En plena batalla entre la Generalitat y la Diputación por el Fondo de Cooperación del Consell, que el PP ha llevado al Tribunal Constitucional, la institución provincial aprobará su propio plan inversor este viernes en un pleno extraordinario, donde los populares y Cs tienen garantizada la mayoría. Y lo hace duplicando las ayudas de las anteriores convocatorias, hasta rozar los 30 millones de euros (29.898.447 euros) para esta anualidad 2022, frente a los 15 que se destinaron en 2020 y en 2021. Los recursos se distribuirán siguiendo, principalmente, criterios de población entre las 141 localidades de la provincia, priorizando el reparto a los municipios más pequeños. El llamado Plan +Cerca está financiado íntegramente con remanentes de tesorería, una vez que el Gobierno mantiene la suspensión de las reglas fiscales, y es, de facto, la alternativa de la institución que dirige Carlos Mazón, a la sazón líder del PPCV, al Fondo de Cooperación del Consell.
El programa inversor surgió en medio del pulso político entre Carlos Mazón y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y en esta anualidad se incrementa su dotación a la par que la tensión entre ambos mandatarios tras, de nuevo, negarse la Diputación a sumarse al Fondo de Cooperación y al de Despoblación.
El de este año sería el último Plan +Cerca de no prosperar el recurso que el grupo popular en el Congreso de los Diputados ha presentado ante el Tribunal Constitucional contra la ley de la Generalitat Valenciana reguladora del Fondo de Cooperación Municipal, ya que esta obligará a la Diputación de Alicante a participar en el citado programa autonómico a partir de 2023. Los populares acusan al Consell de atentar contra la autonomía financiera de las diputaciones provinciales.
PP y Cs defienden que el Plan +Cerca da más autonomía y libertad a los ayuntamientos que el Fondo de Cooperación a la hora de decidir si dedican los recursos a gasto corriente y a inversión. No obstante, en esta convocatoria, la Diputación obligará a los municipios a que, al menos, destinen el 50% de la ayuda a gasto corriente, excepto para los de menos de 5.000 habitantes, que podrán decidir libremente el destino de los fondos que les corresponden. En la anterior convocatoria los ayuntamientos podían destinar el 100% a inversión, pero el área de Infraestructuras ha decidido favorecer un mayor gasto corriente. En 2020 y 2021, los consistorios decidieron destinar 5 millones de euros a gastos generales, como mantenimientos de edificios municipales parques o centros docentes, y 25 a inversiones. Así, las poblaciones de más de 5.000 habitantes deberán destinar, como mínimo, la mitad del dinero a ese gasto corriente, aunque pueden ampliar el porcentaje hasta el 100%, y el resto a inversión. Sin embargo, el diputado de Infraestructuras y portavoz de Cs, Javier Gutiérrez, asegura que su área actuará con flexibilidad, permitiendo variar los porcentajes a aquellos municipios que justifiquen la necesidad de destinar más dinero a inversiones. «Nos adaptamos a las necesidades y demandas de los municipios», manifiesta Gutiérrez en este sentido.
En cuanto a las obras subvencionables con el dinero del plan inversor provincial, entra, prácticamente, cualquier edificación o redacción de proyectos, desde una biblioteca, a carreteras, eficiencia energética, alcantarillado, pavimentación o cementerios. Además, los municipios podrán destinar la subvención provincial a compra de solares, terrenos o edificios, así como para trabajos de demolición y derribo o estabilización de construcciones ya existentes. Líneas que los planes de obras financieramente sostenibles no recogían. Los municipios de hasta 1.000 habitantes pueden solicitar que sea la Diputación la que se encargue de la redacción del proyecto y la dirección de la obra.
El plan alternativo de la Diputación al del Consell reserva, por otro lado, 2,5 millones de euros para distribuir con criterios de despoblación, para suplir el rechazo a entrar en el Fondo de Despoblación de la Generalitat. Este año esa partida se ha incrementado en un 20% y se beneficiarán de las ayudas contra la despoblación 109 poblaciones alicantinas con cuantías de entre 15.000 y 45.000 euros adicionales, que se suman a la subvención de este programa. Una cifra, la de 2,5 millones, que los populares y los naranja contraponen a los 480.500 euros que percibirán este años 30 municipios alicantinos del fondo autonómico contra la despoblación.
Comparativa
Los consistorios alicantinos recibirán este año 13,7 millones de euros del Fondo de Cooperación y 480.000 del de Despoblación (14,2 millones en total), lo que corresponde a la parte autonómica, ya que la institución provincial decidió hace cinco años no sumarse y no aportar esa misma cantidad, como sí hacen las de València y Castellón. Como contrapartida, Mazón dio luz verde en 2020 a un plan inversor alternativo, con el apoyo de sus dos socios de Cs, el +Cerca, que este año alcanzará casi 30 millones, el doble. La intención es dejar sin argumentos a la oposición, que critica con dureza que los alicantinos hayan perdido 70 millones en cinco años al no haberse adherido la Diputación a los fondos que creó el Consell en 2016. Populares y naranja ponen sobre la mesa la enorme brecha que hay entre el dinero que recibirán los municipios de la provincia del programa inversor de la institución provincial y lo que recibirían del Consell si se hubieran adherido al Fondo de Cooperación.
De hecho, solo ocho localidades, las de mayor población de la provincia (Alicante, Elche, Torrevieja, Orihuela, Benidorm, Alcoy, San Vicente del Raspeig y Elda) obtendrían más recursos del fondo autonómico que del provincial. El resto, 133 de los 141 municipios, salen mucho más beneficiados con el programa provincial. Además, las poblaciones más pequeñas son las que más dinero van a recibir, frente al fondo de la Generalitat que, insisten desde la Diputación, prima a los municipios más grandes. En los municipios de menos de 1.000 habitantes, la subvención que recibirán es hasta diez veces mayor que la que tendrían si se aplicara la del Consell. Así, por ejemplo, los escasos 97 habitantes de Benillup percibirán 146.358 euros del Plan +Cerca, mientras que del Fondo de Cooperación hubieran llegado 14.509 euros. En el caso de las localidades medianas, si bien la diferencia es menor, sigue habiendo una brecha importante. Un municipio como Guardamar, que supera los 15.000 vecinos, dispondrá de 241.966 euros para gasto corriente e inversiones del programa provincial, frente a los 159.510 que recibiría del plan autonómico.
En el lado opuesto, las grandes ciudades son las que menos recursos recibirán del Plan +Cerca, y se verían más beneficiadas si la institución provincial se hubiera sumado al Fondo de Cooperación. En esta situación están, entre otras, Alicante y Elche. La capital alicantina dispondrá de 330.000 euros del programa de la Diputación, bastante menos que los 857.869 euros que obtendría del autonómico. En el caso de la capital del Baix Vinalopó, percibirá 335.000 euros del Palacio Provincial frente a los 696.670 que llegarían del Palau. «Tenemos un plan más flexible y más justo en el reparto», señala el diputado Javier Gutiérrez, quien añade que la Diputación dota de un apoyo técnico y un asesoramiento legal a los municipios, en especial a los más pequeños, que «difícilmente recibirán de la Generalitat».
En cuanto a los criterios de distribución de la inversión que ha seguido la Diputación, se basan, además de la población y la superficie del municipio, en su densidad de habitantes y su dispersión y despoblación. Así, la localidad que más fondos recibe, por tener el mayor número de pedanías, es Orihuela con un total de 384.735 euros. Pero, sin duda, la más beneficiada es la localidad más pequeña de la provincia, Tollos, donde a cada uno de sus 37 habitantes les corresponderán 4.743 euros (recibirá 175.518 euros).
Una vez aprobado el Plan +Cerca en el pleno del viernes, los ayuntamientos tendrán hasta el 20 de abril para realizar las solicitudes a las que destinarán los recursos, excepto los municipios de menos de 1.000 habitantes que pidan que sea la Diputación la que ejecute las obras, que tendrán hasta el 2 de mayo. La institución provincial, a partir de entonces, dispondrá de tres meses para resolverlas. El plazo de ejecución será hasta noviembre de 2022, en el caso del gasto corriente, y hasta noviembre de 2023 para inversiones.
Mantenimiento de las zonas verdes en los pueblos
La Diputación asumirá, de forma pionera y con una inversión de 500.000 euros, la prestación del servicio de conservación y mantenimiento de los espacios verdes municipales en las poblaciones más pequeñas de la provincia. En esta primera convocatoria, dirigida a poblaciones de hasta 5.000 habitantes, se beneficiarán 35 ayuntamientos, todos los que habían presentado la solicitud. Una cuadrilla de cinco operarios con los equipos y materiales necesarios realizará tareas tales como limpieza de jardines, poda de árboles, recuperación de arbolado o restauración.
