En los últimos días se han escrito ríos de tinta sobre la nada honrosa última posición de la provincia de Alicante en el ranking de inversión por habitante de nuestro país. Unas lecturas que comparadas con la tributación recaudada en este territorio, el peso poblacional de la provincia, la importancia para el PIB nacional o el dinamismo turístico, hace que media provincia haya puesto el grito en el cielo sobre este tema. Algunas de las claves en mi opinión son las siguientes.

En primer lugar, el problema político de la provincia de Alicante. Quienes hemos sido representantes políticos sabemos cómo funciona el desarrollo de los presupuestos. En la elaboración de los mismos, sobre junio en el caso de los PGE, los ministerios envían sus solicitudes de presupuestos para el ejercicio siguiente. Después, Hacienda una vez recibidas todas las propuestas trabaja junto a Presidencia del Gobierno, y en el caso de un gobierno de coalición, con las diferentes sensibilidades, en aprobar un proyecto conjunto para que puedan cuadrar los números. ¿En esa fase se mira la foto de cómo quedan las inversiones territorializadas? La respuesta es que sí. ¿Y les ha preocupado en la Moncloa cuando vieron que Alicante estaba en último lugar? La respuesta es claramente que no.

No hay trabajo político más aburrido que un diputado en un parlamento de un grupo parlamentario cuyo partido está en el gobierno. Y digo esto, porque todo lo que se lleva al Parlamento lo hace el Gobierno. Quítese la vieja idea que suele decirse sobre llamar a diputados como “legislador”. Legislan los altos funcionarios de la administración que preparan los proyectos de ley o los cada vez más manidos reales decretos-ley que luego se debaten en la Cámara Baja. El diputado cuyo partido está en el gobierno se limita a votar. Y ninguno de los diputados por la circunscripción alicantina que forman parte del gobierno, esto es, PSOE y Podemos, van a votar que no a los PGE por muy malos que sean los presupuestos para Alicante. Y mucho más me temo la capacidad de influencia que puedan tener éstos para corregirlos: miren cuantos ministros o secretarios de Estado hemos tenido en los diferentes gobiernos en los últimos años. Y no cuenta lo de venir a veranear a la provincia para ganarse el gentilicio alicantino.

En segundo lugar, la representatividad en Madrid. Siguiendo con la última frase, la representatividad política de gente “que mande” aparte que tenga capacidad para pulsar un botón. Lo mismo ocurre con la empresarial, a pesar de que hayan algunos movimientos que promuevan el lobby valenciano. Pero realmente, hay una manía en muchas personas de la capital de la Comunitat Valenciana: erigirse muchas veces una representatividad de toda la Comunitat y realmente luego representan únicamente los intereses del área metropolitana de València: ni los de ciudades más lejanas y mucho menos de la provincia de Alicante. Bien lo decía hace unos días el director de Información, “Alicante necesita un lobby”. Realmente lo necesita. Alicante primero tiene que pedir permiso a Valencia para reclamar algo a Madrid.

En tercer lugar, el problema burocrático. De todas las lecturas de la temática, sólamente he visto una que ha puesto el dedo en la llaga. La ejecución presupuestaria. Una cosa es lo que se presupuesta y otra bien distinta es lo que se llega a ejecutar. Y es que tenemos un grave problema burocrático en España, que en plena etapa de transformación digital que viven los diferentes sectores económicos no se ha aprovechado en las Administraciones Públicas. La Administración ha trasladado su sistema burocrático para trasladar esos procedimientos a la administración digital. Pero, más grave todavía: con cualquier funcionario que preguntes opinión con unos cuantos trienios, te contará que cada vez hay más y más burocracia. Antes comentaba el proceso de elaboración presupuestaria. Se pasa medio año para crear un presupuesto, pero es que, en la mayoría de administraciones, normalmente no se puede ejecutar hasta comenzar febrero y posteriormente, se empieza a cerrar el presupuesto en el mes de octubre. Por lo que, realmente, el sistema presupuestario anual que tenemos, junto a los problemas burocráticos, la gran litigiosidad en la contratación pública, hace que no se pueda ejecutar gran parte del presupuesto que se tiene.

Para concluir, como en España no se comience a trabajar en presupuestos plurianuales como hace la Comisión Europea, se agilicen los procedimientos de contratación y se automaticen muchos procesos haciendo una verdadera transformación digital de la Administración, mucho me temo que vamos a seguir viendo los escasos porcentajes de ejecución de presupuestos públicos en muchas administraciones. Y desde el punto de vista político, si no se tienen representantes con capacidad de toma de decisiones en las cúpulas políticas difícilmente se puede corregir esta injusticia presupuestaria. Otra cosa es que tuviésemos un sistema de representación política con circunscripciones electorales más pequeñas y listas abiertas. Ese sería otro cantar.