«En unos meses» y «en un plazo corto de tiempo». La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, volvió ayer a recurrir a dos fórmulas temporales imprecisas para evitar pisarse los dedos sobre la gran pregunta que la acosa cada vez que pone un pie en la Comunidad Valenciana: ¿Cuándo estará lista la reforma de la financiación autonómica?
Antes de intervenir en el Congreso Confederal de UGT, la también portavoz del Gobierno compareció ante los medios. No dio ninguna fecha concreta, pero sí fue un poco más precisa que en el último encuentro mantenido en marzo con el «president» Ximo Puig -con quien también coincidió ayer- y ahondó un poco más en los detalles de la hoja de ruta a la hora de desgranar los pasos que se están dando.
Entre una cita y otra, en abril, el Congreso alcanzó un acuerdo inédito que obliga al Ejecutivo central a presentar, antes de que acabe el año, una propuesta para reformular el modelo. La ministra anunció este jueves un impulso decidido a la cuestión y aseguró que su departamento ha comenzado ya a deshilar el ovillo y a perfilar algunas de las variables que compondrán el nuevo esquema de la financiación autonómica.
En ese sentido, señaló el análisis de la «población ajustada» como la cuestión nuclear en la que se centrarán los esfuerzos en los próximos meses, para definir la distribución de recursos calibrando cómo se comporta el criterio de la insularidad (que tiene su efecto en el cálculo) y otros componentes como la población de más de 65 años y la población infantil de cada territorio.
Para que los avances se produzcan a la velocidad esperada, eso sí, Montero dejó claro que primero ha de existir una «disposición» favorable por parte de los grandes partidos y de las comunidades autónomas. Si es así, incidió, los primeros resultados podrán comenzar a vislumbrarse «en un plazo de tiempo corto». Superar las confrontaciones entre territorios y las tensiones partidistas es el gran desafío a la hora de abordar la reforma. En marzo, Puig salió de su última reunión con Montero con el compromiso de que la propuesta se agilizaría y se pondría encima de la mesa en un periodo de tiempo breve, pero indefinido. Rozando el ecuador de 2021, el Gobierno dispone de seis meses para cumplir con el mandato que aprobó el Congreso hace un mes.
Montero reiteró ayer el reconocimiento de la Comunidad Valenciana como la región «peor tratada» en el actual sistema de financiación, que, a su juicio, arroja «diferencias injustificables» a corregir entre las comunidades con mejor y peor financiación per cápita.
Preguntada por el Fondo de Nivelación que reclama el Consell -con el apoyo de organismos como Fedea- para compensar los desequilibrios hasta que se apruebe el nuevo modelo, la ministra hizo hincapié en que el Gobierno ha compensado la infradotación de recursos de la Comunidad Valenciana mediante la inyección extraordinaria de casi 2.500 millones de euros que han permitido al Ejecutivo autonómico hacer frente al aumento del gasto provocado por la pandemia. «No sé si eso se podría llamar nivelación», deslizó la titular de Hacienda, que recordó que, sin esos fondos, los ingresos del territorio habrían caído un 2,45% el año pasado en lugar de aumentar un 11,2%.
Lo que pide la Generalitat, sin embargo, es un mecanismo de nivelación complementario consolidado en el tiempo y no por vía de emergencia. «Seguiremos trabajando en la financiación, pero mientras tanto seguiremos aportando recursos a las comunidades de forma incondicionada para que puedan atender todas las decisiones extraordinarias», tranquilizó Montero, poniendo el foco en la «preocupación» del Gobierno por que las autonomías no tengan problemas de tensión financiera y puedan prestar sus servicios básicos.
Dos opciones de reparto
Por otra parte, el Ministerio de Hacienda remitió ayer una carta en la que pide a las comunidades autónomas que, antes del 25 de mayo, expresen su preferencia entre dos posibles criterios planteados por el Gobierno para decidir cómo se reparte la transferencia adicional de 13.486 millones de euros correspondiente a 2021.
El departamento que dirige María Jesús Montero propone dos opciones para calcular la cuantía asignada a cada territorio: tomar como referencia el peso relativo del PIB de cada comunidad (como pide Madrid) o la población ajustada, como defiende el Consell. Según Hacienda, el objetivo es conseguir el «mayor grado de consenso» ante la «dificultad» de halla una fórmula que convenza a todas las posturas.
