División en torno a la controvertida tasa turística hasta el último día de curso político en la Diputación. Esta vez, sin intervenciones subidas de tono, al margen de cualquier enfrentamiento. Los grupos de la derecha y la izquierda volvieron a poner este miércoles de manifiesto sus posturas encontradas frente al gravamen a las pernoctaciones, que ha iniciado su recorrido en las Cortes. En el orden del día del pleno ordinario de agosto figuraba la toma en consideración del acuerdo adoptado por el Consejo Económico y Social de la provincia de Alicante con respecto al impuesto hotelero, es decir, su rotundo posicionamiento en contra de la tasa. Lo que en otro momento hubiera servido, probablemente, para acentuar el debate entre el PP y Cs, por un lado, y el PSOE y Compromís, por otro, se zanjó esta vez con breves intervenciones. Tampoco hubo mociones para abordar cuestiones de calado político. La corporación provincial decidió dejar a un lado la habitual batalla ideológica en unos días complicados, marcados por el fallecimiento el pasado lunes de Sergio Rodríguez, exconcejal del PP en Elche, asesor de la Diputación y vicesecretario provincial de Comunicación de su partido. Todos diputados, en pie, guardaron un minuto de silencio en su memoria. El presidente de la institución provincial, Carlos Mazón, tuvo unas palabras de recuerdo hacia su compañero de partido y trabajador en la Diputación.
Aunque el debate parlamentario en torno a la tramitación de la tasa turística se escenifica en València, es en la provincia de Alicante, motor turístico de la Comunidad, donde se sitúa el foco sobre las posibles consecuencias de la activación de este impuesto. El Consejo Económico y Social de la Diputación se ha convertido en uno de los vectores de presión contra el Botànic, que promueve este impuesto de carácter municipal y de aplicación voluntaria. De entre los 25 representantes de ese órgano provincial, 18 suscribieron el manifiesto de la CEV en contra la tasa. Es decir, que todos excepto el PSOE, Compromís, Escola Valenciana y los sindicatos UGT y CC OO se alinearon para exigir la retirada del gravamen. Como estaba previsto, PP y Cs, socios en la institución provincial, votaron a favor de la toma en consideración de ese dictamen. El PSPV, a través de su portavoz en la Diputación, Toni Francés, se posicionó en contra y defendió que la futura tasa no está todavía del todo definida, puesto que ha comenzado ahora su recorrido en el Parlamento y se han solicitado nuevos informes para evaluar su impacto. Dijo que será una vez que se acuerde el texto definitivo cuando se podrá opinar al respecto. Gerard Fullana, de Compromís, defendió que la tasa es necesaria, especialmente en un escenario de cambio climático y cuando se hace necesario mejorar la calidad en los destinos turísticos. Con todo, la mayoría de votos que suman los de Carlos Mazón (PP) y los dos diputados de Cs fueron suficientes para ganar la votación; sin sorpresas. Se da por hecho que será uno de los asuntos que seguirán generan polémica a partir de septiembre, con la vuelta a la actividad política.
Tampoco hubo acuerdo en la modificación de crédito planteada por el Gobierno provincial y que ascendía a cuatro millones de euros. La oposición no la apoyó -con la abstención de los socialistas y la negativa del representante valencianista- al considerar que incluía diferentes partidas, unas con las que estaban de acuerdo y otras con las que no. Exigieron a Mazón que desglose esas modificaciones para no tener que votarlas en conjunto. Entre ellas, se incluía una por cuantía de dos millones que se destinarán a suplementar las convocatorias de ayudas a ayuntamientos para la realización y mejora de infraestructuras hidráulicas de abastecimiento y saneamiento, según explicó la diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna.
En lo que sí hubo unanimidad fue en la aprobación del Reglamento de Carrera Profesional Horizontal, un acuerdo adoptado con los sindicatos que favorecerá que los empleados públicos de la institución provincial vean reconocida su trayectoria profesional y esfuerzo personal en la progresión de su carrera y promoción interna sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo, según explicaron desde la Diputación. El nuevo reglamento será de aplicación tanto a funcionarios, como a interinos y personal laboral de la Diputación, que se convierte en una de las primeras administraciones locales de la provincia en impulsar este sistema de reconocimiento. Claro que está por ver si, finalmente, se puede llevar a efecto sin complicaciones. Cabe recordar que la Subdelegación de Gobierno está tratando de frenar una medida similar en el Ayuntamiento de Alicante, en concreto, las subidas salariales que se contemplan para impulsar la carrera profesional por, supuestamente, incumplir la ley de los Presupuestos Generales del Estado por suponer un aumento salarial de los funcionarios superior al 2% permitido. Aunque el brazo político del Ejecutivo de Pedro Sánchez en la provincia se ha posicionado en contra de esa medida, los socialistas de la Diputación han votado a favor en el organismo provincial puesto que se deriva de un acuerdo con los sindicatos y están de acuerdo.
Renovables
En materia energética, la corporación también aprobó la adjudicación de los acuerdo-marco de suministro de energía eléctrica renovable que gestiona la Central de Contratación de la Diputación y de cuyas tarifas económicas más ventajosas se pueden beneficiar los ayuntamientos de la provincia. De igual forma salió adelante la resolución de la convocatoria de ayudas para la ejecución de los proyectos del Plan de Ahorro Energético. Un total de 29 municipios se beneficiarán de los 1,6 millones de euros presupuestados este año con este fin.
