El Consell recurrirá a colegios profesionales para desatascar la tramitación de las plantas solares

Tirar de imaginación. Eso es lo que está haciendo la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, para tratar de desatascar la tramitación de las plantas solares en la Comunidad Valenciana, en general, y en la provincia de Alicante, en particular. La Dirección General de Energía, en concreto, está trabajando en dos líneas. Por un lado, está negociando con colegios profesionales con la finalidad de buscar acuerdos de colaboración que permitan agilizar los expedientes y, por otro, tiene previsto lanzar una plataforma digital cuyo objetivo, entre otros, será la coordinación de los diferentes departamentos y evitar las duplicidades.

La tramitación de las plantas solares es uno de los grandes problemas heredados por el actual Gobierno autonómico. Fue durante el mandato del Botànic cuando las solicitudes para construir plantas solares fueron acumulándose debido a la exasperante lentitud en la resolución de los expedientes, propiciando que la Comunidad Valenciana se encuentre en estos momentos a la cola en el despliegue de energías renovables. De hecho, en cinco años solo se habían tramitado en el conjunto de la Comunidad Valenciana 231 proyectos, que en su conjunto sumaban 2.761 megavatios. Del total, solo 18, con una potencia de 152 megavatios, están operativos. En el caso de la provincia de Alicante, los expedientes resueltos eran 74, con una potencia de 899 megavatios, siendo solo cinco, con 44 megavatios, los que han entrado en servicio.

Las divergencias entre las diferentes consellerias implicadas del anterior Ejecutivo, como eran Territorio, dirigida por el PSPV, y Transición Ecológica y Economía, por Compromís, estaban, en parte, detrás de los retrasos. Hasta el punto de que uno de los argumentos que se pusieron encima de la mesa para justificar el cese de Mireia Mollà como consellera de Transición Ecológica fueron estas dilaciones.

Llegados a este punto, y una vez el problema ha caído en manos del nuevo Gobierno, se están impulsando diferentes iniciativas para tratar de desbloquear la situación. Así, la Dirección General de Energía y colegios profesionales relacionados con el sector están estudiando un marco legal de colaboración, imitando al que ya está en marcha en la Conselleria de Medio Ambiente. De lo que se trata, según han explicado fuentes del departamento autonómico, es de empezar por trámites simples, para después ir abordando los de mayor complejidad. Uno en los que se cree que se podría empezar a actuar de manera inmediata es en el de garantías económicas, que en estos momentos tiene demoras de unos tres meses y se podrían rebajar a una semana. La idea es que los colegios actúen de filtro para evitar que se revisen expedientes que no pasan ni siquiera el primer corte y que contribuyen al atasco de las tramitaciones.

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La otra iniciativa en marcha es el lanzamiento de una plataforma digital. El secretario autonómico de Industria, Felipe Carrasco, ha señalado a este respecto que esta herramienta, accesible a través de internet, servirá para la presentación electrónica de documentos y el seguimiento de los expedientes. «La finalidad -subraya- es, además de evitar duplicidades, permitir que se pueda hacer un seguimiento de los proyectos, siempre con el objetivo de otorgar el impulso que actualmente necesitan con urgencia».

De igual forma, desde la comisión interdepartamental de energías renovables se va a revisar y simplificar el marco legal y normativo relacionado con las explotaciones fotovoltaicas para, según Carrasco, «eliminar redundancias y agilizar el proceso de aprobación». También, añade, se van a desarrollar procesos estandarizados para la tramitación de los propios expedientes, con la finalidad de facilitar la revisión y aprobación de proyectos similares. «Así, además de atraer inversión en este sector, se va a poder aumentar sustancialmente la necesaria generación de energía fotovoltaica en la Comunidad Valenciana», ha precisado. En la misma comisión, por otro lado, se ha hecho referencia a la necesidad de proporcionar una constante capacitación a los funcionarios encargados de la revisión de los expedientes, así como a la incorporación de mecanismos de participación ciudadana para abordar inquietudes locales.

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