Carlos Mazón aprovechó este lunes su puesta de largo en las Cortes Valencianas para señalar a su principal enemigo político. Consciente de que Ximo Puig está sorteando la pandemia sin pagar demasiados peajes, el líder provincial dedicó su primera intervención en el Parlamento autonómico a poner sus cartas sobre la mesa y demostrar su voluntad por deteriorar la imagen de quien se ha convertido en su principal adversario, tratando de mantenerse en todo momento en un plano de igualdad con el líder de los socialistas valencianos.
Esta primera comparecencia tenía un especial protagonismo por el contexto en el que se desarrollaba. Tan solo tres días después de presentar nada menos que 12.000 avales como demostración de fuerza de cara al congreso regional en el que, previsiblemente, tomará las riendas del PP valenciano, Mazón, que permanece anclado en una continua campaña electoral, evidenció con claridad su deseo de ser protagonista en la escena autonómica. Lo hizo a través del debate del Fondo de Cooperación, dentro de la fase de participación ciudadana previa a la tramitación del proyecto de Ley que el Consell ha impulsado para obligar a la Diputación de Alicante a transferir 13,7 millones anuales a los municipios alicantinos y dejar atrás el boicot de los últimos cinco años, por el que la provincia no ha ingresado casi 70 millones. En teoría este era el tema a debatir pero en el trasfondo estaba el pulso de Carlos Mazón por marcar posiciones contra Puig y buscar un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, ahora que su aspiración es convertirse en el presidente de la Generalitat.
La pugna partidista subió de tono durante la comisión de Justicia celebrada este lunes en las Cortes. Durante su intervención, el presidente de la Diputación apostó por dos puntos clave: la voluntariedad de adscripción al Fondo de Cooperación, frente a la obligatoriedad que propone el Consell con esta ley, y el reparto de los fondos siguiendo un criterio poblacional que beneficie a los municipios más pequeños, similar al Plan Más Cerca de la Diputación. En su alocución, el dirigente alicantino afeó al presidente de la Generalitat por lo que considera un sistema de imposición del reparto de fondos, aunque lo cierto es que durante los cinco años en los que este fondo no era obligatorio la Diputación tampoco quiso sumarse. A su vez, el decreto permitía que la institución aplicara su propio criterio de reparto y aún así el PP lo rechazó.
La falta de diálogo entre la Generalitat y las diputaciones fue uno de los motivos esgrimidos por los populares ante el retraso de más de un año en la convocatoria de la comisión bilateral prometida por Puig para acercar posiciones respecto a este tema. Mazón pidió al Consell que paralice este «atropello» porque lo considera una falta de respeto a las entidades locales y a su autonomía financiera y reiteró en varias ocasiones que no puede existir la tan anhelada cogobernanza «desde la imposición». El dirigente popular planteó su defensa desde la disyuntiva entre el Fondo de Cooperación y su plan inversor Más Cerca, pese a que los alcaldes socialistas han insistido en multitud de ocasiones en que no quieren renunciar a ninguno de estos programas y que lo que exigen son más recursos y no tener que elegir entre uno o el otro. El presidente de la Diputación acusó a Ximo Puig de mentirle por articular el proyecto de Ley sin un acuerdo e hizo hincapié en que el sistema alternativo que se ha puesto en marcha desde la institución provincial con el Plan + Cerca, dotado con 30 millones, y aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos, duplica los fondos que la Generalitat pide poner encima de la mesa. En el transcurso de la sesión, que se prolongó durante cinco horas, Mazón reclamó que se consideren los criterios de distribución que beneficien a las localidades con menor número de habitantes, y con mayor riesgo de despoblación, al tiempo que instó al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, a convocar, con urgencia, la comisión bilateral. Después de contestar a las diferentes preguntas formuladas por los representantes de los grupos parlamentarios en las Cortes, el portavoz del equipo de gobierno Adrián Ballester apuntaló los argumentos del PP y recalcó que la institución presta apoyo financiero a los 141 municipios a través de sus programas inversores. Desde el punto de vista del PP, esta Ley implica una doble imposición: por un lado, para asumir las competencias impropias a costa de los presupuestos y, por otro lado, para forzarles a aportar más dinero.
Agravio a los municipios
El PSOE salió en estampida a denunciar el agravio que están sufriendo los municipios alicantinos por el boicot del PP. El diputado socialista y secretario general del partido en la provincia, José Chulvi, preguntó a Mazón si había ido a las Cortes a poner en valor el modelo Zaplana, «que solo da fondos a quienes le rinden pleitesía» y le recriminó «su deuda» de casi 70 millones con los ayuntamientos de Alicante. En este sentido, Chulvi acusó a los populares de ser «unos morosos» con los municipios de la provincia y denunció que su posición les condena a la discriminación. En la comisión compareció también el presidente de la Diputación de València, Toni Gaspar, el presidente de la Diputación de Castellón, José Martí, la alcaldesa de Castelló de la Plana, Amparo Marco, y el alcalde de Alcoy, Toni Francés, quien denunció que la Diputación de Alicante destina un 14% de su presupuestos a transferencias directas a los pueblos mientras que la de Valencia aporta un 25% e insistió en la importancia de destinar los 70 millones de liquidación presupuestaria a este fondo.
