado. Está dispuesto a ayudar a hacerlo realidad si hay voluntad política. Se aparta de la gestión, del día a día, del control accionarial, presupuestario, de todo lo que implica estar al frente de una entidad si el Ayuntamiento garantiza en primer término la viabilidad y el futuro de una entidad que está a poco más de un año de llegar a los cien.
Ninguna obstrucción. El empresario no necesita reconocimiento por, según sostiene su círculo más íntimo, haber cargado con todo el capital (calculan que han sido 80 millones de euros en 21 años, según sus cuentas) que ha consumido la existencia del club bajo su gobierno. Tampoco pedirá que nadie rebaje la intensidad de su opinión sobre su gestión. Lo único que desea para apartarse sin ningún aspaviento es que el Ayuntamiento, como institución, asuma la viabilidad, a corto y medio plazo, del Hércules de Alicante, un símbolo de la ciudad, que eso sí es algo en lo que coincide todo el mundo. Ortiz y su familia ceden su sitio si hay una garantía municipal total.
La familia del magnate no tiene ningún interés en chocar frontalmente con el Consistorio y se pone a su disposición para buscar soluciones
Según el constructor, hay dos formas de hacerlo posible. Bien en primera persona, tutelando la administración de la SAD, bien poniéndola en manos de un grupo de empresarios que muestren abiertamente sus identidades, su interés y, sobre todo, dispongan de solvencia suficiente, de un aval (y músculo financiero) que blinde el futuro del Hércules. El entorno más próximo del empresario teme que detrás de las posibles ofertas de compra que reciba la Corporación haya grupos empresariales que quieran sacar tajada de la delicada situación institucional y deportiva, pescar en río revuelto. Según sus allegados, lo que quieren es impedir que, al reclamo de un club con la historia y el potencial territorial del Hércules, acudan «oportunistas» que lo que en realidad persigan sea quedarse con la unidad productiva (escudo, colores, emblemas, masa social...) para refundar la SAD o fundir dos clubes tal y como ya se exploró con clubes como el Córdoba.
La sombra del Intercity
La supuesta oferta que ha hecho llegar de forma notarial un teórico colectivo de inversores anónimos –y de la que el alcalde Barcala dijo no tener constancia en su reunión con una porción de los aficionados blanquiazules el pasado miércoles – no ha captado el mínimo interés de Ortiz. La habrían presentado el pasado 5 de mayo, tras la derrota del equipo en Lleida, y buscaba adquirir la titularidad del 89% de las acciones a cambio de 2 euros, uno para Zassh (la mercantil que comparte Ramírez con la familia Ortiz al 50%) y otro para la Fundación blanquiazul, dueña, solo cuantitativamente, del paquete mayoritario.
En su propuesta de compra revelaban que ellos se harían cargo de toda la deuda pública (Seguridad Social, Hacienda, Instituto Valenciano de Finanzas, Suma...), pero no de las cargas concursales (compromisos pactados con los acreedores) ni de los prestamos de la SAD con los propietarios, que Ortiz cifra en más de 6 millones de euros. Estos dos supuestos entrarían a formar parte de la negociación solo cuando la propiedad aceptara, ante notario, sentarse a valorar la oferta.
No pasará. Enrique Ortiz, según ha comentado a sus colaboradores más íntimos, no está dispuesto a permitir el traspaso del club a interesados que ocultan su identidad. Tampoco estaría dispuesto a ver cómo lo hace el Ayuntamiento sin contar con él. El constructor no se opondría a que el Consistorio le vendiera el Hércules a un inversor o inversores que hicieran pública su fortaleza inversora.
El Intercity, que adquirió su plaza en Sant Joan siguiendo el mismo cauce que ahora se repite a través del mismo intermediario, se interesó en su día por esta opción, pero nunca formalmente, por lo que nada hace presagiar a Ortiz que sea alguien de ese entorno movido por la búsqueda de expansión y desarrollo, quien esté detrás de la oferta de dos euros.
