Los retos del nuevo Consell: de la violencia machista a la financiación autonómica justa

Este lunes se constituirá la undécima legislatura de las Cortes Valencianas. El periodo que está a punto de estrenarse tendrá en el Gobierno al Partido Popular y a Vox, tras el pacto que anunciaron el pasado día 13 ambas formaciones. Un par de días después hicieron públicos cincuenta puntos que van a servir como base de su acción de gobierno inicial. Todavía falta por conocerse el nombre del presidente de las Cortes, que será del partido ultra, y el de la mayoría de los consellers. Entre las certezas hasta la fecha se encuentra que el popular Carlos Mazón será el presidente de la Generalitat y el extorero Vicente Barrera, de Vox, vicepresidente.

Más allá de estos nombres, ambas formaciones heredan una Comunidad Valenciana en la que hay que afrontar muchos retos, que van desde la violencia machista, que ha provocado la primera crisis entre el PP y Vox, a la reclamación de una financiación autonómica justa. Entre una cuestión y otra, hay también otros asuntos de enorme importancia que requieren de respuestas urgentes. La bajada de impuestos, el colapso de la Atención Primaria, el conflicto por el plurilingüismo, la movilidad, la implantación de las energías renovables o la transición ecológica son algunas de ellas.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Primer desencuentro

No pasaban ni 24 horas desde que el PP y Vox habían dado a conocer los cincuenta puntos de su pacto de gobierno, en los que se hace referencia a la violencia «intrafamiliar», un término que emplea la extrema derecha, y esta cuestión ya había abierto la primera crisis entre las dos formaciones. El detonante de ella fue el número dos de Vox por Valencia, José María Llanos, que afirmó que la «violencia de género no existe». Aunque posteriormente rectificó a través de un mensaje que publicó en Twitter, el daño ya estaba causado.

El PP salió en tromba a replicar a Llanos, empezando por el propio Mazón y siguiendo por el líder nacional, Alberto Núñez Feijóo. «La violencia de género sí existe. Es una lacra contra la que no voy a dejar de luchar. El Gobierno que presida no solo no va dar un paso atrás, sino que reforzará cualquier medida de protección sobre la mujer», afirmó el futuro presidente de la Generalitat. Más allá de este encontronazo, los pasos que se den en este terreno van a ser escrutados con lupa, algo sobre lo que en las filas populares son conscientes.

BAJADA DE IMPUESTOS

Una de las grandes prioridades

Una de las grandes prioridades que Mazón ha venido defendiendo es la de la necesidad de afrontar una bajada de impuestos en la Comunidad Valenciana. Su propuesta abarca al 80% de los valencianos. Ahora tiene que llevar a cabo el encaje de su plan en materia fiscal con el equilibrio de que no suponga una merma para los recursos públicos que garantizan el estado del bienestar. En este sentido, el planteamiento de Mazón sigue la estela de las propuestas de otros de los grandes líderes autonómicos populares, como Isabel Díaz Ayuso o Juanma Moreno.

«Modificaremos la escala del IRPF para beneficiar a todas las rentas, de forma especial a las bajas y medias», es uno de los compromisos adquiridos por Mazón durante la campaña. La reforma fiscal que propone el PP para la Comunidad Valenciana «supone el plan más ambicioso que nunca se ha puesto en marcha», según su dirigente. El ahorro estimado supera los 1.750 millones de euros. También está previsto que se produzca una bajada del 10% al 6% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en las viviendas de menos de 250.000 euros.

ATENCIÓN PRIMARIA

Freno al «colapso»

La gran prioridad en la campaña del PP ha sido la de la situación sanitaria de la Comunidad Valenciana. Mazón ha venido denunciado que el balance del Botànic es «una nefasta gestión y el colapso en la Atención Primaria». A su nuevo Gobierno le tocará dar la vuelta a esta situación. Para conseguir este propósito, entre otras acciones, está prevista la creación de una Dirección General de Atención Primaria y el blindaje por ley del presupuesto para la sanidad pública valenciana, con el 30% de los recursos totales.

Entre otras medidas, el proyecto para la sanidad del Ejecutivo que forman PP y Vox pasa por no aplicar el requisito lingüístico para los funcionarios del sistema público de salud; por incrementar las plazas de médicos de familia, pediatras, enfermería y otros profesionales adscritos a los centros de Atención Primaria; y por garantizar por ley el tiempo máximo en la lista de espera para pruebas diagnósticas y quirúrgicas. Cuando los plazos excedan de cincuenta días, las pruebas se realizarán en un servicio de gestión privada.

REVERSIONES

Dénía y Elche-Vinalopó

Uno de los puntos de atención sobre los pasos que irá dando el nuevo Gobierno autonómico del PP y Vox pasa por su actuación en cuanto a las reversiones en materia sanitaria. Entre las incógnitas, hay que resolver, por ejemplo, si se congelarán estas reversiones o si se llevarán a cabo nuevas privatizaciones. En este contexto, se encuentran las áreas sanitarias de Dénia y Elche-Vinalopó, cuyas reversiones formaban parte de la hoja de ruta del Botànic. Desde la izquierda se apunta que Mazón congelará la reversión de la gestión de las áreas sanitarias y hospitalarias que se encuentran en manos de empresas privadas. Por su parte, en el PP afirman que todavía no se ha tomado una decisión definitiva en este sentido.

Desde las filas populares también se ha señalado que lo primero que se pretende hacer en este sentido es una auditoría del sistema de salud valenciano, para conocer su realidad al detalle. En función del resultado que depare esta auditoría, se decidirá sobre las reversiones que ya estaban previstas por el Botànic y sobre otras posibles que se pudieran acometer en el futuro. Será uno de los temas más espinosos que se tendrá que abordar, ya que no será un proceso sencillo. Por ejemplo, se tendrían que volver a sacar a concurso las gestiones de los hospitales, con todo lo que supone también a nivel de personal si vuelven a la gestión privada.

PLURILINGÜISMO

Libertad de elección educativa

Conocidas las consellerias que gestionará Vox (Cultura, Justicia y Agricultura), el PP se hará cargo de Educación. En su programa electoral se recogía el compromiso de garantizar a las familias la libertad para escoger «el centro, el ideario y la lengua que quieran en la educación de sus hijos». Uno de los primeros anuncios que hizo Mazón tras su triunfo en las elecciones fue que se eliminará la Oficina de Derechos Lingüísticos, a la que se refirió como «Oficina de Policía Lingüística» y que fue puesta en marcha por el Botànic en el año 2017.

El futuro presidente de la Generalitat ha expresado su intención de acabar «con todo un ejército de asesores lingüísticos nombrados a dedo», restituir la figura de los inspectores educativos, acabar «el procés a la valenciana» y «sacar la ideología de las aulas». Por su parte, el programa electoral de Vox mostraba el compromiso de «garantizar la libertad educativa y lingüística y la calidad de la enseñanza sin intromisiones ideológicas», así como el de «desalojar a los activistas y asesores lingüísticos» de las aulas.

PLAN SIMPLIFICA

Reducir la burocracia

Mazón ha llegado a calificar como «diabólica» la relación que la ciudadanía mantiene con la Administración. En este sentido, durante la campaña prometió eliminar burocracia y trabas. Para ello, presentó su Plan Simplifica, con el que se pretende, entre otros objetivos, que las empresas ganen agilidad. La propuesta popular contempla «mecanismos de responsabilidad patrimonial de la Administración» ante los retrasos injustificados a la hora de autorizar trámites, ya que considera que eso «implica costes y gastos para el ciudadano».

Según las estimaciones que el PP ha ido haciendo públicas los últimos meses, la simplificación de la burocracia en la Administración contribuiría a aumentar la competitividad de la Comunidad Valenciana en cuatro puntos. El Plan Simplifica forma parte de una de las cien medidas que los populares quieren poner en marcha de forma urgente, dentro de las más de 2.000 propuestas que formaban su programa electoral. «No tenemos tiempo. Por eso venimos con los deberes hecho de casa», ha recalcado Mazón.

MOVILIDAD

Necesidad de un nuevo modelo

En este terreno, el futuro presidente de la Generalitat ha venido defendiendo la necesidad de activar un nuevo modelo de movilidad. Una de sus propuestas más revolucionarias en este sentido para la provincia es la de poner en marcha un tranvía que circulará por Elche en cuatro años. La Generalitat financiará íntegramente esta obra, que estará valorada en cerca de 200 millones y que unirá el polígono de Carrús con el de Torrellano. Más allá del proyecto ilicitano, el programa popular prevé una apuesta por «unos cercanías rápidos y frecuentes, un transporte público que conecte todos los pueblos y ciudades, y la ampliación de los servicios de metro y tranvía».

Entre las exigencias al Gobierno central que están previstas en materia de movilidad se encuentran las de la finalización del Corredor Mediterráneo, la ejecución del Plan de Cercanías de la Comunidad Valenciana o la conexión del AVE entre las tres capitales de provincia. También se ha propuesto la mejora de las conexiones por carretera del interior y del interior hacia la costa y la conexión por Tram entre la estación de Luceros y la de Renfe en la ciudad de Alicante.

RENOVABLES

Otro de los planes de choque

Al igual que ocurre con otros sectores, en lo referente a la implantación de las energías renovables en la Comunidad Valenciana también está prevista la puesta en marcha de un plan de choque. Mazón anunció a finales de marzo que su futuro Consell, en sus primeros seis meses, relanzaría «las autorizaciones de los expedientes de energías renovables, sin ideología y con sentido común». El dirigente popular se ha mostrado «muy preocupado por el bloque y la parálisis» que tiene la situación energética, sobre todo de las fotovoltaicas y renovables, y ha denunciado la pérdida de inversiones y de 7.500 puestos de trabajo.

Las discrepancias en cuanto a las renovables entre el Botànic y el PP vienen de lejos. Prueba de ello es que, a finales del año pasado, los populares anunciaron que llevarían ante el Síndic de Greuges y la Inspección General de Servicios la tramitación de los proyectos, cuya situación calificaron como «colapsada», al igual que han venido haciendo con la de la Atención Primaria.

TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Un área reservada al PP

Aunque dentro del pacto de gobierno el área de Agricultura ha sido adjudicada a Vox, la formación ultra solo se encargará de las cuestiones ligadas al sector primario. Lo relativo a la crisis climática y la transición ecológica quedará en manos del PP. En materia medioambiental, una de las grandes banderas de los populares es la de la defensa del trasvase Tajo-Segura. Con motivo de esta cuestión, han cargado contra el Gobierno central, al que han acusado de perjudicar la sostenibilidad de la provincia alicantina.

Al igual que ocurre con la violencia de género, las actuaciones de Vox en lo referente a la crisis climática serán analizadas al detalle. Ya llamó mucho la atención que en los cincuenta puntos que los populares y los de Santiago Abascal anunciaron de forma conjunta no se hiciera ni una sola mención referente al cambio climático o al consumo responsable. Los ultras han sido negacionistas de ello desde su fundación.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Reivindicación histórica

Una cuestión que levanta apoyas y que viene siendo una reivindicación histórica de la Comunidad Valenciana es la de que se aplique un modelo de financiación autonómica justo, que sea equilibrado con el peso poblacional y en el PIB de la autonomía. Mazón ha venido arremetiendo contra la gestión llevada a cabo por Ximo Puig y Pedro Sánchez en este terreno y ahora le tocará tomar las riendas. Todo ello a las espera del nuevo escenario que deparen las elecciones generales que se celebrarán el próximo 23 de julio.

Los populares han denunciado que la Comunidad Valenciana es la que menos recibe a través del sistema de financiación autonómica, 2.247 euros por habitante, 178 euros menos que la media, lo que la tiene condenada al furgón de cola. A Mazón le tocará ahora liderar la reivindicación para revertir la situación y conseguir un reparto que sea más equitativo.