Los protocolos contra el acoso laboral topan aún con el miedo de las víctimas a denunciar

Al recoger su premio a la mejor jugadora de la UEFA Aitana Bonmatí lo dijo alto y claro: “Como sociedad no debemos permitir que haya un abuso de poder en una relación laboral ni faltas de respeto. A todas las mujeres que sufren lo mismo que mi compañera Jenni Hermoso, estamos con vosotras”. Se trata de una muestra más de que el beso de Luis Rubiales a una de las ganadoras del mundial ha puesto sobre la mesa no solo que cualquier acto sexual no consentido es una agresión sexual, sino que en el ámbito laboral sigue muy presente el acoso machista, pese a que todas las empresas, de más de 50 trabajadores, deben disponer de protocolos antiacoso y esta materia debería formar parte de la prevención de riesgos laborales.

Sin embargo, gran parte de las empresas, sobre todo las más pequeñas, carecen de plan de igualdad, según denuncian por activa y pasiva los sindicatos. Y, de las que sí cumplen con el requisito legal, la mitad no han integrado en el mismo un protocolo específico contra el acoso sexual, según constató a principios de año la consultora y ETT Adecco, que analizó 300 planes de igualdad y unos 150 carecían de medidas para resolver internamente los casos de acoso, pese a ser una obligación legal.

Por tanto, prácticamente solo las grandes compañías, las empresas pequeñas pero preocupadas por la igualdad y los centros públicos tienen protocolos antiacoso sexual. “No es un problema de la ley, la ley es excelente, el problema es que las empresas tienen que cumplirla”, concluye Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT.

El miedo

Además, por muchos protocolos que existan, las víctimas siguen teniendo miedo a denunciar y que esto implique “el despido, que no las crean y se vuelva contra ellas y les afecte profesionalmente, o las cambien de destino”, añade Antoñanzas. Son pocas las que denuncian dentro de sus propias empresas, poniendo el caso en conocimiento de Recursos Humanos o de alguno de sus superiores. Y menos aún son las víctimas que dan el paso de presentar una denuncia por la vía penal.

Pese a ser un fenómeno extendido, no existen datos que permitan conocer su dimensión, solo estudios demoscópicos, como la macroencuesta sobre violencia contra la mujer de 2021, que indica que el 40% de las españolas ha sufrido acoso sexual y, de ellas, una de cada cinco en el ámbito laboral. Y un estudio europeo realizado con 70.000 entrevistas en 36 países constata que las mujeres sufren tres veces más acoso sexual laboral que los hombres y los profesionales de la salud, los comerciales y los empleados de atención al cliente son los sectores con más casos.

El 40% de las españolas ha sufrido acoso sexual, una de cada cinco en el entorno laboral y los sectores con más casos son el sanitario, el de los comerciales y los empleados de atención al cliente

El problema, como sucede con otras violencias machistas, es que en muchos casos las víctimas carecen de pruebas y si hay compañeros que han sido testigos de las insinuaciones de carácter sexistas, humillaciones o tocamientos, pocos se atreven a testificar en contra de su jefe o de un compañero, subraya Joana Badia Rion, abogada laboralista del Colectivo Ronda.

"Las empresas deberían investigar de oficio si tienen conocimiento de algún caso, aunque la víctima no quiera iniciar el proceso"

Joana Badia

Otro de las piedras en el camino es que “a veces los protocolos empresariales trasladan a la víctima la responsabilidad de denunciar, cuando las empresas deberían investigar de oficio”, si tienen conocimiento de algún caso, aunque la víctima no quiera iniciar el proceso por miedo u otros motivos, según Badia.

Falta de formación

Y, en el ámbito penal, “el problema es que hay jueces que piden cierta reiteración o gravedad en el acoso” para condenar al acusado, cuando la jurisprudencia del Supremo “señala que no hace falta que haya repetición, con una sola actitud de acoso, basta para ser considerado delito”.

Ante esta situación, muchas víctimas, para dejar de sufrir las vejaciones sexistas, piden la baja y si el acoso se alarga en su reincorporación, generalmente acuden a la jurisdicción social “para poder salir de la empresa con una indemnización, porque les da igual qué les pase al acosador, lo que quieren es dejar la empresa”.

De hecho, la evidencia científica señala que el acoso laboral y sexual repercute en la salud mental, provoca estrés, insomnio, ansiedad, agotamiento y conlleva riesgo de depresión.