Manuel Illueca, director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), puso luz sobre las razones que han impedido que Hércules y Consell lleguen a un acuerdo sobre las condiciones de arrendamiento del Rico Pérez. La exclusividad del uso del estadio y las cantidades a pagar por el alquiler son los factores de discrepancia entre ambas partes, aunque tanto Parodi, consejero delegado del Hércules, como Illueca, son optimistas y tienen claro que se llegará a un acuerdo.
«Estoy seguro de que antes o después llegaremos a un acuerdo, tenemos muy claros los intereses que defendemos y son los generales. Y dentro de eso está que el Hércules juegue en su estadio. Queremos que se convierta en un icono deportivo y cultural para la ciudad». Illueca expuso las razones que provocaron un cierto «recelo» en el Hércules para no llegar a un acuerdo: «La fundamental es que el Hércules debe compartir el estadio con cualquier equipo que compita en el fútbol profesional en Alicante. En cualquier país europeo tenemos ejemplos. Es un estadio de titularidad pública. Si se puede utilizar más veces, mejor para todos. Al Hércules le cuesta este tema porque hubo una experiencia previa (con el extinto Alicante CF) y no convenció». Sobre el canon de alquiler fue claro: «Mientras el Hércules esté en categorías no profesionales debe pagar solo el mantenimiento, pero más adelante debe pagar en función de los días que lo utilice. Serían cantidades muy razonables». De esta forma, solo pagaría el Hércules por utilizar el estadio estando en Primera o Segunda, tal y como señala Illueca, aunque existen discrepancias con las cantidades. Lo que ha dejado claro el director del IVF es que aunque el juez acabe dando la razón al Consell, el Hércules seguirá jugando en su estadio: «El presidente de la Generalitat dejó muy claro que el Rico Pérez es la casa del Hércules. Es lo que responde a la historia y lo que está en el alma de los alicantinos. Ahora bien, si hay otro club que por méritos propios está en el fútbol profesional también tiene que poder jugar en el Rico Pérez».
Por su parte, el consejero delegado del Hércules, Carlos Parodi, confió en que el club alicantino y el IVF «deben llegar a un acuerdo». «Estamos convencidos de que tarde o temprano lo vamos a alcanzar», señaló.
La vista que tenía que celebrarse ayer entre el Hércules y el IVF por el arrendamiento del estadio José Rico Pérez se suspendió a los 50 minutos de comenzar tras solicitar el club alicantino una indemnización en el caso de la resolución del contrato. El juez decidió suspender la vista, celebrada en el Juzgado de lo Mercantil número 2, para nombrar un perito, que será el encargado de cuantificar esa posible indemnización para la entidad alicantina.
El club alicantino entiende que si se tiene que marchar del estadio se le tiene que indemnizar como arrendatario por los daños y perjuicios que su salida del recinto le ocasione, según señala la Ley Concursal. El Hércules defiende que no procede la resolución del convenio, pero que si finalmente se toma esa decisión se le debe indemnizar al tener su contrato en vigencia hasta el 2032. Además, en su defensa argumenta que si no pagaron en su momento los cánones fue porque el IVF exigió a Aligestión en 2017 que todos los alquileres no se debían pagar por el Hércules, sino convertir en préstamos participativos de la mercantil. Una vez se valoren los daños y perjuicios a cargo del economista designado por el juzgado, el juicio continuará en un proceso que se intuye largo en el tiempo.
El Hércules firmó en 2007 un contrato de arrendamiento con Aligestión, empresa propiedad del empresario Enrique Ortiz, para tener uso exclusivo de la instalación a cambio de asumir su mantenimiento y el 7 % de los ingresos generados en el estadio por taquillas, repostería o televisión. El campo pasó a manos del IVF en 2017 por 3,7 millones de euros, tras acudir el banco del Consell a una subasta pública. El IVF considera que la propiedad está libre de cargas, mientras el Hércules esgrime el contrato de arrendamiento del que fuera su estadio.
La relación entre el Hércules, el IVF y Aligestión se remonta al año 2010, cuando se le concedió a la entidad un aval por valor de 18 millones de euros para que solicitara un préstamo con la CAM y saldar así su histórica deuda con la Agencia Tributaria. El Hércules no cumplió con los pagos de los intereses del préstamo y Aligestión pasó a liquidación, por lo que el IVF, como principal acreedor de la mercantil, acudió a la subasta por la instalación. Tras adquirir el estadio, el IVF expresó su deseo de romper el contrato vigente de arrendamiento.
