El paso al frente de los empresarios alicantinos, su determinación para echarse a la calle con tal de sacar los colores al Gobierno tras el «ninguneo» hacia la provincia en los Presupuestos Generales del Estado, ha generado reacciones en cascada. Incluso en el propio Ejecutivo de Pedro Sánchez, que a través de la delegada del Gobierno en la Comunidad, Pilar Bernabé, ha lanzado un mensaje para tratar de calmar los ánimos. Asegura que ya se está trabajando para corregir las «descompensaciones» planificadas, precisamente, por su propio equipo, es decir, por el ministerio que dirige María Jesús Montero. Un reparto del pastel que traerá a este territorio sólo 1,2 de cada diez euros de las inversiones contempladas en el conjunto autonómico, la inversión más baja por habitante de toda España.

Bernabé ya ha dado los primeros pasos para tratar de desactivar el incendio que ha tenido su origen en el sector empresarial, que amenaza con protestas en Alicante y en Madrid, apoyadas por el PP, por Cs y por agrupaciones cívicas y entidades sociales. En ese sentido, la representante del Ejecutivo en la Comunidad asegura que ya ha iniciado conversaciones con la CEV y, próximamente, se reunirá con los empresarios de Alicante para abordar la situación y explicar los próximos pasos para dar una vuelta de tuerca a las inversiones previstas, según subrayó en una entrevista en À Punt.

«Soy plenamente consciente del malestar y el sentir de los alicantinos. Hablaré con ellos para explicarles por qué podemos estar tranquilos. La Generalitat y el Gobierno trabajan para corregir esa descompensación en inversiones, porque hay capacidad», afirmó la delegada. En ese sentido, destacó el mensaje que trasladó el jefe del Consell, Ximo Puig, un día antes, cuando dijo que de los 300 millones que la Generalitat puede decidir en qué se invierten, 207 se destinarán a infraestructuras en la provincia. Bernabé añadió que los Presupuestos inician ahora el recorrido parlamentario y se mostró convencida de que habrá un reajuste, una «compensación clara y directa».

Con todo, el brazo político del Gobierno en la Comunidad quiso hacer pedagogía. Señaló que, al margen de las inversiones en infraestructuras, «hay otras cuestiones que los alicantinos deben saber», como que seis de cada diez euros del presupuesto se destinan a gasto social y eso es algo que, añadió, «supone un impacto directo en los ciudadanos de la Comunidad Valenciana y de Alicante». Impacto que, en cualquier caso, será idéntico en todo el territorio autonómico y que no cambia la radiografía inicial: mientras Alicante recibirá 1,2 de cada 10 euros en infraestructuras, a Valencia se destinan 7,4 euros de cada 10. Todo, además, en un contexto en el que las inversiones para el conjunto de la Comunidad registrarán un aumento de 1.208 a 1.269 millones de euros. 

Bernabé dijo, además, que en la lectura inicial de los Presupuestos no se tienen en cuenta que hay inversiones que aparecen vinculadas a Valencia pero de las que se beneficiará también Alicante. Por ejemplo, en la línea ferroviaria de Alcoy a Xàtiva. De igual modo, resaltó que no se quedan por el camino algunas demandas históricas como la conexión por tren con el aeropuerto de Alicante-Elche, recordando en ese sentido que hace dos semanas se licitó la primera fase de un proyecto alternativo que supone conectar el aeródromo a través de la vía vigente, algo que reduciría los términos de ejecución desde los 36 meses previstos hasta la mitad.