La querella interpuesta por la Fiscalía contra el Hércules Club de Fútbol por un posible delito de alzamiento de bienes derivado del ingreso recibido por el traspaso de Abde al Barça, ejecutado el pasado 31 de agosto, ha llevado al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) a paralizar "hasta que no se esclarezca el caso en los tribunales" cualquier intento de alcanzar un acuerdo por el uso compartido del José Rico Pérez. Además, según ha explicado a este diario Manuel Illueca, director del banco del Consell, la institución que él dirige se pone en manos del Ministerio Público para "facilitar la información relevante" que considere oportuna la acusación.
Illueca manifestó su "sorpresa" por la investigación iniciada por el Ministerio Público y, también, su "decepción" por las causas que la motivan, al tiempo que advirtió que, por esta causa, queda en suspenso el acuerdo en el que ambas partes llevan trabajando desde diciembre para evitar el juicio fijado para el jueves 16 de junio, en Alicante. Los representantes de Hércules y Consell trataban de determinar, sin la mediación del tribunal, las condiciones del uso compartido del Rico Pérez, una instalación en contrastado deterioro estructural que el president Ximo Puig tenía intención de transformar en un moderno Arena para albergar actividades más allá del uso futbolístico.
A pesar de los intentos por firmar un convenio definitivo desde hace meses y del deseo de los litigantes por evitar el dictamen judicial, lo cierto es que seguían sin ponerse de acuerdo en las cláusulas que debe determinar la relación entre el legítimo propietario del inmueble, el banco de la Generalitat, y el arrendatario, que se aferra al contrato que firmó con Aligestión, la antigua dueña del estadio, vigente hasta 2032, y en el que solo se reconocía al Hércules la obligación de sufragar los desperfectos del día a día, ni siquiera costear la reforma estructural necesaria por el paso de los años sin un mantenimiento global ni tampoco una cuota mensual en concepto de alquiler por la ocupación de las instalaciones.
Las condiciones selladas en aquel convenio al que se siguen agarrando los abogados blanquiazules eran muy ventajosas para el club de la capital debido a que la mercantil, declarada en quiebra y liquidada concursalmente, estaba participada por Enrique Ortiz y alguno de sus socios de turno, que también integraban entonces el consejo de administración de la SAD, entre ellos Valentín Botella, a quien la Fiscalía incluye en la querella por el presunto alzamiento de bienes.
Al no reflejarse ninguna cuota mensual, desde que el Consell adquirió el Rico Pérez en 2017 en subasta pública por 3,7 millones, el Hércules no le paga ni un euro por el uso del inmueble. Sí corre, por ejemplo, con el gasto de las resiembras, la limpieza y los pequeños desperfectos ocasionados por el uso diario. La intención del actual gobierno de Ximo Puig de convertir el viejo campo mundialista en un moderno Arena multiusos en el que siempre podrá jugar sus partidos de Liga el Hércules (aunque nadie ha querido garantizar abiertamente que sea en exclusiva) condenaba a las dos partes a encontrar una fórmula de entendimiento, algo que queda en manos del juez después de que Manuel Illueca haya confirmado la renuncia del IVF a seguir buscando acuerdos con el Hércules. Las dos partes se verán las caras el jueves de la semana que viene en el Juzgado de lo Mercantil de Alicante, que aplazó la vista anterior, que tuvo lugar hace seis meses, cuando el club reclamó una indemnización en el caso de la resolución del contrato y el magistrado decidió, por ese motivo, encargar a un perito calcular el importe de la misma fijando la nueva vista para el 16 de junio de 2022.
