Son numerosas las ocasiones en los últimos meses, en las que el president de la Generalitat, Ximo Puig, se ha pronunciado a favor en términos de apostar por la colaboración público-privada.
Por ejemplo, en septiembre de 2020 decía que “el trabajo conjunto entre Administración y sector privado es fundamental para responder a los retos que plantea la crisis de la COVID-19”. Posteriormente, también en septiembre del año pasado, en la Noche de la Economía Valenciana, reivindicaba la “vía valenciana de la estabilidad política, la seguridad jurídica y la colaboración público privada para consolidar la recuperación ya iniciada”, Puig dixit.
Esa colaboración público-privada no se ha visto reflejada en la decisión que se tomó de la no prórroga del contrato de gestión pública del área de salud. Hay partidos políticos que están en contra de la cogestión de servicios públicos por parte de empresas de ámbito privado. Se ha demostrado en muchas ocasiones, que la gestión de un servicio público por parte de una empresa privada, a veces puede ser más beneficiosa para la ciudadanía que la gestión por parte de la Administración.
La eficiencia en la gestión, la velocidad en poder tomar decisiones, la no dependencia de la burocracia, las economías de escala con respecto a la gestión de otros servicios públicos o el know-how y la experiencia sobre una determinada temática, pueden ser clave a la hora de abordar la gestión privada de un servicio público con altos ratios de calidad. Al fin y al cabo, la persona beneficiaria con todo ello es el ciudadano.
Sin embargo, hay partidos políticos, más cerca del comunismo que de otras corrientes ideológicas, que apuestan porque todos los servicios sean de carácter público y que el ámbito privado sea excluido del mismo. En diversas situaciones, la gestión privada ha fallado. Pero no por ello, se puede afirmar que toda gestión pública es mala o toda gestión privada de lo público es malo. Con buenos sistemas de calidad y con auditorías que controlen la gestión de lo público, puede ser muy positiva.
Es totalmente legítima la decisión del Consell con respecto a no continuar con la gestión de una empresa especialista en el departamento de salud 22. Pero argumentar simplemente criterios políticos y no técnicos, cuando el máximo responsable de la Generalitat hace un llamamiento público por la colaboración público-privada de forma continua y no lo pone de manifiesto con las políticas que impulsa, es un claro ejemplo del doble discurso del president.
A pocas personas se les ocurriría si estuviesen dirigiendo cualquier organización, en un periodo de crisis extrema del sector sanitario como el que atravesamos, ponerse a hacer cambios estructurales importantes sobre un modelo sanitario que funcionaba. El mantra de que el servicio iba a ser mucho mejor, ya ha terminado. Puesto, que quienes enarbolaban esa actitud, ya han hecho más bien la táctica de la avestruz. Ahora andan escondiendo las vergüenzas por las tantas personas que han engañado o intentado engañar.
Cada día sí, cada día también, aparecen en los medios de comunicación noticias que son una auténtica vergüenza de un servicio público que era la envidia de muchos departamentos de salud de la Comunitat, y además, con unos ratios como en listas de espera o atención a especialistas que encabezban los rankings de buena atención en el territorio autonómico.
En política, las responsabilidades se asumen con la dimisión. Pero no hemos visto ningún gesto, ni tampoco lo veremos, por parte de ningún alto cargo de la conselleria de Sanidad ni de ninguna “alta carga” de incompetencia que asumimos los valencianos del equipo que gestiona la sanidad valenciana. Más si cabe, con las recientes sentencias que afectan a la consellería de Sanidad, como las de la desprotección de EPIs del sector sanitario o la discriminación del personal sanitario del ámbito privado en las campañas de vacunación.
Mientras tanto, los municipios de Torrevieja, Orihuela Costa, Guardamar del Segura, San Miguel de Salinas, Pilar de la Horadada, Rojales, Algorfa, Benijófar y San Fulgencio, más los residentes que visitan esos municipios turísticos, tienen un peor servicio sanitario que hace tres meses y ahora son derivados a otros hospitales en urgencias que muchas veces son fundamentales o especialistas que les estaban atendiendo.
Quienes sí han encontrado acomodo han sido los múltiples cargos socialistas que han encontrado su trabajo en el desmantelamiento de la sanidad de media comarca de la Vega Baja. Esperemos que muestren tanto interés en restablecer este servicio público fundamental en esta época de pandemia.
