El abandono rural y el éxodo a las ciudades, el descuido de los cultivos y el aumento de desastres naturales como los incendios agudizan los efectos del calentamiento global. En una fatal combinación, despoblación y crisis climática se retroalimentan, según los expertos. El último informe de Greenpeace al respecto señala que los municipios rurales contribuyen un 34 % menos al cambio climático que los urbanos y hasta veinte veces más a la conservación de la biodiversidad. En esa línea, subrayan que solo un 16 % de la población en España está «cuidando» del 85 % de un territorio clave en la emergencia ecológica. Las zonas despobladas, en su gran mayoría, suelen estar circundadas por enormes superficies forestales, los auténticos sumideros de carbono de las emisiones generadas en las megaurbes.
Con el 74 % del territorio español expuesto a la aridez y, por tanto, con mayor riesgo de desertificación, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico apunta como una de las causas de esa erosión del suelo al abandono de las zonas rurales y las parcelas agrícolas, así como a la nula gestión forestal que ese abandono conlleva.
Muchas comunidades autónomas empiezan a afrontar de forma integral el doble reto de la despoblación y el cambio climático. Es el caso de la valenciana, que reconoce en su anteproyecto de Ley de Medidas contra la Despoblación el papel que juegan las pequeñas y deshabitadas zonas del interior en la lucha para evitar que los montes se conviertan en un polvorín durante la época estival. El fuego es el primer paso hacia la irreversible erosión de la corteza vegetal, especialmente con la llegada de las torrenciales lluvias del otoño, como se advierte desde el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM).
Es un mal compartido por todo el territorio español. En Asturias, la alta recurrencia de incendios, con una media de 1.411 anuales, se ha acentuado con el abandono de pueblos, el aumento de las temperaturas y el incremento de la biomasa. Con más de 10.000 propiedades absorbidas por el bosque, el riesgo de sufrir fuegos y que éstos se propaguen se multiplica. La pérdida de las actividades agrícolas conlleva, en muchos casos, la desaparición de variedades autóctonas aclimatadas al terreno y también las especies silvestres asociadas.
En el Parc Natural de la Serra d’Espadà, en Castellón, el colectivo Connecta Natura trabaja desde hace años en la recuperación de frutales como almendros o ciruelos propios de la zona y por tanto con mayores posibilidades de adaptación a condiciones climáticas más extremas o de estrés hídrico.
Desde Alicante hasta Lugo
La custodia del territorio por medio de colectivos ambientalistas o fundaciones sin ánimo de lucro es una de las fórmulas para la recuperación de parcelas de alto valor ecológico o la restauración de ecosistemas y el regreso de la biodiversidad perdida. Fundem, creada en 1996 por Enrique Montoliu Montoliu, extiende sus tentáculos por toda la Comunitat Valenciana, desde la sierra de Bernia, Benimantell o La Vall de Gallinera en Alicante hasta el valle del río Mijares o el Penyagolosa en Castellón. Pero también empiezan a crecer en otros puntos del territorio español. En Ulloa (Lugo) y a través del grupo Quercus Sonora trabaja en la sustitución de la exótica invasora eucaliptos (Eucalyptus L’Her) por especies muy importantes para la fauna forestal como robles (Quercus robur), castaños (Castanea sativa), abedules (Betula alba), avellanos (Corylus avellana) o cerezos (Prunus avium).
En las zonas de media montaña de la Rioja, Cataluña y Aragón, el proyecto Life Mid Macc investiga sobre diferentes medidas de gestión del paisaje para promover la adaptación al cambio climático. La falta de gestión y mantenimiento del territorio, según el estudio, es uno de los principales motivos que disparan la vulnerabilidad a los impactos del calentamiento global.
El terreno forestal se multiplica
La pérdida de presencia humana implica automáticamente la recuperación del terreno perdido por parte de la naturaleza. Algo que en principio pudiera entenderse como positivo no lo es tanto si esas miles de hectáreas ganadas por el monte cada año no son debidamente gestionadas. La superficie forestal de España ha aumentado durante los últimos cinco lustros a un ritmo de casi 200.000 hectáreas por año y en la actualidad ocupa cerca del 60 % del total. Un peligro, pues el incremento de la biomasa sin control dispara el riesgo de los llamados incendios de sexta generación, tal como advierte de forma periódica la Red Española de Desarrollo Rural (REDR).
La Comisión Europea ya puso en marcha el año pasado una iniciativa para lograr un mundo rural más fuerte, conectado, resiliente y próspero antes de 2040. Estas zonas, que ocupan el 80% de la superficie de la Unión Europea, y en las que vive el 37% de la población, son proveedoras de servicios esenciales para el buen funcionamiento y la salud de los ecosistemas. Tienen la llave para alcanzar la neutralidad climática. De ahí que se señale que esos territorios deben desempeñar un papel esencial en el logro de los objetivos del Pacto Verde Europeo, persiguiendo una mayor resistencia ambiental y una menor exposición a fenómenos extremos cada vez más extremos.
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