Así está marcando la actual crisis la salida de Sepulcre en el año 2016

La figura de los diputados no adscritos es una constante en la Diputación Provincial en los últimos mandatos. La salida de Fernando Sepulcre de Ciudadanos el 20 de junio de 2016 guarda diferencias significativas con la actual situación. El entonces dirigente de la formación naranja se marchó al principio del mandato y carecía de competencias de gobierno, si bien su voto era decisivo. No obstante, el entonces presidente popular César Sánchez tardó nueve días en reducirle el sueldo y cesar a los dos asesores que tenía asignados Cs.

En ese momento, no existía el actual reglamento y el informe interno de la institución miró hacia una sentencia del Tribunal Constitucional de 2009, cuando cuatro diputados no adscritos (los ex socialistas María Teresa Carbonell, Loreto Martínez , Francisco J. Miralles y José Antonio Mourisco) pidieron amparo para que se les diera voz y voto en las comisiones informativas.

Así los actuales diputados Julia Parra y Javier Gutiérrez, que pierden su sueldo de dedicación exclusiva, sí tienen derecho a asistir y cobrar por cada comisión y pleno, es decir, 250 y 350 euros por cada una. Este punto sí es similar a lo ocurrido con Fernando Sepulcre, pues el representante institucional estaba en gran parte de los organismo y, al final, según la página de Transparencia de la Diputación, percibió un salario de 49.962,04 euros anuales más la asistencia a organismos que, por citar solo un caso, fue de 800 euros en Suma por un trimestre. La institución provincial cuenta con una docena.

Mazón cesa a un asesor de Cs y la oposición irá a los tribunales si mantiene al resto

Lo que queda en el aire es la cuestión de las competencias. La jurisprudencia determina que las condiciones no pueden mejorar para los tránsfugas, pero el reglamento omite las cuestiones competenciales. Esta sería la gran diferencia respecto a anteriores no adscritos. Ni Sepulcre, ni Domingo Soler (ex PP) en la etapa de José Joaquín Ripoll, ni los citados anteriormente tuvieron nunca mando en plaza, es decir, firma que les concediera potestad para gestionar dinero público.

Es más, los recién estrenados no adscritos pertenecen a la junta de gobierno, a la cual pueden renunciar o los puede cesar el presidente. Las complejidades internas fijan situaciones tan rocambolescas como que si Julia Parra lo hiciera perdería automáticamente su condición de vicepresidenta, pero este punto no está sobre la mesa.

¿Código de Buen Gobierno?

Fuentes jurídicas consultadas estiman que esa laguna puede permitir que ambos mantengan sus cargos en Infraestructuras o Cultura, pues la norma habla de perder sus condiciones económicas exclusivamente. La cuestión de la estética y la ética queda en otro campo. La Diputación de Alicante tiene varios convenios de colaboración y cooperación firmados con la Agencia Antifraude y la Federación Española de Municipios y Provincias.

En 2015, se adhirió al Código de Buen Gobierno. En uno de sus puntos se dice: «Los cargos electos respetarán la voluntad de la ciudadanía y actuarán con lealtad política, comprometiéndose a asumir el código de conducta política en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales». Es el único punto en este sentido, además de alguna referencia a la «lealtad política» de los ediles electos. No obstante, la suscripción de este tipo de acuerdos no son vinculantes, es decir, que no tienen consecuencias, a priori, legales pues el acta de concejal es personal e intransferible y solo la dimisión permite que el partido mantenga el escaño.

Otra cuestión es que el informe de evaluación que se haga de 2023 ya no lo hará la actual Corporación provincial.