El reglamento impide que el PP presente una moción en el pleno de la Diputación sobre la amnistía

El punto 2 del artículo 64 del reglamento orgánico de la Diputación de Alicante señala que «no cabe presentarse mociones o declaraciones institucionales sobre el mismo asunto, que hayan sido debatidas o sometidas a votación, hasta transcurridos nueve meses». Este es el motivo que ha provocado que el grupo popular en la institución provincial se haya visto obligado a retirar la moción que había registrado sobre la «defensa de la Constitución Española, la igualdad de los españoles y el respeto al Estado de Derecho y la Democracia», con la que pretendía que en el pleno ordinario de diciembre, que se celebrará el próximo lunes, tras los festivos de esta semana, se debatiera sobre la amnistía a los políticos independentistas catalanes y los pactos que han permitido la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. 

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La cuestión de la amnistía ya fue debatida en el pleno que se celebró en el Palacio Provincial a principios de octubre, por lo que, atendiendo al reglamento, habrá que esperar hasta mediados del próximo año 2024 para que este asunto pudiera ser tratado de nuevo. Las mociones que sí que se debatirán son las que presentan los grupos del PSPV-PSOE y Compromís, que tratan, respectivamente, sobre las ayudas administrativas a las entidades locales de municipios en riesgo de despoblación y sobre los problemas de ejecución del Plan Planifica. En este último caso, en el de la moción presentada por la coalición valencianista, cabe recordar que la ejecución presupuestaria de la Diputación al cierre del tercer trimestre se sitúa en torno al 33 %.

Repetición

La intención del grupo popular es que se repitiera un debate como el que se vivió en el pleno que tuvo lugar el pasado 3 de octubre, en el que los diputados del PP y el PSPV chocaron al debatir sobre la amnistía y los pactos con el independentismo, al margen de hacerlo también sobre el que ha sido uno de los grandes caballos de batalla en la Diputación durante los últimos años, el Fondo de Cooperación Municipal. En aquella ocasión también fue el grupo popular el que presentó una moción para que la institución provincial se manifestara en contra de «pagar el precio político que pide el independentismo», propuesta que contó con el voto favorable de Vox, pese a que el PP no incluyera las dos enmiendas que plantearon los ultras, y con la oposición del PSPV y Compromís. 

El hecho de llevar a los plenos de las diferentes administraciones locales la cuestión de la amnistía sigue las directrices nacionales impuestas por el PP. Prueba de ello son, por ejemplo, los debates que se han celebrado en los ayuntamientos de Alicante, Elche y València o en la Diputación de Castellón. La mayor parte de estas sesiones se han caracterizado por el tono bronco, como ocurrió en Elche, donde tanto el PP como Vox condenaron la amnistía y la compararon con una dictadura. El alcalde ilicitano, el popular Pablo Ruz, defendió que este debate tuviera lugar en el seno del Ayuntamiento por ser «parte del Estado». Cataluña también fue protagonista en el pleno que celebró el Ayuntamiento de Alicante la pasada semana, en el que los pactos de Pedro Sánchez con los partidos catalanes y la condonación de la deuda subrayaron la habitual división plenaria. 

Ante estas situaciones, el Síndic de Greuges, Ángel Luna, dio un tirón de orejas a las administraciones locales durante su intervención en el pasado Foro del Municipalismo, organizado por INFORMACIÓN, al denunciar el despilfarro de medios municipales para celebrar plenos sobre la amnistía. El defensor del pueblo autonómico considera que en estas sesiones se están abordando cuestiones de índole nacional que se salen de las competencias propias de los ayuntamientos. «Los políticos están instalados en la polarización y eso es grave. Alcaldes y concejales tienen que estar a otras cosas y no pueden despilfarrar los recursos que se han puesto en sus manos para solucionar los problemas de los vecinos», añadió el propio Luna.

Independientemente del tirón de orejas del Síndic de Greuges, el reglamento de la Diputación no permite que el grupo popular pueda cumplir con su deseo de debatir la próxima semana en la institución provincial sobre la amnistía. Los populares han tenido que dar marcha atrás a la moción que fue registrada por la vicepresidenta primera, Ana Serna, en la que se manifestaba la «repulsa» a la Ley de Amnistía.

Por su parte, la moción del PSPV planteará que la Diputación ponga a disposición de los municipios, sobre todo de los de menor población, las herramientas para cubrir los servicios necesarios. Por último, la propuesta de Compromís pretende que la institución provincial se comprometa a a crear una partida económica para la contratación de personal con el que mejorar la ejecución.