El ariete valenciano

Hace unos días el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, pidió en Nueva Economía Fórum que la Comunidad Valenciana se «conjurase» en defensa de la ampliación del Puerto de València. Confieso que me agrada, y mucho, la idea, pero siempre y cuando no entendamos la conjura como un acuerdo secreto contra algo o contra alguien, porque si la Comunidad Valenciana necesita algo es precisamente dejarse ver, salir de la clandestinidad, contar todo lo que tenemos (y lo que no) y, como dije en un foro organizado por este periódico, estar en las instituciones en las que se toman las decisiones para asegurar que no nos metan un gol.

Necesitamos ponernos de acuerdo en aquello que beneficia a nuestra Comunidad en su conjunto, no sólo a una parte, trazar una estrategia para que nuestro territorio no sea el gran olvidado, hacernos notar, que se nos respete, y la CEV se ha propuesto ser el ariete valenciano, uno más, para conseguirlo.

Empecemos por modificar aquello que ya sabemos que es injusto. No hay excusas para no cambiar el sistema de financiación, simplemente esperamos el mismo «cariño» con el que se ha negociado con algunos partidos catalanes. El PSOE ha cerrado un acuerdo de gobierno con ERC que incluye medidas económicas como la condonación de 15.000 millones de deuda. No seré yo quien diga que condonar la deuda generada por la infrafinanciación me parezca mal, pero, señores, la Comunidad Valenciana lleva reclamándolo mucho tiempo y siempre se ha respondido con evasivas. Ahora parece que, si para mantenerse en el Gobierno, hay que condonar la deuda entonces sí que es posible. Lástima que los diputados valencianos no defiendan los intereses valencianos con el mismo ímpetu que lo hacen los de otras comunidades autónomas.

Lástima que los diputados no defiendan los intereses valencianos con el mismo ímpetu que los de otras comunidades

No esperemos a conocer los nuevos Presupuestos Generales del Estado para reaccionar. Que no de la sensación de que nos conformamos con lo que hay. Miramos al futuro «con ambición y con esperanza», justo como reza el acuerdo de gobierno del PSOE y Sumar. Por ello nos resistimos a que aparezca de nuevo Alicante a la cola en inversiones.

A un Gobierno que presume de garantizar la igualdad de oportunidades y que ha prometido una política territorial más justa y eficaz, habrá que recordarle, desde ya mismo, que la renta per cápita de los alicantinos lleva estancada más de 20 años, y se ha ido alejando del promedio español y de la zona euro y, que a pesar de estas cifras, los Presupuestos Generales del Estado, la herramienta que podrían utilizar las administraciones para reequilibrar estas desventajas, cada vez son más injustos con la provincia. Hoy por hoy, pertenecer a una comunidad o a otra implica tener, o no, ciertos privilegios sociales, a pesar de que el artículo 139 de nuestra Constitución recoge que «todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado». Obligaciones puede ser; pero derechos, con un sistema de financiación tan injusto y unas inversiones tan alejadas del peso alicantino en el PIB, permítanme que lo ponga en duda.

Podemos también recordarle lo injusto que es al negar el agua que necesitan nuestros agricultores, nuestro turismo o nuestra industria. Como decía al inicio de este artículo, ya está bien de pasar desapercibidos. Nuestra Comunidad destaca por superar la media nacional en cuanto a la reutilización de aguas depuradas y poco o nada presumimos de ello. En este sentido, es relevante señalar que la provincia de Alicante alcanza una tasa del 72%, y la comarca de la Vega Baja logra un impresionante 100% de reutilización. Esta situación nos otorga la legitimidad necesaria para objetar ante las continuas reducciones en el trasvase Tajo-Segura y exigir un Pacto Nacional del Agua basado en evaluaciones técnicas, despojado de influencias ideológicas.

El inicio de una nueva legislatura parece el momento ideal para que estos tres temas, la financiación, las inversiones y el agua para Alicante entren en la agenda del nuevo Gobierno. De entre todo lo que nos preocupa esto debe ser lo prioritario. No queremos que la defensa de nuestros justos intereses sea desatendida, cuando no ninguneada, por evitar conflictos en otros territorios. Reclamamos lo justo y eso no tiene por qué perjudicar al resto. Tenemos que hacer entender al resto de comunidades autónomas lo justo y razonable de nuestras exigencias.

Pero también nosotros tenemos una responsabilidad. No podemos caer en errores del pasado. Cuando nos dejamos guiar por personalismos, en lugar de por argumentos, perdemos de vista la objetividad y esto puede llevar a juicios injustos y conflictos innecesarios, a generar rivalidades y desconfianza que serán aprovechadas por los que nos niegan la financiación, las inversiones y el agua que nos corresponde.

Hasta el momento parece que no hemos sabido jugar bien nuestras cartas. Hagámoslo a partir de ahora. La colaboración y la unidad son las claves para ser más visibles, más respetados y más influyentes.