A las diez menos diez de la mañana llegaba con traje oscuro y sonriente -como suele ser habitual en él- a su cita en el juzgado de Instrucción número 6 de Alicante el empresario más conocido de la ciudad. Enrique Ortiz prestó ayer declaración durante casi tres horas ante el juez que instruye el caso Rabasa, Juan Carlos Cerón, ante el que admitió haber gestionado en octubre de 2008 un jet privado para que el exalcalde Luis Díaz Alperi regresase a Alicante desde Oporto tras el viaje que realizó con la entonces alcaldesa Sonia Castedo para conocer las instalaciones de Ikea en esa ciudad portuguesa.
Según Ortiz, Alperi le pidió el vuelo para poder volver del viaje a Oporto y por ello comenzó a gestionarlo con el empresario Vicente Cotino, sobrino del exconseller y expresidente de las Corts, Juan Cotino.
Una de las conversaciones registradas por la Policía recoge ese pasaje, en el que Alperi le pide el avión tras informarle de que se va con la regidora Sonia Castedo a Oporto y que necesitan el viaje de vuelta desde Santiago de Compostela. Ortiz declaró que no llegó a culminar esta gestión porque el propio Alperi le dijo que ya no hacía falta y que volverían en un vuelo regular. El promotor negó que pagara un solo euro de ese viaje.
Para el letrado de EU, José Luis Romero, «llama la atención que exista la conversación en la que Alperi pide el avión pero no la conversación en la que le dice que ya no lo quiere», algo que Ortiz explicó afirmando que tiene más teléfonos y que le llamaría a otro.
«Negociaciones»
Ortiz era el primer interesado en que la multinacional agilizara su llegada a Alicante para instalarse en terrenos de Rabasa de su propiedad. Según los investigadores la reunión con los responsables de la multinacional sirvió para que Castedo y Alperi negociaran la llegada de la firma a Alicante bajo los intereses del promotor.
El empresario está imputado por los delitos de tráfico de influencias y cohecho, así como por su implicación como cooperador en otro delito de prevaricación. Ayer respondió a las preguntas del juez y del fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, así como a las defensas, y no contestó, en la línea del resto de imputados por el caso Rabasa, a las dos acusaciones populares, ejercidas por EU y PSOE.
Enrique Ortiz afirmó que su «obligación como agente urbanizador» era «ir detrás de políticos para defender la aprobación de sus proyectos. Asimismo, admitió su relación personal con los exalcaldes Díaz Alperi y Castedo, con los que dijo que mantenía una «amistad normal».
Preguntado por los regalos que hacía a políticos el constructor señaló que ese tipo de detalles era «algo normal» por Navidad. Una de las conversaciones recogidas por la Policía en su informe sobre Rabasa revela que el promotor trasladó a su esposa -quien compraba los regalos- que en las navidades de 2008 había que hacer regalo «a todas las concejalas del PP».
Admitió que le compró un bolso a la jefa jurídica de Urbanismo, Isabel CamposAdmitió que le compró un bolso a la jefa jurídica de Urbanismo,, si bien dijo que no le constaba si éste fue devuelto, tal y como un día antes declaró la funcionaria municipal. En cuanto a los pagarés que Campos le ofreció por valor de siete millones propiedad de su marido, Ortiz aseguró que no recordaba esa conversación.
Lo qué sí recordó es por qué le dijo a su sobrina el 27 de junio de 2009 que no sabía si le iba a poder dejar el velero que le pidió, propiedad de una de sus sociedades: Actuaciones Litorales S.L. Ortiz le explicó a su sobrina que lo iba a sacar probablemente por la noche para ver los fuegos artificiales el exportavoz socialista Blas Bernal «porque aunque sea mío, es de él», según recoge una conversación que captó la Policía. Preguntado ayer por si regaló un velero a Bernal, el constructor lo negó y explicó que le dijo a su sobrina que era de Bernal para no tener que dejárselo.
La Policía concluye en su informe sobre Rabasa que el promotor regaló un velero a Bernal,
presuntamente, «como pago a los importantes servicios prestados por su parte respecto a la aprobación del Plan Parcial». Esta conclusión del informe hace referencia al acuerdo del pleno de Alicante el 26 de abril de 2005 en el que los socialistas, con Bernal como portavoz, se sumaron al PP y votaron a favor de adjudicar a Ortiz el Plan Rabasa.
También salieron a relucir las famosas tarjetas de párking con las que, según la Policía, el promotor obsequiaba a políticos y técnicos tarjetas de párking. La declaración de Ortiz es que se entregaban desde hacía años a Alcaldía por la sociedad que explotaba el aparcamiento, una explicación que coincidió con lo previamente declarado por Castedo y Enrique Sanus, ambos imputados en el caso Rabasa junto a Campos, entre otros.
