Desde hace cinco años, la organización del PP en la Comunidad Valenciana vive atenazada por los efectos de la trama Gürtel, una red corrupta que los populares habrían utilizado, como figura en los informes elaboradores por la Policía y la Agencia Tributaria, para financiarse en las campañas electorales de 2007 -comicios autonómicos en los que Francisco Camps se convirtió en el dirigente político más votado de la historia de la Comunidad- y en las generales de 2008, la segunda vez que Mariano Rajoy se enfrentó, sin éxito, al socialista Zapatero por la presidencia del Gobierno.
En esos dos comicios, los informes de la Policía revelan que la cúpula regional del PP habría realizado pagos «en dinero negro» a Orange Market, la filial valenciana de la trama corrupta que, a su vez, cobraba supuestamente parte de sus servicios al PP facturando a grandes constructuras -entre ellas la del alicantino Enrique Ortiz- y recibía suculentas contratas de la administración valenciana como los estands que la Comunidad Valenciana montó en Fitur entre los años 2005 y 2009.
Desde entonces, la obsesión de los populares valencianos pasa por intentar sortear ese problema. Fabra quiere tratar de ofrecer la «imagen» de limpieza en las filas del PP con la intención de presentarse a los ciudadanos en los comicios de 2015 con opciones de mantener la Generalitat. En su día, se ordenó una auditoría interna de las cuentas regionales del PP y en Alicante se puso en marcha un plan de austeridad para saldar las deudas pendientes.
