La prórroga de los Presupuestos del Estado prolongará la falta de inversiones en Alicante

La patronal autonómica CEV e Ineca muestran su gran preocupación por el nuevo retraso que sufrirán las infraestructuras de la provincia ante la falta de unas cuentas públicas que aumente el dinero destinado a la zona

La protesta para reclamar más inversión del estado en Alicante celebrada en noviembre del año pasado.

La protesta para reclamar más inversión del estado en Alicante celebrada en noviembre del año pasado. / Álex Domínguez

Las alarmas vuelven a sonar entre el empresariado alicantino. Aunque la incertidumbre derivada de las últimas elecciones no es buena para nadie, la provincia puede acabar siendo la gran perjudicada por la paralización de la actividad administrativa que provoca tener el Gobierno en funciones. Sobre todo si, como todo apunta, la actual situación obliga a prorrogar los actuales Presupuestos Generales del Estado, que relegaron en el último año a Alicante a la cola en inversiones por habitante.

Una situación que será prácticamente imposible de corregir sin unas nuevas cuentas públicas, que permitan incluir nuevos proyectos. Por el contrario, una prórroga únicamente permitiría actualizar algunas partidas –como las pensiones o los salarios de los funcionarios-, o continuar con la ejecución de aquellas infraestructuras que ya contaran con una asignación plurianual, pero no podrían acometerse nuevas inversiones, como las que demanda la provincia.

Aunque oficialmente el Gobierno todavía no ha reconocido que la prórroga es la única opción –la versión oficial es que se trabaja para aprobarlos cuanto antes, una vez lograda la investidura-, hace solo unos días la propia vicepresidenta Nadia Calviño trataba de restar importancia a esta posibilidad, asegurando que no lastraría el crecimiento económico. En cualquier caso, el calendario ya juega a la contra. Para aprobar las cuentas públicas, el Ejecutivo debería haber fijado el techo de gasto el pasado mes de julio y el proyecto de Presupuestos debería presentarse antes de acabar septiembre, para dar tiempo a su tramitación parlamentaria, que suele durar unos tres meses. De esta forma parece del todo improbable que estén listos el próximo 1 de enero. En todo caso, podrían aprobarse ya entrado el próximo año, con el ejercicio ya empezado, como ocurrió tras la elección de Mariano Rajoy. Claro está, si no hay repetición electoral.

La concentración para protestar por la falta de inversiones del estado en Alicante celebrada en noviembre de 2022.

La concentración para protestar por la falta de inversiones del estado en Alicante celebrada en noviembre de 2022. / Álex Domínguez

Así las cosas, el presidente de la patronal autonómica CEV, Salvador Navarro, reconoce que la situación es «muy preocupante» para la provincia, ya que implicaría un nuevo retraso en la planificación y puesta en marcha de las infraestructuras que necesita Alicante. «Esto nos vuelve a dejar a la cola, pero es que, con la situación actual, ¿a quién te diriges para realizar propuestas de mejora?», se pregunta Navarro.

En cualquier caso, los empresarios quieren empezar a presionar cuanto antes y utilizarán la comisión de la CEOE de relaciones con las Cortes para tratar de influir en todos los grupos políticos para preparar el terreno. También confían en que organismos como Aena, que no dependen de esa aprobación de las cuentas públicas, sí puedan avanzar en sus iniciativas y, en concreto, en el proyecto de segunda pista de El Altet que demandan los empresarios.

En la misma línea, el presidente del Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca), Ignacio Amirola, califica de «muy negativo» para los ciudadanos la prórroga de los presupuestos estatales que, a su juicio, supone una pérdida de oportunidad para corregir el agravio sufrido en los últimos años. Así, esta organización, una de las más activas en la reivindicación de inversiones para Alicante, cifra en 3.535 millones de euros el déficit inversor del Estado en la provincia desde 2008, teniendo en cuenta su población.

En opinión de Ineca, la prórroga «retrasará aún más la recuperación socioeconómica de la provincia que ya se veía comprometida con los Presupuestos del Estado de 2023» y pospone algunas infraestructuras que considera «vitales», entre las que cita el tercer carril de la A-70 entre Alicante y Elche, la duplicación de la variante N-332 en Torrevieja, el AVE de Alicante a Valencia, el Corredor Mediterráneo, el tren de la costa a Benidorm o la mejora del eje ferroviario de Alicante a Murcia, entre otros.

Desde el punto de vista de los dos principales partidos políticos, en el PP no dudan en aprovechar la situación para cargar contra Pedro Sánchez, al que responsabilizan del problema. «Sánchez ha utilizado los Presupuestos y la financiación como herramienta para premiar o castigar, y a la provincia de Alicante nos ha castigado con ensañamiento», señala la diputada popular Macarena Montesinos, que insiste en que, si se prorrogan las cuentas actuales seguirá en el puesto 52 en inversión por habitante y condenada al «abandono».

Por su parte, el portavoz adjunto del PSPV en las Cortes Valencianas y exconseller de Hacienda, Arcadi España, trata de quitar hierro a la situación y asegura que sí que existe cierto margen de actuación para acometer nuevas inversiones aunque se prorroguen las cuentas, aunque reconoce que el proceso es más «farragoso». En cualquier caso, defiende que los socialistas valencianos seguirán trabajando para conseguir nuevas inversiones clave a la provincia, como la conexión ferroviaria del aeropuerto o las infraestructuras hídricas.

Las peores cuentas públicas de la historia para Alicante

El proyecto de Presupuestos Generales que presentó el Gobierno para 2023 contemplaban la menor inversión del Estado en la Alicante de la historia, con apenas 160,8 millones de euros. Una cifra que relegaba a la provincia al último lugar en inversión por habitante, con apenas 84,5 euros, frente a los 283,4 euros de la media nacional o los más de 1.100 euros de Soria, la provincia más beneficiada. La propuesta provocó indignación en Alicante y llevó a la convocatoria de dos concentraciones -una convocada por la Cámara de Comercio y otra por el conjunto de los agentes sociales- para denunciar la situación. Las protestas llevaron a que, primero, el Ejecutivo asegurara que la cifra real de inversión era mayor, porque no se habían contabilizado hasta 69 millones en proyectos ferroviarios e infraestructuras hídricas, y, posteriormente, a que los diversos grupos presentaran enmiendas por valor de 51 millones durante la tramitación parlamentaria. Unas cantidades que, en cualquier caso, no sacaron a la provincia de las últimas posiciones en inversión.