La dirección de Vox lanza un pulso territorial al PP sobre inmigración

Vox amenazó ayer con impedir el traslado de migrantes en situación irregular desde Canarias a las comunidades autónomas donde gobierna en coalición con el PP, como la Comunidad Valenciana. El Gobierno quiere regular estas reasignaciones a través de una modificación en la ley de Extranjería que ya negocia con los territorios, una iniciativa que el partido de Santiago Abascal quiere torpedear con este órdago, pese a que las competencias en esta materia son del Estado.

Desde el Ejecutivo valenciano no quisieron opinar sobre el desafío de la cúpula de Vox, ni desde la Conselleria de Servicios Sociales de la vicepresidenta segunda, Susana Camarero (PP), ni desde la del vicepresidente primero, Vicente Barrera (Vox). Desde la parte popular se limitaron a señalar que el responsable de la gestión de las personas migrantes es el Gobierno. Solo cuando son menores pasan a estar bajo la tutela de la Generalitat.

El nuevo portavoz de Vox, José Antonio Fúster, que se estrenó ayer en el cargo en sustitución de Ignacio Garriga, posible candidato del partido a las elecciones de Cataluña, arremetió contra esa reforma. Según dijo, busca «exportar cierta parte o la gran parte de la inmigración ilegal a otras autonomía». En su lugar, apostó por que «todo el que entre de forma ilegal» sea «expulsado de inmediato». Según Fúster, no se puede caer en el «falso buenismo» y así se lo trasladarán al PP en las autonomías donde gobiernan juntos (Aragón, Castilla y León, Extremadura y Murcia, además de en el Consell) y se mostró seguro de que llegarán «al mejor acuerdo posible» con sus socios.

¿Barrera se suma al plan?

Desde el Consell ni confirman ni desmienten que se haya transmitido el mensaje de la dirección de Vox. En todo caso, parece evidente que la formación está cocinando una ofensiva territorial sobre migración, uno de los ejes de su discurso, con la que presionar al PP a las puertas de un nuevo ciclo electoral. La pasada semana, el vicepresidente primero de Aragón, Alejandro Nolasco, ya abogó por parar la concesión de la nacionalidad española a personas procedentes de países islámicos mientras rompía públicamente un folleto sobre el ramadán.

El propio Barrera también ha dejado algunas declaraciones en este sentido en sus redes sociales. Sin ir más lejos, ayer dio voz a un mensaje de Vox en el País Vasco en el que habla de «invasión» de personas migrantes y critica que «no se integran, ni respetan nuestra cultura, ni quieren trabajo». Unos días antes y desde su despacho de la Generalitat, se grabó otro vídeo en el que vinculaba los 13 asesinatos perpetrados en la Comunidad Valenciana en febrero con la llegada de personas migrantes.

Control de edad en origen

Las proclamas de Vox coincidieron con la segunda Conferencia Sectorial sobre Inmigración de la legislatura entre el Gobierno y las comunidades autónomas, que tuvo lugar ayer. La Generalitat trasladó a Moncloa su voluntad de que los controles a las personas migrantes que se realizan para cribar entre mayores y menores de edad tengan lugar en origen y no una vez ya han sido reubicadas. El Ejecutivo valenciano también insistió en la urgencia de recibir una mayor financiación por parte del Estado para sufragar estos servicios.

El factor de la edad es clave en los procesos de acogida. En primer lugar, porque las competencias en inmigración son estatales salvo si se trata de menores, que en ese caso pasan a depender de la comunidad autónoma en cuestión.

Además, porque depara un tratamiento legal muy diferente: mientras a un adulto apenas se le debe facilitar un alojamiento durante seis meses, los menores pasan automáticamente a ser tutelados por la administración autonómica, que además de un techo debe proporcionarles unos mínimos básicos como el derecho a la educación o los papeles en regla al cumplir los 18 años.

La Generalitat ya alertó de esta problemática a finales de año, cuando en plena ola de llegadas de migrantes a Canarias se detectó la posible presencia de menores una vez habían sido ya reubicados en la Comunidad Valenciana.