Los imputados del PP sentados en su escaño de Las Cortes «perjudican» la imagen del partido, pero les corresponde a ellos decidir si entregar el acta o aferrarse a ella. El vicepresidente del Consell, José Císcar, bregó ayer con un turno de preguntas cargado de cuestiones sobre la corrupción que salpica a su partido en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, escenario en el que volvió a incidir en que él dejaría su escaño en el caso de ser investigado por un juzgado, en relación a las diputadas autonómicas del PP Milagrosa Martínez y Angélica Such, procesadas en el caso Gürtel y, todavía, diputadas del PP. «Perjudica a la imagen pública del conjunto de políticos en general, y por supuesto también» del PP, algo que «preocupa» al partido, según el también presidente del PP alicantino. No obstante, aclaró que abandonar el escaño «no es una inculpación» y que se es inocente hasta que haya «sentencia condenatoria firme».
El vicepresidente indicó que no hay «ninguna novedad digna de mención» sobre la situación dentro del grupo parlamentario popular de las dos exconselleras, que a partir del 31 de marzo serán jugadas por los contratos de la Generalitat con la trama Gürtel para Fitur. Según el portavoz del Gobierno valenciano, son «los primeros interesados», junto a los ciudadanos, en que se aclaren estas cuestiones y en que «toda esta fama» que están teniendo deje de ser «generalizada», porque «no es cierta», de manera que ha apelado a que la justicia pueda actuar «con mucha más rapidez». «Si se demuestra que alguien ha cometido algún ilícito penal, que se le aplique la pena correspondiente que contempla el Código Penal, sea político o sea de otro ámbito».
Preguntado sobre si dejar el escaño por parte de los imputados beneficiaría a la imagen del partido, indicó que «evidentemente, la imagen ya no es la misma».
Otra pregunta de los periodistas inquirió a Císcar sobre si, como presidente provincial del PP de Alicante, le ha pedido a una diputada de su demarcación que deje el escaño, a lo que respondió que su obligación es aplicar los estatutos del partido, que son de ámbito nacional, y que se aplican en cada caso.
Personación como afectado
Por otra parte, sobre la investigación judicial de la visita del Papa a Valencia en 2006, Císcar indicó que el juez es el que conoce «mejor que nadie» si puede haber algún perjuicio a las arcas públicas y tiene «la obligación» de ofrecer la personación, y si así lo plantea a la Generalitat, «casi con toda seguridad» ésta se personará a pesar de que lo hará la Fiscalía.
Respecto al presidente de las Cortes, Juan Cotino, el vicepresidente declaró que en estos momentos no «tiene ninguna imputación judicial», por lo que su situación es similar a la de cualquier otro cargo público. «Se está hablando, por distintas circunstancias, del presidente de las Cortes porque es testigo en algunos asuntos judiciales y, por lo tanto, colabora con la justicia», apuntó Císcar, a lo que añadió «pero no hay nada más, no hay absolutamente nada más», en referencia a su citación como testigo en el denominado «caso Emarsa» y por la apertura de una investigación judicial sobre la supuesta denuncia falsa interpuesta por una persona que aseguró sufrir un chantaje, aunque la víctima era Cotino, informa Europa Press.
Destacó también el «esfuerzo» del president de la Generalitat, Alberto Fabra, con el valenciano, lengua que utiliza «en los actos más relevantes que se pueden dar» para un jefe del Ejecutivo autonómico, entre los que señaló los debates de Política General, discursos institucionales del 9 d'Octubre o el discurso de Año Nuevo.
«Es cierto, como reconoció Fabra, que pertenece a una generación en la cual en la educación valenciana aún no se podía estudiar el valenciano», concluyó José Císcar.
