Así puntúa "El Dedómetro" a los directivos alicantinos en empresas públicas de la Comunidad Valenciana

La investigación de la fundación Hay Derecho, que lleva por nombre El Dedómetro, analiza el nivel de politización y amiguismo en la designación de los máximos responsables de 30 entidades públicas de la Comunidad Valenciana a lo largo de 10 años. El documento se ha presentado esta mañana en la sede de la Agencia Valenciana Antifraude y también incluye una decena de instituciones madrileñas. Además de la idoneidad de los altos gestores, se evalúan los niveles de transparencia.

Las mejores valoradas son la propia Agencia Antifraude, la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) y la Sindicatura de Comptes. De las peores, Ciegsa y la Epsar. En el detalle que proporciona, El Dedómetro valora los currículums de los profesionales que están al frente de las entidades. De los 66 analizamos pertenecientes a la última década, se estima que la mitad suspenden en "mérito y capacidad" con menos de un 5 en una escala del 1 al 10. 

Alicantinos a examen

Entre los directivos se encuentran seis alicantinos. Sus puntuaciones son muy diferentes. El primero que encontramos es el ilicitano Antonio Torres saca un cinco al frente de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. El actual máximo responsable, fue nombrado en 2022. Desde la fundación señalan que su elección "parece responder aún con mayor claridad que su predecesor a razones vinculadas con su trayectoria política, dado que apenas posee experiencia en el ámbito privado y ésta no guarda relación con el objeto social de la entidad". 

Una de las peor parada es la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana es un ente público dedicado a la gestión y explotación de instalaciones y servicios de agua. Cuenta con una plantilla de 69 empleados y un cargo directivo con el nombre de Gerente. No ha sido posible obtener información ni sobre su presupuesto ni sobre el sueldo del gerente. Ese cargo lo ostenta actualmente el también villenero José Ángel Conca, quien fuera jefe de gabinete de la consellera Mireia Mollà. "Además, su experiencia profesional y de gestión se ha desarrollado en puestos de comunicación y docencia en el ámbito universitario. No parece fácil explicar por qué la experiencia en el ámbito de comunicación resulta un criterio relevante a la hora de seleccionar el máximo responsable de una entidad afectada por la corrupción y cuya función es el saneamiento de aguas residuales". Obtiene la peor de la notas de los directivos de la provincia.

En la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias, mercantil dedicada a la gestión de incendios forestales y emergencias, encontramos a Baltasar Ortiz. En cuanto a su trayectoria profesional, posee 43 años de experiencia laboral en diferentes ámbitos, y solo 8 de esos años son en materias relacionadas. Por lo demás, ocupó cargos políticos en el Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant durante 16. Después de ello, pasó solo 2 años como asistente técnico en el Servicio de Bomberos Forestales perteneciente al grupo empresarial Tragsa, por lo que su nombramiento parece responder a su trayectoria política anterior. Le puntúan con 3,5 puntos.

En la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (À Punt), la investigación destaca el hecho de que "sus responsables actuales estén en funciones no es una casualidad, sino el síntoma de un problema más profundo vinculado con los intentos de control de los medios de comunicación autonómicos por parte de los partidos políticos". Aunque la alicantina Mar Iglesias ya no está al frente de la radiotelevisión pública. La profesora de la UA y periodista es una de las máximas responsables mejor valoradas con una nota de 7,5 puntos.

No obstante, el mejor puntuado es José Luis Pérez Pont, responsable del Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana con un 9,5 puntos.

Respecto a la Agencia Valenciana Antifraude y la AVI, Hay derecho subraya su excelencia, porque "ambas obtienen la máxima puntuación en transparencia y una puntuación adecuada en el indicador de mérito y capacidad".

Sobre Ciegsa, el informe recoge: "a juzgar por la intención de liquidar la entidad, resulta curioso que una entidad con una deuda de 1.700 millones de euros y denunciada por sobrecostes que ascienden a 1.130 millones de euros siga funcionando bajo responsabilidad de directivos cuya trayectoria profesional se asienta sobre puestos de naturaleza política". El cargo directivo actual es Juan Ramón Ferrer Mateo, quien fuera compañero de gabinete con Ximo Puig en la etapa de Joan Lerma.

Indicadores y conclusiones

El 47% de las entidades de la Comunidad Valenciana no publican información sobre el derecho de acceso a la información. Además, otro 47% no publican información sobre las retribuciones de sus máximos responsables. Atendiendo a las diferencias entre entidades, el hallazgo más significativo que se expone en las conclusiones es que la idoneidad de los candidatos mejora cuando las entidades tienen procesos específicos de selección de máximos responsables que concretan el tipo de experiencia profesional requerida para el puesto por exigencias de la normativa de aplicación.

Por último,  la fundación refleja que el estudio indica que "parece que la falta de mayorías absolutas y la necesidad de apoyos parlamentarios de otros partidos (ya sea externo o mediante gobiernos de coalición) favorecen una mejora de la idoneidad de los máximos responsables en el sector público. De acuerdo con nuestros datos, los gobiernos en solitario tienden a una mayor relajación de los criterios de selección de máximos responsables, mientras que las coaliciones y los gobiernos con apoyos externos favorecen una mayor profesionalización de los directivos. Merecería la pena profundizar en esta línea de investigación a partir del estudio de otras comunidades autónomas, dado que quizás la muestra analizada es demasiado pequeña para sacar conclusiones definitivas". 

Hay Derecho, organización sin ánimo de lucro que defiende el Estado de derecho y lucha contra la corrupción, ha creado unos indicadores que, a partir de la recogida y análisis de datos públicos, permite evaluar si los procesos de selección de los máximos responsables reflejan los principios de mérito y capacidad o por el contrario se trata de amiguismo e intercambio de favores

Para el análisis de la idoneidad de los máximos directivos, la metodología tiene en cuenta la formación académica, la experiencia profesional general y específica en el sector que dirige, así como experiencia de gestión, tiempo de permanencia en el puesto y vinculación política, Desde la fundación se puntualiza que "a la hora de extraer conclusiones, hay que tener en cuenta que las valoraciones realizadas sobre estos cargos directivos son independientes del mejor o peor desempeño"