Los grupos parlamentarios que sustentan al Botànic han decidido cerrar filas, tratar de proyectar una imagen de unidad de cara a la segunda sesión del debate de política general, que se celebra hoy en las Cortes valencianas. PSPV, Compromís y Unides Podem han acordado remar en la misma dirección con la presentación conjunta de una docena de propuestas de resolución que dejan al margen los temas más controvertidos, esos que recientemente han tensionado las relaciones en la coalición por posturas divergentes. Principalmente, a raíz de la polémica tasa turística que condiciona la negociación de los presupuestos de 2022. No obstante, no tendrán fácil librarse de sus propios encontronazos. Volverán a salir a la palestra porque la oposición acude a la Cámara dispuesta a remarcar su postura en contra y, de paso, intentar rentabilizar la división que existe en la izquierda en torno al gravamen a las pernoctaciones. Sin embargo, los socialistas han flexibilizado su postura y ahora se muestran abiertos a un impuesto optativo en el que cada ayuntamiento decida.
La negativa a la tasa turística que plantean los valencianistas y los morado será, sin duda, el leitmotiv de una de las batallas de la derecha en el hemiciclo. Especialmente, después de que, en la sesión del pasado lunes, las tres fuerzas de izquierda evidenciaran su desacuerdo al respecto de imponer este impuesto. Con ese panorama, la oposición tratará de nuevo de meter el dedo en la llaga, con un posicionamiento férreo de PP y Cs contra ese gravamen. La pelota, pues, está ahora en el tejado de los socialistas. Aunque Ximo Puig ha venido mostrándose contrario a esa posibilidad, el portavoz en las Cortes, Manolo Mata, se mostró el lunes partidario de un impuesto municipal al turismo pero de carácter optativo. Este martes volvió a ahondar en ese asunto y consideró la «dificultad técnica que supone». Así, rechazó el modelo balear y apuntó que el catalán se asemeja algo más al modelo que plantea, aunque remarcó que depende del municipio: «València la puede necesitar», mientras «Benidorm, no» por su competencia en mercados con precios ajustados.
Fuentes socialistas precisaron que no es una postura nueva con respecto a la ecotasa, que ya han venido defendiendo ese extremo, pero es una realidad que las palabras del síndic, en este preciso momento, abren la puerta al debate y eso es algo que puede resultar clave para desatascar el acuerdo a tres bandas con relación a las cuentas para el próximo ejercicio. De hecho, será en la comisión ideada para cuadrar el presupuesto donde se enmarque el debate.
Por lo pronto, la estrategia de la izquierda de cara a la sesión de hoy pasa por articular un frente común en torno a los temas en los que sí existe un posicionamiento compartido, como es la reivindicación par acabar con el agravio histórico por la infrafinanciación. En esa línea, urgen al Consell a reclamar al Gobierno central que corrija el injusto reparto de fondos entre las comunidades, que se defina un mecanismo de compensación por la deuda histórica generada, precisamente, por la insuficiencia financiera, y que se suspenda el pago de intereses de las deuda generada por el FLA.
El déficit financiero que lastra las oportunidades de la Comunidad y la urgencia por adoptar medidas correctoras es una de las cuestiones que se abordará en el debate a propuesta de los grupos de izquierdas, así como del PP y Cs, que han presentado igualmente iniciativas en ese sentido. Los populares reclaman que el nuevo modelo se apruebe antes de que finalice el año y los naranja, que se impulse un fondo compensatorio de nivelación a partir de 2022 que equipare a la Comunidad con la media nacional. Todas esas fuerzas, además, están adscritas a la Plataforma por la Financiación Justa que ha convocado manifestaciones en las tres provincias el 20 de noviembre para exigir que se apruebe un nuevo modelo en la distribución de recursos del Estado. Así, no sería de extrañar que, finalmente, se rubrique un acuerdo común desde el Parlamento valenciano para demandar más recursos del Estado; pero, probablemente, será uno de los pocos puntos que pueden generar consenso puesto que en un debate como el que continúa hoy los diputados tratan de marcar posiciones a izquierda y derecha y el objetivo, siempre, pasa por desgastar al contrincante.
En las resoluciones firmadas por los síndics Manolo Mata, Fran Ferri y Pilar Lima, se pide establecer un mecanismo de armonización fiscal sobre el Impuesto de Patrimonio y un mínimo fiscal impositivo sobre el de Sucesiones y Donaciones en todas las comunidades autónomas para «impedir el llamado dumping fiscal» que genera desigualdades territoriales. «Resulta necesario impedir que los recursos propios continúen minorando como consecuencia del fraude fiscal que puedan realizar los grandes patrimonios, cambiando de residencia ficticia para ahorrar los impuestos de Patrimonio o de Sucesiones», recoge el texto.
La fiscalidad, de hecho, se ha convertido en una de las principales líneas de ataque de la oposición, que durante la sesión de hoy volverá a instar a una bajada de impuestos generalizada en la Comunidad. El PP, por su parte, reivindicará el proyecto liderado por su presidente, Carlos Mazón, para, según detalló, rebajar 1.530 millones en impuestos, mientras Cs también aboga por reducir el tramo autonómico del IRPF hasta los 65.000 euros y ahorrar 103 millones de euros a los valencianos; un cambio en la política fiscal al que se suma igualmente Vox.
La izquierda quiere que «quien contamine, pague»
El PSPV, Compromís y Unides Podem han firmado una resolución conjunta para instar al Gobierno valenciano a dar un impulso a la fiscalidad verde basada en el principio de que «quien contamina, paga». A ese respecto, se propone la creación de un fondo verde finalista para que los ingresos derivados de ese gravamen reviertan en ayudas e inversiones que faciliten y aceleren la transición ecológica de los sectores socioeconómicos y el impulso de políticas contra el cambio climático. Se trata de un posicionamiento compartido por el propio Gobierno autonómico, que el pasado agosto aprobó el anteproyecto de la Ley Valenciana de Cambio Climático y Transición Ecológica basado en cuatro ejes: Energía, Urbanismo y Territorio, Movilidad y Fiscalidad Verde. Está por definir cómo se articulan esos nuevos gravámenes que, en realidad, ya se vienen planteando desde tiempo atrás, pues también se abordaron en el debate de política general del pasado año.
