La vicepresidenta de la Generalitat y portavoz del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, asevera que no dimitirá tras el auto que la cita a declarar como imputada por la gestión de su conselleria, la de Igualdad y Políticas Inclusivas, con relación al caso de abusos sexuales a una menor tutelada. Se enroca en el cargo, también como portavoz del Ejecutivo. De sus declaraciones se desprende que trata de proyectar que no está sola. De hecho, asegura contar con el apoyo de todo el Consell, que ningún compañero del Botànic -tampoco el presidente de la Generalitat, Ximo Puig- le ha pedido que se aparte de sus responsabilidades. Porque, al fin y al cabo, su versión de los hechos sigue siendo la misma: que está siendo víctima de una cacería de la ultraderecha, que es quien interpuso las querellas que dieron origen al procedimiento judicial. No obstante, es el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana quien ha dado luz verde a su citación como investigada el próximo seis de julio y ha sido el fiscal superior de la Comunidad quien ha determinado que Oltra podría haber incurrido en prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos. Pero eso es algo que, según la valencianista, no cambia nada, pues se siente igual de capacitada para retener la portavocía, la vicepresidencia y el liderazgo en la conselleria. Y la presión por todo este asunto, según recalca, se aguanta. Porque si no se es capaz de eso, uno se dedica a otra cosa, según subrayó.
Oltra se enfrentó este viernes a sus primeras declaraciones públicas un día después de que trascendiera la investigación judicial que la pone contra las cuerdas, a ella y al Botánic, en términos políticos. Acudió como cada semana para dar cuenta de los acuerdos del Consell, con la diferencia de que, esta vez, se pronunciaba como portavoz del Gobierno cargando en sus espaldas con la mochila de la imputación. Comenzó aparentando normalidad, dando cuenta de los acuerdos adoptados por el Ejecutivo, pero el asunto del día, evidentemente, no era ese. La convocatoria de medios generó una gran expectación. Primero, porque en las anteriores 24 horas la cara visible de Compromís guardó silencio mientras se convertía en la protagonista de todas las tertulias políticas. Ella y, también, Puig, porque en sus manos está que continúe o no en sus cargos. Segundo, porque desde el Palau de la Generalitat se habían lanzado mensajes de que, antes de tomar cualquier decisión, Oltra debía ser escuchada. De hecho, horas antes, en la reunión del pleno del Consell, la vicepresidenta y Puig, se vieron las caras, pero no hablaron sobre el tema que está abriendo los informativos de todo el país. Si tiene que reunirse con él, aseveró la vicepresidenta, «seguramente será para tratar temas más provechosos para el pueblo valenciano». Porque, según insistió, «Esta es una cuestión política y no voy a añadir más presión al president», que a su juicio «sabe lo que hay». Y no solo eso, sino que, además, se mostró convencida de que la calle la apoya. A ella y al Botànic, porque cree que la sociedad es consciente de las políticas que se están llevando a cabo. Por eso no se pone líneas rojas. Ni en la imputación, ni en la apertura de juicio, ni aunque llegara a sentarse en el banquillo de los acusados.
Con todo, la vicepresidenta reconoció que, de cara a su declaración del 6 de julio, el paseíllo en los juzgados no será algo «bonito», aunque cree que allí tendrá la oportunidad de explicarse por primera vez en un juzgado. Eso es, a su parecer, lo único que cambia a raíz de su imputación, pero lo cierto es que el revuelo mediático ha alcanzado de lleno la escena nacional y es, precisamente, Puig, quien, de rebote, concentra ahora todas las miradas. Mientras tanto, desde el Palau de la Generalitat se mantiene la cautela. La estrategia pasa por esperar a que Compromís mueva ficha. Tampoco pasa desapercibido que Oltra era una de las piezas centrales de la coalición de izquierdas que promueve Yolanda Díaz y está por ver si sigue siendo un activo de primer nivel.
La consellera se aferró a una de las frases que constan en el auto para defenderse, y es que «no existen pruebas directas» sobre se orquestara un plan desde su área de Gobierno para intentar que el caso de abusos protagonizado por su entonces marido no les salpicara, ni a él ni a ella. Pero lo cierto es que ese mismo documento sí recoge que el tribunal aprecia «una serie de indicios plurales» que «hacen sospechar la posible existencia de un concierto» entre Oltra y diversos funcionarios para «proteger a su entonces pareja o bien proteger su carrera política». Aún así, la portavoz del Gobierno trató de restar verosimilitud a esa posibilidad, alegando que es imposible que 13 funcionarios, a algunos de los cuales ni conoce, se pongan de acuerdo para defenderla. «La verdad es la verdad» y «ningún proceso judicial va a alterar la realidad», afirmó, para añadir que todas las explicaciones se darán en los tribunales.
Durante la extensa comparecencia, Oltra rechazó valorar si se rompería la coalición de Gobierno en caso de que Puig la cesara en sus responsabilidades, tal y como advirtió horas antes la coportavoz de Compromís, Àgueda Micó. Dejó claro que no quiere ni oír hablar de comparaciones sobre los momentos en los que ella pedía la dimisión del entonces jefe del Consell, Francisco Camps, asediado por los casos de corrupción que acorralaban a su Ejecutivo. «Cualquier comparación con el comportamiento corrupto del PP es odiosa», exclamó. En ese sentido, insistió en que ella ha actuado con «total transparencia y lealtad parlamentaria» dando todas las explicaciones posibles, y que siempre ha desvinculado las imputaciones de las líneas éticas.
Preguntada sobre si convivía con su marido cuando ocurrieron los abusos, admitió que «compartía inmueble, no convivencia», y respecto a si encargó el expediente en la conselleria sobre este caso aseguró esta vez que le encomendó su jefe de gabinete que averiguara lo que había pasado y, sobre todo, que se protegiera el interés de la menor.
Durante su extensa intervención, con dos salas a rebosar de medios de comunicación, trató de poner el foco en dos cuestiones. Por un lado, la defensa a ultranza de la profesionalidad con la que actuaron los funcionarios de la conselleria en todo este asunto, rechazando injerencias de ningún tipo y sacando además pecho de su gestión. Por otro lado, culpando de todos sus males en este asunto a la ultraderecha. En concreto, en el líder de la organización España 2000, José Luis Roberto, que ejerce como letrado de la niña abusada que denunció los hechos. «Esta gente no puede ganar», dijo en referencia al activista. Es por ello que justificó que se mantendrá al frente de sus cargos. Porque su postura, aseveró, es «coherente, ética, estética y política».
Imputación por el TSJ
La de este mediodía será la primera comparecencia pública de Mónica Oltra después de que ayer el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano anunciara que tendrá que declarar el 6 de julio, en calidad de investigada, por la gestión del caso de abusos de su exmarido a una menor tutelada.
La oposición en bloque ha exigido su cese inmediato mientras el president de la Generalitat, Ximo Puig, haya mostrado su respeto a la justicia y el deseo de que todo se aclare.
La decisión del TSJ de incoar diligencias previas, que era esperada después de que la Fiscalía respaldara la investigación de Oltra y le atribuyera los posibles delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos, pretende investigar si la "sospecha inicial" de una posible actuación concertada tiene "entidad suficiente", en relación a la gestión que hizo su Conselleria de los abusos a una menor tutelada por parte de su exmarido.
Ahora se redobla la presión sobre su futuro político, pues el debate se centra en si, una vez imputada, debe dejar sus cargos (vicepresidenta, portavoz del ejecutivo y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, además de ser la cara más visible de Compromís) o, por el contrario, aguantar y dar, aún como cargo público, todas las explicaciones en sede judicial el próximo 6 de julio.
