Terrorismo y amnistía

Establece la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2017 que “los actos terroristas constituyen una de las violaciones más graves de los valores universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y el disfrute de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, en los que se basa la Unión. También representan uno de los ataques más graves contra la democracia y el Estado de Derecho, principios que son comunes a los Estados miembros y en los que se fundamenta la Unión”.

En el mismo sentido se expresa la ONU en la Resolución 2178 (2014) de 24 de septiembre de 2014 del Consejo de Seguridad que afirma “que el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones constituye una de las amenazas más graves para la paz y la seguridad internacionales y que los actos de terrorismo son criminales e injustificables, cualquiera que sea su motivación y dondequiera y por quienquiera que sean cometidos”.

El art. 573 de nuestro Código Penal, determina que “se considerará delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, de falsedad documental, contra la Corona, de atentado y tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos, previstos en el presente Código, y el apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de transporte colectivo o de mercancías, cuando se llevaran a cabo con cualquiera de las siguientes finalidades:

1.ª Subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.

2.ª Alterar gravemente la paz pública”.

El proyecto de ley de amnistía, pactado por el PSOE y JUNTS, establece que el terrorismo será amnistiable, a salvo aquellos delitos (de esta naturaleza) “que de forma manifiesta y con intención directa hayan causado violaciones graves de los derechos humanos”. Es decir, que se viene a diferenciar, contra la regla general, que hay un terrorismo que atenta contra los derechos humanos y otro que no los vulnera, siendo este último susceptible de ser amnistiado.

Resulta, pues, de una evidencia palmaria que la proyectada ley de amnistía reduce de modo sensible el concepto de terrorismo con las consecuencias que puede conllevar una decisión que, para favorecer un interés puramente político, afecte a la misma seguridad del Estado y de la ciudadanía. Mientras el mundo entero se arma para protegerse de este fenómeno que, en sí mismo, al margen de las motivaciones que amparen los actos calificables como terroristas, supone como tal una grave lesión de los derechos humanos, España se apresta a reducir el ámbito de aplicación de la ley reduciendo a otros tipos penales lo que internacionalmente se considera terrorismo o, simplemente, los ignora y considera dignos de ser perdonados al atribuirles naturaleza política, una visión que siempre fue la propia de los grupos que optaron por el terrorismo como forma de alcanzar sus objetivos.

Vista la legalidad, no parece pacífico que pueda prosperar en el futuro, ante las instancias nacionales e internacionales esta norma. La ley acordada por PSOE y JUNTS asume y promueve la amnistía de delitos que son o pueden ser terroristas, lo que compete decidir a los tribunales, no a los partidos o los medios de comunicación. La gravedad de los hechos no determina la naturaleza de este delito, que es lo que es conforme a las previsiones legales y convencionales. El terrorismo, todo él, al margen de cualquier consideración, atenta gravemente contra los derechos humanos. No hay ningún terrorismo que no afecte a los valores protegidos por tales derechos. Matar es terrorismo, pero volar puentes, catedrales etc…con fines que se enmarcan en el concepto de terrorismo, también lo es.

Diferenciar entre un terrorismo malo y otro merecedor de la piedad política, es un esperpento jurídico y peligroso para el futuro. Si se avanza en esta dirección habrá que despenalizar ese terrorismo caritativo, porque no mata. No tiene el gobierno otra solución que hacerlo y modificar el Código Penal como ya hizo con la sedición y la malversación. Sin reformar el Código Penal le resultará imposible amnistiar delitos que son terroristas aunque no tengan una determinada gravedad. Y ese paso, en tanto el terrorismo preocupa al mundo y a nosotros nos costó doscientas vidas en 2004 derivadas de lo que universalmente constituye un riesgo latente, se traduciría en eludir cautelas necesarias y solo por una decisión política interesada.

El futuro, por tanto, es aciago y no sólo porque es dudoso que los tribunales españoles y europeos se presten a una maniobra que desproteja a la sociedad frente a la violencia de inspiración terrorista, sino porque tal actitud, se insiste interesada, puede abrir la puerta para que organizaciones terroristas se instalen en España y desde aquí desarrollen actividades que en otros lugares serían reprimidas con dureza. No puede España bajar la guardia ante el terrorismo solo porque conviene a una estrategia política que el PSOE, este nuevo PSOE, ha descubierto en seis meses como la solución a problemas seculares que en sí mismos, como sostenía Ortega y Gasset, ni ellos, los independentistas, conocen.

Muchos son los pasos dados que van a encontrar obstáculos serios. Incluso asumiendo que la amnistía fuera constitucional, es tal la extensión y ambigüedad e indeterminación que se le quiere dar, que la misma ambición de los autoamnistiados puede hacerla fracasar generando mayores problemas. No puede la política estar por encima de la ley. Al menos en una democracia sin calificativos peligrosos.