La provincia se pone en guardia ante la cesión de Cercanías a Cataluña: teme retrasos en infraestructuras ferroviarias

Patronal y Gobierno autonómico exigen un trato igualitario en inversiones, mientras que PSPV y Compromís recuerdan que la conexión con el aeropuerto figura en el pacto de investidura de Sánchez

Un tren de cercanías circulando por las proximidades del aeropuerto a la altura de Torrellano.

Un tren de cercanías circulando por las proximidades del aeropuerto a la altura de Torrellano. / Héctor Fuentes

M. Vilaplana

M. Vilaplana

Con la mosca detrás de la oreja. Así anda la provincia con el pacto al que han llegado el PSOE y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para la investidura de Pedro Sánchez. Y es que el acuerdo para el traspaso de la red de Cercanías a Cataluña, con las consiguientes transferencias presupuestarias, ha despertado el temor a nuevos retrasos en las infraestructuras ferroviarias alicantinas, principalmente en lo que respecta a la conexión con el aeropuerto. La patronal y los partidos que componen el Ejecutivo autonómico, PP y Vox, exigen un trato igualitario en inversiones para la Comunidad Valenciana, mientras que PSPV y Compromís recuerdan que el proyecto de la variante de Torrellano y la mejora de la línea de Cercanías, sobre todo entre Alicante y Murcia, figura en el pacto firmado semanas atrás entre Sumar y los propios socialistas para la reedición del Gobierno central. 

La mejora de la red ferroviaria en el conjunto de la Comunidad Valenciana y, más en concreto, en la provincia de Alicante, es una larga reivindicación que ha ido avanzando a paso de tortuga y que, en algunos casos, y pese a su enorme importancia estratégica, ni tan siquiera se ha empezado a ejecutar, como es el caso de la conexión ferroviaria con el aeropuerto. Pues bien, en este contexto de malestar, este jueves saltaba la noticia de que el PSOE y Esquerra Republicana habían alcanzado un acuerdo para el traspaso de Cercanías a Cataluña, en una decisión que llevará aparejadas las transferencias necesarias para la prestación y el mantenimiento del servicio.

Y eso no ha hecho otra cosa que poner en guardia a la provincia, que teme que esas aportaciones económicas traigan consigo un desvío de fondos que postergue, todavía más, los proyectos programados en este territorio. La Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), a través de su presidente, Salvador Navarro, no ha ocultado su preocupación. «Ya dijimos en su momento que no nos gustan este tipo de pactos bilaterales, sobre todo cuando pueden generar desequilibrios con el resto de comunidades autónomas», destaca el dirigente empresarial, para reclamar a continuación idénticas oportunidades para el conjunto de territorios.

Por parte de los partidos que están en el Gobierno autonómico, el secretario general del PPCV, Juan Francisco Pérez Llorca, señala desconocer las cantidades por las que se va a realizar la cesión, «pero me extrañaría que aceptasen sin un montante económico elevado». Y asegura, en este sentido, que por parte del Consell se va a reclamar un trato igualitario en inversiones. Con todo, fuentes del Consell avisan de que no van a solicitar la gestión de las Cercanías, ante el grave problema de infrafinanciación que arrastra la Comunidad. Destacan que el Gobierno central solo ha ejecutado un 20% del plan de Cercanías aprobado en 2017, que preveía una inversión de 1.400 millones, y que la intención es reclamar que se consume en su totalidad para mejorar el servicio a los ciudadanos.

Más tajante en este sentido se muestra la síndica de Vox en las Cortes, Ana Vega, quien no duda a la hora de señalar que «cualquier acuerdo de Pedro Sánchez con los independentistas es un fraude y, por supuesto, va en contra no solo de los alicantinos, sino de todos los españoles». Y añade que, aparte de lo que supone la cesión de Cercanías, «la amnistía es un claro atentado contra el Estado de Derecho».

No son de la misma opinión, ni mucho menos, los partidos que están en la oposición en la Comunidad. Empezando por el PSPV, cuyo portavoz adjunto en las Cortes Valencianas, José Chulvi, destaca, en la semana en la que el Gobierno autonómico ha presentado las cuentas, que «el único peligro es que la derecha vuelva a hacer presupuestos para la Comunidad Valenciana». Y resalta que en el pacto entre Sumar y el PSOE «hay un acuerdo firme para paliar la infrafinanciación y acelerar las inversiones».

En parecidos términos se expresa Aitana Mas, también portavoz adjunta en las Cortes, aunque en este caso de Compromís, quien considera los temores sobre la pérdida de inversiones en las infraestructuras ferroviarias un «sinsentido». Según sus palabras, «nuestra formación consiguió que la mejora de la red de Cercanías en Alicante quedase reflejada en el documento firmado para apoyar la investidura de Sánchez. Además, en su momento, cuando se transfirieron las competencias sanitarias a Cataluña, no disminuyó nuestro presupuesto en la materia».

Pero los vecinos que vienen reivindicando desde hace años la variante de Torrellano no lo tienen tan claro. El presidente de la plataforma Variante de Torrellano Ya y de la asociación Parque del Mar, Lorenzo Pérez, indica que, «teniendo en cuenta que somos la última provincia en inversión y que ahora por conveniencia política se beneficia a otras comunidades, con más razón nuestras reivindicaciones van a quedar relegadas a un segundo plano». Por su parte, la presidenta de la Asociación de Vecinos de San Gabriel, Paz Sotodosos, indica que, «más allá de las inversiones, lo que de verdad importa es que haya voluntad política para hacer las obras».