Los pisos turísticos no son los culpables

Una de las principales obsesiones de la moda antiturista que, desde hace unos años, se ha extendido por España es el supuesto daño que para la sociedad española tiene la existencia de viviendas que sus dueños deciden alquilarlas por días sueltos en uso de su derecho de propiedad y de la libertad de empresa reconocida en la Constitución Española. Vaya por delante que los pisos turísticos han existido desde siempre en España. Hasta hace unos años el portero de la finca o un cartel colgado en una terraza suponía el modo de alquilar una vivienda en un edificio para pasar unos días de vacaciones, ya fuera en la montaña, en el campo o en la playa. Todo cambió con el nacimiento de internet y de páginas web dedicadas a poner en contacto a dueños de estos pisos y a posibles huéspedes a cambio de una pequeña comisión. La principal diferencia entre ambas épocas es que los propietarios de estas viviendas, en la actualidad, pagan impuestos por su actividad mientras que cuando se hacía de palabra la transacción se hacía en negro. Las páginas web de intermediación están obligadas por Hacienda a presentar todos los años el Modelo 179 por el cual informan sobre los ingresos que han obtenido los dueños de los pisos turísticos gracias a su intermediación, así como el registro catastral de cada piso, la identidad del propietario y, en su caso, de la persona que lo explota.

La mayor parte de estos pisos se encuentran en el centro de las ciudades y cerca de los lugares turísticos como museos o Iglesias medievales. Barrios en los que hasta hace pocos años campaban a sus anchas la delincuencia y el tráfico de drogas se han convertido, gracias a la llegada de turistas y al colectivo LGTBi, que apostaron por regenerar edificios enteros, en lugares de atracción para galerías de arte, despachos de arquitectos y restaurantes decorados por conocidos diseñadores y también para que estudiantes extranjeros, viajeros y trabajadores enviados por sus empresas pasen unos días o semanas en un piso turístico. Los antituristas achacan a la llegada de viajeros de otros países la desaparición del comercio tradicional. Tal vez se refieran a esas tiendas y colmados grasientos que había en el centro de las ciudades en los años 80 regentados por malhumorados que cuando entraba a comprar algo me decían ‘qué quieres niño’ con malas maneras. Unas tiendas cierran y otras abren. Los que han sabido adaptarse a una nueva sociedad regida por la igualdad de género, internet y han entendido que el servicio a los demás no es algo denigrante han logrado sobrevivir al paso del tiempo.

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Se alzan voces contrarias a que los extranjeros compren casas en el centro de las ciudades. Partiendo de la base de que me parece una idea racista y xenófoba, además, sería contraria a las reglas fundamentales en que se basa la Unión Europea. Un estudio reciente de un diario digital de la ciudad de Valencia ha demostrado que en el barrio de Ruzafa, que ha sido puesto como ejemplo de invasión turística, existen 124 pisos turísticos lo que supone el 2,4% del total de viviendas de este barrio. Porcentaje que según el INE se amplía al 3% cuando se refiere al total de la ciudad. Siento aguar la fiesta a los antituristas pero el 3% no puede tener la culpa ni de los precios de venta ni de los precios de alquiler en la ciudad de Valencia. También, según el INE, en Valencia hay 28.439 pisos sin utilizar. En la provincia de Alicante hay 209.000 viviendas vacías y en España casi 4 millones. Ese es el problema. Los propietarios tienen la convicción, que con toda seguridad no es real, que si un inquilino no paga la renta es muy difícil desahuciarlo por que la ley lo protege.

Para los políticos incompetentes de ciudades españolas que no quieren intentar solucionar el problema de la vivienda resulta muy fácil echar la culpa de la falta de viviendas en alquiler a los pisos turísticos. La realidad, sin embargo, se impone. Para crear un banco público de casas en alquiler a las que accedan las familias con rentas más bajas hace falta saber de urbanismo y ganas de implicarse. Pero claro, es más fácil subir a diario fotografías a Instagram o eslóganes a las redes sociales.

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Si el comercio tradicional desaparece del centro de las ciudades es porque los españoles nunca entramos en ellos. Todos los que se quejan de que en las cuatro calles en las que se mueven cierran tiendas que llevaban muchos años abiertas es o porque no tienen relevo generacional o porque los llamados urbanitas realizan todas su compras por internet. Incluso la del supermercado. En realidad gracias a los turistas muchas tiendas del centro de las ciudades logran seguir abiertas e incluso en ocasiones, gracias a hacerse virales por internet, consiguen afluencia de público y ventas espectaculares. Visitantes que dejan divisas y compran productos con su correspondiente IVA que ayudan a miles de españoles a pagar sus facturas todos los meses y a que Hacienda recaude los recursos suficientes para pagar, por ejemplo, las pensiones, los salarios de funcionarios y los autobuses que utilizan los cascarrabias antituristas.