La Diputación de Alicante presentará públicamente el próximo lunes su nuevo plan inversor con el que hará llegar 30 millones de euros a los municipios alicantinos bajo el nombre +Cerca 2020/2021. Los recursos se distribuirán siguiendo principalmente criterios de población entre las 141 localidades de la provincia, priorizando en el reparto a los municipios más pequeños. Financiado íntegramente con remanentes de tesorería una vez que el Gobierno ha aprobado la suspensión de las reglas fiscales, el nuevo programa que la Diputación va a lanzar es, en la práctica, la alternativa al Fondo de Cooperación del Consell y a los planes financieramente sostenibles que se han ejecutado en los últimos cuatro años. Subvencionado íntegramente por la institución provincial, este proyecto nace en medio de un pulso político del presidente de la institución, Carlos Mazón, y el jefe del Consell, Ximo Puig, ante la negativa del dirigente provincial de sumarse al Fondo de Cooperación que impulsa la Generalitat. Como contrapartida, Mazón ha dado luz verde a esta partida, con el respaldo de sus dos socios de Ciudadanos, para ir un paso más lejos y dejar sin argumentos a los socialistas, puesto que los alcaldes tendrán autonomía y libertad para decidir si dedican los recursos a gasto corriente o a inversión.
Esta propuesta destaca también por las nuevas líneas de ayudas dirigidas a las administraciones locales. Como novedad, los regidores podrán financiar obras en cementerios, rehabilitación del patrimonio o adquisición, derribo y ampliación de solares que los planes financieramente sostenibles no recogían. «Es un concepto completamente novedoso porque hemos recogido las inquietudes de los alcaldes, que nos insistían en la necesidad de hacer cementerios y poder comprar solares, sobre todo en cascos antiguos. Nos hemos reunido con muchos ayuntamientos para poder sacarlo adelante», dijo ayer el diputado de Infraestructuras y portavoz de Ciudadanos, Javier Gutiérrez.
El PP defiende que la propuesta del Consell bloquea la autonomía presupuestaria de la Diputación y no incide en las necesidades reales de los municipios. Esta es, en definitiva, la respuesta de Mazón a la batalla política que mantiene con la Generalitat por el Fondo de Cooperación. Lo ha hecho a través de una iniciativa que da prioridad a los pequeños municipios y más libertad a los alcaldes para decidir en qué gastar los recursos, con similares criterios al plan Planifica que contó con el respaldo del PSOE y de Compromís. Además, es un proyecto dirigido por el diputado de Infraestructuras y portavoz de Ciudadanos, Javier Gutiérrez, por lo que Mazón se garantiza también el apoyo del síndic de la formación naranja, Toni Cantó. Es una jugada redonda para mantener un reparto controlado de sus fondos evitando los criterios que marca la Generalitat y, a la vez, exhibir la unidad de su pacto de gobierno, pese a los constantes acercamientos de Puig y Cantó.
A través de este nuevo plan provincial se distribuirán por primera vez dos millones de euros con criterios de despoblación entre los 102 municipios alicantinos que han perdido habitantes en los últimos diez años. Otra de las novedades es que las subvenciones no requieren aportación de los ayuntamientos puesto que la Diputación financia el 100%. En los municipios de más de 1.000 habitantes la institución provincial se encargará de la redacción y dirección del proyecto y de la dirección de la obra.
El Plan +Cerca de la Diputación hará llegar 30 millones de euros a los pueblos con criterios similares a los del Plan Planifica
El pleno de la Diputación aprobó el miércoles una modificación de crédito para impulsar este programa de subvenciones por valor de 30 millones de euros, una propuesta que contó con los votos a favor de PP, PSPV y Ciudadanos y la abstención de Compromís. En la misma sesión también se dotó una partida de 7,6 millones de euros destinada a los municipios que se vieron afectados por el temporal de la DANA. El diputado de Infraestructuras explicó ayer a este medio que «debemos sentirnos orgullosos porque esta Diputación va a hacer llegar a todos nuestros pueblos más de 37 millones de euros en base a los principios de autonomía y libertad para los municipios, flexibilidad, objetividad y transparencia». Gutiérrez incidió en que «ese es el modelo de reparto de fondos por el que apuesta este equipo de gobierno». La modificación de crédito se someterá a exposición quince días y en diciembre se aprobarán de nuevo en el pleno las bases de la convocatoria, abriéndose entonces el plazo para que los ayuntamientos puedan presentar sus solicitudes.
El Plan + Cerca 2020/2021 está gestionado por los departamentos de Planes y Obras Municipales y Asistencia a Municipios. Según el titular de Infraestructuras, «este proyecto responde a una demanda de los ayuntamientos para que llegue la inversión con los mejores requisitos». El diputado señaló que este programa inversor se ha elaborado «en tiempo récord», una vez que el Gobierno central ha autorizado el uso del remanente. En su opinión, «este es un ejemplo de cómo se puede repartir el dinero respetando la autonomía local y tratando de evitar la creación de chiringuitos».
Carlos Mazón agilizó la tramitación una vez que el pleno del Consell aprobó el anteproyecto de ley que regula el Fondo de Cooperación Municipal para forzar a la Diputación a sumarse. Los municipios de la provincia de Alicante no han ingresado durante cinco años la mitad del dinero de este programa autonómico como consecuencia de la batalla que mantienen PP y PSPV. Es la única gran institución de la Comunidad Valenciana que ha rechazado sumarse, por lo que los consistorios alicantinos han recibido la mitad del dinero que los de Valencia y Castellón, cuyas diputaciones sí se han sumado a la iniciativa autonómica. Tras anunciar que estudiará el anteproyecto de ley para evaluar los efectos que esta norma podría tener en la gestión de la institución provincial y en su autonomía y competencias, Carlos Mazón ha dado un vuelta de tuerca al conflicto con un plan alternativo que beneficia a los pequeños municipios y atiende la mayoría de exigencias que los socialistas han reiterado tanto en las Cortes como en el Palacio Provincial. La Diputación viene impulsando desde hace años un fondo provincial propio, dotado con 14 millones de euros y ahora el equipo de gobierno lo ha utilizado como base para fijar nuevos criterios de reparto como contraataque político.
Lejos de convertirse en un punto de encuentro entre los grupos políticos, el inicio de la tramitación ha nacido envuelto en la crispación. PP y Ciudadanos no han encontrado la vía para aplacar los enfrentamientos con el bloque de izquierdas. Los portavoces de PSPV y Compromís están molestos y así lo han evidenciado al denunciar que se trata del mismo plan de los últimos años con la diferencia de que ahora el Gobierno permite utilizar los remanentes para gasto corriente. Dicen desde la bancada de la izquierda que «lo esperable es que los remanentes se utilicen para ayudas a los pueblos».
El plan que ha impulsado el equipo de Gobierno incluye por primera vez el criterio de despoblación, por lo que se distribuirán dos millones entre 102 municipios
Tanto los diputados del PSPV como el portavoz de Compromís han celebrado la utilización de los remanentes para inversiones financieramente sostenibles y gasto corriente, y han expresado su voluntad de apoyar cualquier propuesta que mejore la financiación de los ayuntamientos, aunque acusan al equipo de gobierno de «fracasar» en su intento de convertirse en una administración eficaz y eficiente en la utilización de los recursos de la provincia al no haber aprobado todavía las bases de la convocatoria.
El portavoz socialista, Toni Francés, ha insistido en que no es un plan nuevo, «porque son las financieramente de todos los años y que hacen todas las diputaciones, pero el doble porque se añade lo que este año no se ha aprobado». Francés ha hecho una llamada de atención al equipo de gobierno: «La autonomía y libertad de los municipios es que no tengan que pedir la subvención, ni presentar proyectos, ni estar justificando, sino que ese dinero se transfiera para incorporarlo a sus presupuestos y hacer lo que consideren necesario sin rendir cuentas a nadie». Por su parte, el diputado de Compromís, Gerard Fullana, ha acusado al equipo de gobierno de anunciar públicamente este plan antes de darlo a conocer a los grupos de la oposición y de venderlo con una nueva propuesta de inversiones, «cuando es lo mismo de todos los años».
Más contratos para personas con discapacidad
La Diputación incluirá criterios que favorezcan una contratación pública socialmente más responsable, dedicando para ello al menos un 7% de sus procedimientos de adjudicación de determinados contratos o lotes a centros especiales de empleo de iniciativa social y a empresas de inserción. La Comisión de Contratación ha aprobado esta iniciativa con la que se favorecerá la empleabilidad de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social, tal y como destacó el diputado responsable del área, Juan de Dios Navarro.
