El debate de política general de la Comunidad concluyó este miércoles en las Cortes con un inesperado acuerdo para reivindicar un nuevo modelo de financiación que acabe con el agravio histórico que sufre el territorio autonómico. Los grupos parlamentarios que sustentan al Ejecutivo del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem), así como Cs, decidieron tender puentes con el principal partido de la oposición para votar a favor de una propuesta registrada, precisamente, por la síndica del PP, María José Catalá. La resolución reclama al Gobierno central la aprobación de un sistema justo de reparto de fondos del Estado que entre en vigor en 2022. Eso es algo con lo que, en realidad, no están demasiado de acuerdo desde la bancada de la izquierda al estimar, tal y como subrayó el socialista José Muñoz, que es el Congreso el que debe aprobar el cambio y, por tanto, la responsabilidad en última instancia no es de Pedro Sánchez. Esa alianza de la que se descolgó Vox para remar en una misma dirección en un asunto de interés general fue la única alcanzada en una sesión parlamentaria en la que se volvió a colar la polémica sobre la tasa para gravar las pernoctaciones en alojamientos turísticos, una cuestión en la se puso en evidencia, una vez más, que las posturas a este respecto sí están realmente alejadas. Es una enorme distancia la que separa a una derecha radicalmente contraria a esa posibilidad frente a un a coalición que, hasta el momento, no ha cerrado un posicionamiento común, pero parece acercar posturas hacia un consenso que, probablemente, pasaría por dar libertad a los ayuntamientos para decidir sobre la aplicación de ese impuesto, bautizado como ecotasa.
«Los socialistas no apuestan por una tasa turística autonómica. Hay que hablar con los sectores»
El debate político en torno a la oportunidad de aplicar el gravamen que ya está en vigor en comunidades como Cataluña o Baleares se produjo casi con mayor intensidad en los pasillos del Parlamento valenciano que en el propio hemiciclo, por varias razones. Por un lado, los populares incluyeron en su propuesta fiscal de bajada de impuestos un apartado en el que dejaban clara su oposición a la imposición de una tasa turística. Sin embargo, el diputado encargado de defender ese punto, José Antonio Rovira, se quedó sin tiempo sobre la tribuna y no entró al trapo en esta cuestión. Los naranja, por su parte, sí centraron una de sus intervenciones en mostrar su negativa a este gravamen. Lo hizo el diputado Carlos Gracia y fue el alcalde de L’Alfàs del Pi, el socialista Vicente Arques, quien, en ese momento, alegó que en el contexto actual se debe apoyar a uno de los sectores más afectados por la crisis y, por tanto, no es momento de aprobar tasas de ese tipo; una aseveración que desató el aplauso de Ciudadanos. Mientras tanto, los síndicos de todas las fuerzas parlamentarias hacían sus valoraciones a los medios fuera de la sala de sesiones, remarcando posturas que se encuentran en las antípodas. Preguntado por esta cuestión, el portavoz del grupo socialista, Manolo Mata, dijo que lleva «esperando desde 2018 la propuesta de los que quieren implantar» el impuesto, en referencia a los morados y los valencianistas, a quienes lanzó un sutil dardo envenenado al preguntarse si este asunto «se tiene que sacar siempre en el mes de octubre, a semanas de los presupuestos e improvisar algo». De hecho, la aprobación de este impuesto al turismo es una de las cuestiones que Compromís y Unides Podem han puesto sobre la mesa para que se aborde en la comisión en la que se negocian las cuentas de 2022, y eso es algo que se ha convertido en un vector de tensión en el tripartito.
«La propuesta del PSPV tiene muchos matices. Hay espacio para la negociación»
Mata aseguró esta semana que su partido está abierto a debatir una tasa de este tipo siempre que se deje libertad de aplicación a los municipios y defendió que lo que se tiene que hacer, por tanto, es sondear a los ayuntamientos. Fran Ferri (Compromís) consideró que la propuesta del PSPV tiene «muchos matices» aunque ve «mucho espacio para la negociación» en el seno del Botànic y dijo que se explorará de aquí a diciembre. Así, espera «convencer» a los socialistas para este año, aunque existen dudas sobre que ese impuesto se pueda articular a nivel municipal. Desde Unides Podem, la portavoz adjunta, Estefanía Blanes, remarcó que «es bien sabido que siempre han reclamado la tasa» ante «grupos que piensan que tal vez no es el momento» y abogó por una negociación en el seno del Botànic y también con el sector, para llegar a un acuerdo e implantar esta medida que «se aplica en muchos otros lugares muy turísticos y no desincentiva el sector».
«Hay que negociar en el Botànic y con el sector. La tasa se aplica en otros lugares y no desincentiva»
Desde el otro lado del tablero político, Catalá aseveró que «subir la carga impositiva sobre el sector turístico» manda el mensaje de que «no se cree en ellos y no se les va a ayudar»; Ruth Merino (Cs) instó al PSPV a plantarse ante sus socios y rechazar la tasa turística porque «ya se pagan suficientes impuestos e imponer nuevos gravámenes va en contra del desarrollo y la inversión»; mientras la síndica de Vox , Ana Vega, apostó por «una reducción drástica de impuestos» y «no las ridiculeces que plantean los socios del Botànic».
«Subir la carga impositiva sobre el sector turístico no les va a ayudar. Se necesita dinamismo»
La infrafinanciación que limita las oportunidades de la Comunidad Valenciana fue otro de los capítulos que tuvo especial trascendencia en una sesión que se alargó durante cerca de 10 horas, una interminable jornada sin recesos en la que se debatieron las 46 propuestas de resolución presentadas por los grupos parlamentarios. El PP fue el primer grupo en subir al estrado para presentar su alegato para presionar a Moncloa a la aprobación de un nuevo modelo de financiación, basado en el criterio de población ajustada, reconociendo la deuda histórica y reclamando que, en caso de que no entre en vigor en enero del próximo año, se apruebe un fondo de compensación de 1.336 millones de euros anuales. El diputado Rubén Ibáñez vaticinó, o más bien dio por hecho, que la izquierda no apoyaría su propuesta por un sectarismo que, remarcó, ponen por encima de los intereses del territorio. La réplica de José Muñoz hacía prever que, efectivamente, adoptarían una postura contraria a la aprobación. Tanto es así que el socialista aseveró que esa misma mañana se intentó negociar con el PP para modificar una cuestión que consideran clave, y es que se debe instar al acuerdo en el Congreso, que es quien decide sobre esta cuestión, y no al Ejecutivo. Sorpresivamente, finalmente el Botànic acabó apoyando la propuesta en busca de proyectar una imagen de unidad, algo que no sucedió a la inversa. Los populares no estaban por la labor de apoyar un texto que incluía una referencia explícita contra el dumping fiscal, en alusión a Madrid, y que pedía igualmente que se condonen a la Comunidad los intereses generados por los préstamos del FLA. Aún así, Muñoz dijo que está por ver qué hace finalmente el PP en la Cámara Baja, si apoyar la propuesta que beneficia a la Comunidad o la que reclaman los populares de la España despoblada, con el gallego Alberto Núñez Feijóo al frente.
Tributos: entre la bajada y la progresividad
«Imponer nuevos gravámenes va en contra del desarrollo y la inversión. Ya se paga suficiente»
PP y Cs redoblaron este miércoles la presión para reclamar una bajada de los tributos, mientras que los grupos del Botànic defendieron avanzar en «la progresividad fiscal», donde «quien más tiene, más pague». Los populares defendieron la hoja de ruta de Mazón para una rebaja de impuestos de 1.520 millones; Cs dijo que esa reducción debe ser «sensata» y apostó por reducir 103 millones en el tributo de IRPF. El Botànic, a través de José Muñoz, aseveró que la propuesta fiscal del PP va dirigida a beneficiar a los ricos. «Hablan de un infierno fiscal, pero el PP quiere un infierno social».
El plurilingüismo como arma política
«Hay que reducir impuestos, no las ridiculeces que plantean los socios del Botànic»
El modelo de plurilingüismo instaurado por el Botànic en los centros educativos de la Comunidad sigue dando alas al enfrentamiento político en las Cortes. En la sesión, tanto el PP como Cs y Vox hicieron uso una vez más de este asunto para acusar a la izquierda de «imponer» el valenciano y reclamaron libertad entre las familias para decidir en qué lengua se estudia. Los partidos de izquierdas rechazaron también esta vez lo que consideran críticas infundadas, apelaron a la oportunidad que consideran que supone el aprendizaje del valenciano, a la vez que se emplea el castellano y el inglés, y censuraron la «valencianofobia».
La guerra del agua sigue elevando la confrontación
Es todo un clásico. Los dos principales partidos en la Comunidad, PP y PSPV, cada uno por su parte, se erigen como los verdaderos defensores del trasvase Tajo-Segura y acusan al adversario de no hacer lo propio. Este miércoles se volvió a evidenciar a cuenta de una propuesta defendida por José Císcar (PP) que instaba al Gobierno a acabar con el «maltrato hídrico» mediante la puesta en marcha de medidas e infraestructuras. Todo ello mientras se urgía a acabar con la beligerancia en este asunto. El socialista Manolo Pineda replicó que el PP estuvo muchos años gobernando y no hizo nada de lo que ahora pide, dijo que el Consell está trabajando desde el minuto cero por el trasvase y que ha acudido 38 veces al juzgado para defenderlo.
