¿Por qué no suele entrar en prisión el que maltrata a un animal?

A menudo, vemos como personas condenadas por delitos de maltrato animal no ingresan en prisión. Eso crea una sensación de impunidad en la opinión pública, que resulta muy nociva para la protección animal. El problema suele estar en las falsas expectativas que se crean en la opinión pública y en los sucesivos anuncios que realizan los gobiernos sobre futuras regulaciones que, luego en la práctica, no se incluyen en las leyes que aprueban.

En la última reforma del Código Penal, el maltrato ha quedado regulado por el artículo 340. El mismo establece penas de prisión de tres a dieciocho meses y multa de seis a doce meses, con la correspondiente inhabilitación. Las penas de prisión, incluso, podrían llegar a los 24 meses si se diera ensañamiento, se usarán métodos agresivos o armas o venenos, se realizaran delante de un menor o, por ejemplo, se llegara a causar la muerte del animal.

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Sin embargo, esas penas podrían conmutarse por trabajos en beneficio de la comunidad. Además, el artículo 80 del Código Penal establece que el juez puede, mediante resolución motivada, suspender la ejecución de la pena si se dan unos supuestos concretos, entre los que figura que la pena no sea superior a los dos años. Por eso, resulta tan difícil que aquel que es condenado por cometer un delito de maltrato animal acabe entrando en prisión.

Por lo tanto, es de justicia, nunca mejor dicho, que dejemos de culpar por ello a los jueces que sólo administran la justicia, y busquemos las razones objetivas que explican el resultado de que una persona no ingrese en prisión por maltratar a un animal. Si lo hacemos, pronto nos daremos cuenta que la clave, en realidad, hay que buscarla en el gobierno y sus apoyos parlamentarios. Al fin y al cabo, ellos y no otros, son los verdaderos responsables para bien y para mal, de promover cada uno de los cambios legislativos que finalmente son aprobados en el Congreso y Senado.