Fiscalía no aprecia "conducta delictiva" en las compras de material sanitario del Botànic en la pandemia

La Fiscalía no ha apreciado conductas delictivas en los contratos de compra de material sanitario que reclamó a la Agencia Valenciana Antifraude para buscar posibles ilegalidades en las transacciones firmadas por el Botànic durante lo peor de la pandemia y en los que ha indagado durante años. Ahora esa documentación vuelve al órgano fiscalizador autonómico, que según adelantó ayer el director general de la entidad, Joan Llinares, está ultimando su análisis, en este caso en busca de «irregularidades administrativas».

Llinares, en la rueda de prensa posterior a la presentación de la Memoria de 2023 en las Cortes Valencianas, explicó ayer que Antifraude abrió de oficio una investigación en este sentido, pero que la tuvo que interrumpir «largo tiempo» porque Fiscalía «reclamó» toda la documentación y asumió las pesquisas.

Una primera parte de esos documentos fueron devueltos a la agencia valenciana tras no hallar el ministerio público conducta delictiva en las operaciones del Consell. Con esos datos, Antifraude sí elaboró un primer informe en el que, en verano de 2022, constató irregularidades como la firma de contratos con «empresas que no tenían preparación ni habilitación para contratar con la Administración» o «márgenes comerciales del 30 % no justificados».

Según expuso en su informe, se detectaron «déficits» en el cumplimiento del ordenamiento administrativo sobre contratación pública en contratos de la Conselleria de Sanidad, pero no «fraude o corrupción» en esas operaciones. En total, se indagaron once adjudicaciones de suministro de material sanitario entre marzo y junio de 2020 por valor de 18 millones de euros. Pese a no detectarse pruebas de delito, Antifraude recomendó a Sanidad revisar de oficio los contratos adjudicados a esas mercantiles que no acreditaron su capacidad y solvencia para ser adjudicatarias de la administración pública.

Ahora, al recibir la segunda remesa de investigaciones tras considerar la Fiscalía de nuevo que no hay conducta delictiva, Antifraude continuará indagando si se han producido irregularidades administrativas como las destapadas durante el año 2022. Según Llinares, el informe estará disponible «en poco tiempo».

Aumento de las investigaciones

Bajando a los números de la memoria entregada ayer, estos arrojan un aumento de las denuncias a las que ha tenido que hacer frente Antifraude durante 2023. La agencia investigó 556 denuncias el pasado año, un 22,73 % más que el ejercicio anterior, una de ellas por «trampas» de cinco policías locales de La Nucia que accedieron al cargo falsificando certificados de estudios. En total suponen un importe recuperable de 5,1 millones de euros.

Un 40 % de las denuncias presentadas se refiere a la gestión de recursos humanos, y dentro de ellas los procesos selectivos, y el 11 % corresponde a la contratación pública y el urbanismo, según el resumen ejecutivo de la memoria.

El importe total recuperable es de 5.145.193 euros y el coste real ejecutado de la Agencia fue de 3.818.569 euros (ratio de retorno del 134,74 %). En conjunto, desde el funcionamiento de Antifraude la cantidad recuperable sin contar activos reputacionales supone más de 34 millones.