La Sindicatura de Comptes alerta del uso irregular de contratos de emergencia en el Consell

La Sindicatura de Comptes de la Comunidad Valenciana le ha dado un nuevo tirón de orejas al Consell, en este caso por la detección de irregularidades en los procedimientos de contratación utilizados durante 2021. La institución, en la auditoría llevada a cabo, expresa una opinión favorable en términos generales, pero también advierte de incumplimientos significativos de la normativa aplicable en diversas cuestiones. Una de ellas es la que hace referencia a los procedimientos tramitados por vía de emergencia, que, pese a haberse reducido a la mitad tras los peores momentos del covid, no cumplen en algunos casos con los requisitos legales exigidos.

El informe de la Sindicatura sobre el cumplimiento de la legalidad en la contratación de la Administración de la Generalitat analiza los procedimientos seguidos tanto en lo que respecta a los contratos no menores como a los menores en las diferentes consellerias, tomando como referencia una muestra significativa de ellos. De acuerdo con la información contenida en la auditoria, a lo largo de 2021 el conjunto de los departamentos autonómicos comunicaron la formalización de 1.661 contratos no menores por un importe de 1.389,9 millones de euros, lo que supone una disminución del 10,3% en número, pero un aumento del 34,9% en volumen económico.

Dentro de este apartado figuran los contratos de emergencia, que han pasado de los 687 de 2020, por un valor de 358,8 millones de euros, a los 302 de 2021, en este caso por 124,8 millones. Una reducción que se justifica por el final de los peores momentos del covid, que obligaron, principalmente a la Conselleria de Sanidad, a concertar suministros por la vía de urgencia. 

Con todo, la Sindicatura advierte de que la Generalitat impulsó el año pasado diversos expedientes en los que no se cumplían los requisitos legales para este tipo de tramitación. Y como ejemplo pone la compra de 3.000 ordenadores portátiles para la Conselleria de Justicia por 5,5 millones, el aumento de los anchos de banda en centros educativos por 2,4 millones o el suministro de 1.800 ordenadores para la Administración de la Generalitat por 1,8 millones. 

En el capítulo de contratos no menores la auditoría también hace referencia a cuestiones como incumplimientos del principio de igualdad, o aprobaciones de expedientes insuficientemente motivados. 

En el apartado de los contratos menores, por otro lado, se indica que en 2021 se habían comunicado 12.644 por un valor de 60,6 millones, lo que supone un aumento del 25,8% en número y del 24,9% en importe. En este capítulo, la Sindicatura alerta de que los informes de necesidad se realizan con posterioridad a la solicitud de ofertas y sin calcular el valor estimado en los términos establecidos en la Ley de Contratación del Servicio Público (LCSP). 

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El informe, asimismo, advierte de un abuso de la contratación tramitada por medio de caja fija. En 2021 se utilizaron 281 cuentas para efectuar pagos por valor de 38,5 millones de euros, de los que un 28% correspondieron a compras de productos sanitarios y medicamentos. En este sentido, la Sindicatura señala que este tipo de productos no deberían abonarse de esta forma, sino que tendrían que someterse a los procedimientos de la LCSP.

El informe, por último, incide en el déficit de personal, hasta el punto de considerar que los medios actuales «son insuficientes para llevar a cabo una gestión de la actividad contractual con los mejores criterios».