La carrera por la bajada de impuestos a las rentas del trabajo trasciende el plano autonómico y, ahora sí, entra de lleno en la agenda nacional, en la del Gobierno central. Inició la ofensiva el PP, con movimientos desde Madrid, Andalucía, Galicia y Murcia. Le siguió la Comunidad Valenciana, con Ximo Puig como el primer barón socialista en dar un paso al frente en esa línea, aunque, en su caso, sin suprimir el Impuesto de Patrimonio. Finalmente, y en mitad de un tsunami que ya lo inunda todo, es el Ejecutivo central el que ha maniobrado en ese mismo sentido. Con matices, pero siguiendo la misma dirección. Lo hace, además, después de dos días de ejercer presión, que es el tiempo que ha transcurrido desde que el jefe del Consell anunció en el debate de política general su hoja de ruta, el pasado martes. Cuarenta y ocho horas en las que el presidente de la Generalitat ha estado recibiendo fuego amigo desde Madrid. Desde La Moncloa y desde Ferraz, desde donde lo acusaron de torpedear el discurso de Pedro Sánchez, contrario a las bajadas de impuestos en tiempos de crisis y partidario de mantener recursos para sostener el estado de bienestar. Ahora, la situación ha dado un giro de 180 grados.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció este jueves una reforma «quirúrgica» en clave tributaria. Incluye un nuevo impuesto que gravará a las grandes fortunas y medidas en el IRPF para favorecer a las rentas medias y bajas, elevando hasta 21.000 euros el beneficio fiscal que actualmente se aplica en las rentas de hasta 18.000 euros para aliviar la tormenta inflacionista. La decisión se hizo pública tan solo dos días después de que el barón socialista con más peso, en un movimiento disruptivo que causó sarpullidos a los suyos, se uniera a la corriente de rebajas fiscales patrocinada por las comunidades gobernadas por el PP. Fue un hecho que desató un incendio de consideración entre València y Madrid. Se interpretó que Puig había tirado por tierra el discurso de La Moncloa y de Ferraz, alimentando el discurso de la derecha al entrar en su juego al anunciar rebajas en el tramo autonómico del IRPF para rentas de hasta 60.000 euros -un tramo casi tres veces mayor que el contemplado por el Gobierno central-. Su jugada dio munición a la derecha para seguir generando ruido y los de Alberto Núñez Feijóo lo utilizaron como ariete contra el Gobierno. Le pidieron, en definitiva, que aprendiera de Puig, que se alineara con la estrategia que trazó en su génesis la derecha. Perdida esa batalla, y en pleno lanzamiento de dardos envenenados desde cargos de relevancia como Montero; la vicepresidenta primera, Nadia Calviño; o la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, entre otros pata negra del PSOE, ha sido el propio Ejecutivo el que, previo pacto con Unidas Podemos, presentó este jueves su contraataque, con una propia batería alternativa de medidas que no solo incluyen aliviar la carga tributaria al 50% de la población que menos gana. También, eleva la presión sobre las grandes fortunas, que es un terreno en el que Puig no se había querido adentrar hasta ahora. Arenas movedizas en las que todo apunta a que, más pronto que tarde, tendrá que entrar. Eso es, precisamente, lo que le están exigiendo sus socios del Botànic, Compromís y Podem. Las dos formaciones lo volvieron a poner de manifiesto durante la segunda jornada del debate de política general en las Cortes Valencianas. Así las cosas, todo apunta a que si fue Puig quien, como progresista, marcó al Ejecutivo el camino hacia las bajadas de impuestos, será ahora la reforma del Gobierno la que marcarán al president el rumbo hacia el aumento impositivo a los grandes patrimonios.
El jefe del Consell se pronunció desde Bolonia, donde continuaba este jueves de viaje institucional. Habló antes de que se conociera al detalle la reforma fiscal del Gobierno, pero conocedor ya de que habría reforma tributaria más allá de elevar la presión a las rentas elevadas. Puig dijo que toda medida fiscal que suponga «apoyar a las familias y personas con más problemas tendrá siempre el apoyo de la Comunidad Valenciana», ya que es precisamente esto lo que el Gobierno que preside busca con sus propuestas de reforma impositiva. Minutos después Montero, desde Madrid, insistía en que hay que evitar las rebajas masivas de impuestos y no entrar en una carrera porque hay que mantener los servicios públicos. Por todo ello, pidió que se ejerza la competencia fiscal con responsabilidad, aunque subrayó que eso es algo que entra dentro de las competencias autonómicas; lo mismo que el jefe del Consell había reivindicado unos días antes, como es la potestad para tomar decisiones desde el autogobierno.
«Protegemos al 50 % de trabajadores de nuestro país con una medida que tiene para ellos un alto impacto, 746 euros frente a los veintitantos que aporta cualquier deflactación (del IRPF), y que además es selectiva porque solo y exclusivamente beneficia a las personas que tenemos que proteger». Esas fueron algunas de las palabras que Montero pronunció en su comparecencia. Palabras con las que sentenció que siguen estando en desacuerdo con el retoque al IRPF de Puig y su margen de hasta 60.000 euros para beneficiarse de su propuesta.
