La hoja de ruta diseñada por la Conselleria de Sanidad para incorporar a la gestión directa los servicios privatizados ha generado un cisma en el Botànic que está por resolver. La situación lleva encallada tres meses, que es el tiempo transcurrido desde que Ana Barceló puso en marcha la maquinaria administrativa para crear una empresa pública de salud. Esa fórmula, ideada en exclusiva por el PSPV de Ximo Puig, ha abierto una brecha con Compromís y Unides Podem, que han parado los pies al socio mayoritario del Botànic. Su oposición al proyecto ha impedido hasta ahora que se apruebe, pero, lejos de lo que esperaban, los socialistas se muestran esquivos a abrir espacios de diálogo para llegar a acuerdos alternativos, según coinciden desde ambas formaciones. En ese escenario, y con la reversión del departamento de Torrevieja a la vuelta del verano, la tensión aumenta en la coalición de izquierdas y la presión se dispara en la calle con protestas de sanitarios y sindicatos.
La validación inicial del decreto para gestar la polémica sociedad mercantil en el pleno del Consell se lleva posponiendo tres semanas por falta de acuerdo. El melón de la empresa pública ni si quiera se ha abierto formalmente en los encuentros semanales de subsecretarios autonómicos que preparan el orden del día de las reuniones de los viernes del Ejecutivo, como pretendía Sanidad. La batalla, lejos de librarse de puertas hacia adentro, se ha trasladado a las Cortes y al espacio público, aflorando hostilidades que denotan dosis de desconfianza.
Unides Podem fue el primer grupo en marcar perfil propio y lanzar un órdago al presidente, amenazando con que tumbarían cualquier intento de crear una empresa pública de salud. Los de Pilar Lima defienden que la única opción pasa por aplicar el modelo que se ejecutó en 2018 en el departamento de La Ribera, donde la plantilla ligada entonces a la mercantil Ribera Salud se integró en el organigrama de Sanidad como personal laboral a extinguir, el conocido como modelo Alzira. Los morados rechazan igualmente emplear una sociedad para pilotar el servicio de resonancias magnéticas y de farmacia en residencias sociosanitarias. Es una línea roja que, recalcan, no cruzarán. Fuentes del grupo parlamentario sostienen que seguirán presionando en el Parlamento mientras Puig no lleve a efecto lo prometido a principios de mes, que no fue otra cosa que acceder a estudiar vías alternativas para articular reversiones.
En las filas de Compromís también genera malestar que, ante un asunto de esta envergadura, y vistas las desavenencias, el PSPV no haya tendido puentes en aras a definir ya la fórmula con la que se ejecutará el cambio de rumbo en ese área de la Vega Baja y que, además, podría marcar la línea de los próximos procesos en Dénia, Manises y el Vinalopó. Fuentes del grupo parlamentario critican que se tenga a la espera a 1.400 trabajadores de Torrevieja para conocer su futuro laboral. Los valencianistas se han mostrado abiertos a conocer las ventajas que, según Sanidad, podría aportar una empresa pública, pero no han recibido explicación alguna. Por ello, mantienen que la única fórmula que conocen es la que se aplicó en La Ribera y, por tanto, defienden, es el camino a seguir, aunque perfilando algunas cuestiones con base en la experiencia anterior. En el Palau, en cambio, optan por no entrar al fondo de toda esta cuestión y prefieren guardar silencio. Defienden que las reversiones se ejecutarán, pero el cómo es una incógnita.
Oltra: «Si la fórmula de La Ribera cuenta con un mayor consenso, será el camino para Torrevieja»
La vicepresidenta destaca el rechazo unánime de todos los sindicatos frente a la sociedad sanitaria
La vicepresidenta de la Generalitat y líder de Compromís, Mónica Oltra, ha marcado distancia con el jefe del Consell y secretario general del PSPV, Ximo Puig, en torno a la controvertida creación de una empresa pública para ejecutar reversiones sanitarias. Lo hizo ayer, tras arropar «la posición unánime» de los representantes sindicales de la mesa sectorial de Sanidad, que exige aplicar en Torrevieja el modelo Alzira y rechaza la sociedad mercantil. «Si esta fórmula cuenta con un mayor consenso, será ese el camino para recuperar la gestión pública», defendió Oltra tras un encuentro del que no quedó constancia gráfica porque, según fuentes de su departamento, era el área de Presidencia quien debía difundir imágenes, pero nunca llegaron.
La reunión celebrada ayer entre la vicepresidenta y los sindicatos fue clave para que Oltra decidiera por primera vez evidenciar con claridad su oposición al modelo propuesto por Ana Barceló. Lo que la valencianista puso en valor fue «el consenso unánime no solo de los seis sindicatos, algo que no se ve todos los días, sino de la mayoría del sentir político de la Comunidad», que no es otra cosa que repetir en Torrevieja la fórmula del departamento de La Ribera -el modelo Alzira- con las mejoras que se consideren necesarias. En ese sentido, subrayó que, si el de la empresa pública es un camino «que no tiene consenso de nadie, se debe buscar otra fórmula», aunque, en realidad, matizó que esa fórmula ya existe, y es la aplicada en La Ribera. Un modelo que, enfatizó, está «avalado por organismos jurídicos y los diferentes órganos jurisdiccionales».
Oltra marcó terreno y dijo que defiende esa figura como presidenta de la Comisión de Política Social, ya que «la sanitaria no deja de ser una política social» y, también, como líder de Compromís. A ese respecto, la vicepresidenta del Consell recalcó que esa opción, mejorada en aspectos como el convenio colectivo, permite, además, que «el sistema se vaya poco a poco integrando» y «no generar otra distorsión ni otro modelo de gestión» porque, de esta manera, «solo se consigue fragmentar el sistema cuando se debe caminar hacia un único sistema, no hacia cuatro sistemas que malconvivan uno junto a otro».
