La Generalitat Valenciana y la Diputación de Alicante encaran una semana clave, la recta final para tratar de ordenar sus relaciones y redefinir competencias. Lo harán en el marco de una controvertida reunión bilateral, la comisión que durante más de año y medio ha servido de queroseno a la batalla política. La incesante confrontación, el persistente cruce de acusaciones y la total falta de entendimiento ha puesto en evidencia que, precisamente, la conveniencia política se ha sobrepuesto con suma frecuencia y sin tapujos a los intereses de los ciudadanos. Las posiciones absolutamente enfrentadas en torno al Fondo de Cooperación Municipal han acelerado el empeoramiento de las relaciones entre dos líderes, Ximo Puig y Carlos Mazón, que están al frente de administraciones que precisan alcanzar consenso en asuntos de interés para la provincia.
Está por ver si el foro de debate que arranca el 6 de septiembre en la Casa de las Brujas, sede del Consell en la provincia, sirve para tender puentes y beneficiar a los 141 municipios alicantinos. Echar la vista atrás, remontarse a los orígenes del espinoso conflicto, se hace imprescindible para abordar las claves de la crisis que sigue abierta entre ambas instituciones, con un final por ahora incierto.
Del idilio a la ruptura
El alto el fuego y la búsqueda de entendimiento salta por los aires en tan solo seis meses
Comenzar desde cero. Ese fue el acuerdo alcanzando en el inicio del curso político de 2019. Carlos Mazón se había hecho con las riendas de la Diputación y el presidente de la Generalitat acudió a su toma de posesión, un movimiento que fue interpretado como un gesto de aperturismo entre ambas instituciones. Durante la legislatura anterior, con César Sánchez al frente, la Diputación se desligó del Fondo de Cooperación Municipal impulsado por el Consell para inyectar liquidez a los municipios bajo unas normas que no convencían a la corporación de la provincia. La situación desembocó en un foco de tensión constante al que, aparentemente, se le intentó poner fin con el cambio de liderazgo.
Puig y Mazón acercaron posturas con un primer encuentro en el Palau, pero la sintonía duró poco. Demasiado poco. El jefe de la Diputación siguió la estela de su antecesor, no incluyó en el presupuesto de la institución los 13,7 millones que le correspondía aportar al citado plan de inversiones y, por cuarto año consecutivo, se boicoteó la iniciativa del Botànic desde el centro de poder más importante en manos del PP en toda la Comunidad. Del afectuoso apretón de manos inicial se pasó entonces al desencuentro que prendió la mecha de la crispación y desató un incendio que sigue hoy más vivo que nunca.
Ordenar las relaciones
Un foro de debate definido por decreto y con canales de comunicación disfuncionales
En su estreno de relación institucional, el presidente de la Generalitat y el de la Diputación acordaron crear una comisión mixta para ordenar la nueva etapa con la vista puesta en alcanzar consensos en temas fundamentales. Estaba llamado a ser el cauce para que la institución provincial pudiera tener voz, entre otros asuntos, en la medida anunciada por Ximo Puig de dar rango de ley al Fondo de Cooperación; una decisión de calado que obligaría a la corporación provincial a sumarse al plan que había boicoteado sistemáticamente. La madeja se lió hasta el punto que unos y otros se enzarzaron en constantes ataques y reproches por los retrasos en convocar la reunión bilateral, por el envío de misivas que supuestamente no llegaban a su destino, por presuntos defectos de forma que impedían avanzar en el proceso. No fue hasta enero de 2020 cuando se celebró una primer encuentro en València entre ochos dirigentes autonómicos y provinciales. Hubo foto, pero ningún acuerdo concreto. Habría que esperar ocho meses más, hasta septiembre, para formalizar la comisión bilateral a través de un decreto del Consell que regulaba los objetivos y definía los participantes.
Fondo de cooperación
Epicentro de la batalla política y motivo de crispación al asumir rango de ley
El Fondo de Cooperación Municipal ha sido uno de los principales caballos de batalla del PP en Alicante, su ariete frente a las políticas de la coalición de izquierdas que gobierna la Generalitat. El plan para financiar a las entidades municipales fue una promesa del PP en 1999 que, sin embargo, no se puso en marcha hasta la firma del primer pacto del Botànic, en 2015. Desde entonces, el Consell inyecta 40 millones de euros anuales en las localidades de la Comunidad, de los cuales 13,7 millones son absorbidos por los pueblos de la provincia. La Diputación ha rechazado su adhesión, que le obligaría a aportar 13,7 millones de euros de su presupuesto. Defiende que los criterios de reparto perjudican a los municipios más pequeños mientras que el modelo que aplica la institución provincial a través del Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles, según sostienen, es menos lesivo con las poblaciones con menor ratio de habitantes. El debate enconado en torno a todo este asunto ha ido subiendo de tono al tiempo que avanza la tramitación de la ley para forzar a la Diputación a sumarse en las próximas convocatorias y mientras los perfiles políticos se han ido modelando con la vista puesta en las elecciones de 2023. Mazón, nuevo líder regional del PP, precisa incrementar su visibilidad en la Comunidad y viene redoblando sus ataques contra Puig, con quien está previsto que se mida en la próxima contienda electoral. En ese contexto, fue él mismo, acompañado del diputado provincial Adrián Ballester, quienes acudieron al parlamento autonómico para criticar la falta de diálogo del PSPV en la tramitación de la norma que regulará el Fondo de Cooperación, un desembarco en las Cortes aprovechado al máximo para tratar de desgastar la imagen de su principal adversario.
El jefe del Consell y de los socialistas valencianos no está dispuesto a dar ni un ápice de protagonismo a su enemigo político y lo mantiene todo lo alejado que puede del Palau. Con estos mimbres, la escenografía se ha empezado a medir al milímetro. El encuentro bilateral se celebrará la próxima semana en Alicante y no en València como habría querido el PP, y Puig no protagonizará un cuerpo a cuerpo con Mazón, como a el popular le gustaría. Ese es un aspecto que se dejó perfilado en el decreto que regula estas reuniones entre Generalitat y Diputaciones. El presidente de la Generalitat no forma parte de este foro y, por ello, tampoco acudió a los celebrados ya en la capital del Turia y en Castellón. Y no lo hará tampoco en Alicante, por más que el líder de los populares haya insistido hasta esta misma semana en que lo ideal sería que Puig participara.
Puntos de la negociación
Planes de inversión conjuntos, fondos europeos y denuncia de agravios a la provincia
Aunque la principal asignatura pendiente entre la Generalitat y la Diputación es el Fondo de Cooperación, los asuntos pendientes de resolver van más allá. A falta de una semana, todavía no está cerrado el orden del día de la convocatoria de la reunión bilateral. Por parte de la administración autonómica, el director general de Administración Local, Toni Such, fija tres ejes fundamentales: la participación de la Diputación en planes impulsados por la Generalitat como el Fondo de Cooperación y el impulsado para combatir el despoblamiento -al que tampoco se ha sumado-, así como evaluar el resultado del Fondo de Cooperación de Turismo, en el que sí participa la institución provincial. En segundo lugar, analizar las ayudas que se han facilitado a los sectores más afectados por las restricciones sanitarias, el conocido Plan Paréntesis, al que también se adhirió la Diputación. Por último, acercar posturas sobre los objetivos y pretensiones de los ayuntamientos y y de la corporación provincial en torno a los fondos europeos. Such destaca que desde la Generalitat están igualmente abiertos a tratar otros temas y subraya que no tienen inconveniente en que próximas reuniones se organicen en el Palacio Provincial. En los asientos reservados a la Generalitat estarán el propio Such así como el secretario autonómico de Promoción Institucional y Cohesión Territorial, Alfred Boix; el secretario autonómico de la Vicepresidencia primera, Jorge Iván Castañón; y la directora general de Coordinación Institucional de la Vicepresidencia segunda, Adoración Guamán.
Desde la Diputación se pondrá el foco en la necesidad de avanzar en el proceso de traspaso de competencias impropias que la institución alicantina tiene asumidas con los servicios que presta tanto en el Hogar Provincial como en el centro de salud mental Doctor Esquerdo, que cifran en 25 millones de euros anuales. Se trataría de seguir la línea de trabajo realizada con la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, con quien hace casi un año se firmó la subrogación a la Generalitat del contrato del servicio de teleasistencia, liberando un millón de euros del presupuesto de la Diputación. De hecho, desde el entorno de Mazón se ha venido haciendo gala de la capacidad de entendimiento que sí que han tenido Oltra -sobre todo cuando atravesaba su mayor crisis con el jefe del Consell- y del secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, de alcanzar acuerdos mientras no existe ningún tipo de diálogo con Puig.
Desde la institución provincial presentarán asimismo un informe que detalla los agravios que, denuncian, viene sufriendo la provincia por parte de la Generalitat en cuestiones como inversión cultural o en el reparto de fondos de la Agencia Valenciana de la Innovación. En el encuentro participará Mazón, además de la vicepresidenta primera, Julia Parra; la vicepresidenta segunda, Ana Iluminada Serna; y el diputado de Infraestructuras, Javier Gutiérrez.
Batalla judicial
La Diputación, dispuesta a llegar al Tribunal Constitucional
El presidente de la institución provincial está dispuesto a llegar al Tribunal Constitucional si Puig sigue adelante con la aprobación de la ley que obligaría a la Diputación a sumarse al Fondo de Cooperación municipal. La norma sigue en trámite en las Cortes, pero el PP prepara ya una batalla judicial al estimar que supone un ataque a la autonomía financiera de la institución y una penalización a los municipios pequeños. Con su firme posicionamiento deja claro que todavía quedan muchas claves en al aire para conocer cómo acabará finalmente esta batalla política sin cuartel.
